Latinoamérica

Uruguay: La confrontación entre utopía y realidad (Congreso del Frente Amplio)

Autor: Guillermo Waksman

Fecha: 26/12/2003

Fuente: Brecha

Fue una instancia impregnada por "el olor del queso", para utilizar la metáfora del general Liber Seregni sobre la proximidad del gobierno. La consigna implícita era "no hacer olas": había que eludir detalles de las propuestas, y el debate de ciertos temas, para no abrir flancos a la derecha en la campaña electoral. La consigna se cumplió, aunque quizá sea insuficiente para impedir una campaña de rompe y raja.


En Brasil, a punto de cumplir su primer año como presidente, Lula acababa de reconocer que el contacto con el gobierno le había hecho perder muchos de sus sueños. En Uruguay, el Frente Amplio (FA) parece haber adelantado, con espíritu preventivo, esa pulseada entre la dura realidad y los sueños de toda la vida. El domingo 21 Tabaré Vázquez lo planteó de este modo: "Tenemos que desperezar la utopía. Tenemos que recrear la ilusión. Tenemos que construir el futuro desde la incomodidad de nuestro propio tiempo. Hay que recrear la ilusión, pero también hay que tener sentido de la realidad". La advertencia, formulada con tanto lirismo, puede llevar a pensar, parafraseando a Gabriel Celaya, que la política es un arma cargada de poesía. Pero enseguida bajó a la tierra y agregó: "Aspirar a lo imposible es tan irresponsable y reaccionario como resignarse a lo que hay", como si buscara marcar distancia con el sesentismo al que colorados y blancos asocian con la izquierda cuando la acusan de anacrónica o regresiva. Nadie vaya a pensar que en el Uruguay del siglo XXI el FA pintaría en las paredes aquella consigna de "Seamos realistas: pidamos lo imposible". Por su parte, el senador Eleuterio Fernández Huidobro ese mismo día fue más lejos: "Este es el congreso de la victoria y a todo se puede renunciar menos a la victoria". Quizá estas sentencias sinteticen la línea que predominó en el IV Congreso Extraordinario del FA.

Había mucho temor en los principales dirigentes de la coalición de que la ley de caducidad se convirtiera, el año próximo, en lo que fue el impuesto a la renta hace cinco años. En 1971, aunque no figuraban en el plan de gobierno, los fantasmas eran los tanques rusos que invadirían Uruguay y los niños que serían llevados a Cuba.

Los congresos siempre son difíciles, había advertido Vázquez en su audición semanal de CX 36 el miércoles 19. Y sin duda lo son. Se trata de la única instancia de decisión del FA en que "el movimiento" tiene mucho más incidencia que "la coalición" y donde la mayoría de los oradores no son dirigentes sino militantes. En la sesión plenaria del domingo, además de los candidatos proclamados y del general Liber Seregni, hablaron poco más de una docena de dirigentes de primera línea de los principales sectores frenteamplistas y hubo varios -como los senadores José Mujica, Danilo Astori y Enrique Rubio- que se abstuvieron de intervenir. Los congresos, en la orgánica frenteamplista, son la hora de las bases y éstas, naturalmente, tienen un pensamiento más radical, menos contenido que el de las cúpulas. De todos modos, si bien los delegados de los comités y coordinadoras actúan con mandato, nunca dejan de mirar la posición de sus referentes partidarios ante cada tema. Sobre todo en casos como el de este congreso, para el cual hubo poco tiempo de preparación: un planteo recurrente de los comités es que no pudieron discutir a fondo los documentos porque estaban dedicados de lleno a la campaña por el referendo sobre ANCAP. Hubo también quien dijo que el documento sobre Defensa, que habría sido adoptado en agosto, nunca fue "bajado" a discusión en los comités y permanece "secreto".

Los congresos son, además, inevitablemente maratónicos. El tiempo jamás alcanza para tratar todos los temas y la oratoria apenas permite fijar las posiciones y esbozar el argumento central de cada fundamentación. Se corre también el riesgo de que el congreso quede sin quórum, como ocurrió a las 8 y 20 de la noche, cuando se acababa de aprobar -sólo en general- el documento sobre las relaciones entre el gobierno progresista, la fuerza política y el movimiento sindical, y todavía faltaba considerar el de transparencia y la declaración final. Hubo unos cuantos congresales que sostuvieron que se venía funcionando sin quórum, en realidad, desde hacía ya un rato, cuando recién había comenzado el debate sobre el último documento discutido.

El reglamento prevé, además, que las resoluciones se adopten por dos tercios de votos. Eso lleva a que los congresales aspiren, en primer lugar, a lograr el triunfo de sus posiciones, un objetivo que requiere el 67 por ciento de los votos. Pero si eso no es posible, por lo menos tratan de bloquear la posición contraria, para lo cual basta el 34 por ciento. Hay, entonces, una amplia zona de empate -ubicada entre el tercio y los dos tercios- donde fueron a parar algunos de los puntos del orden del día más importantes de este congreso.*

La relación de fuerzas que surge de los resultados electorales, así como la integración de los otros órganos de decisión del FA -Plenario Nacional y Mesa Política- es muy diferente a la que existe en los congresos. En este último hubo un oficialismo que se alineó, en general, en torno a la mayor parte de los delegados identificados con el MPP y el PS (las dos organizaciones mayoritarias del FA), la VA, AU y Confa y que reunió entre el 55 y el 60 por ciento de los votos. En la mayoría de los puntos discutidos, la posición alternativa estuvo respaldada por el PCU, el 26 de Marzo, el PVP y la CI. Pero este mapa estuvo lejos de mantenerse a lo largo de todo el congreso: el caso más notorio fue el examen del tema educación, en el cual tanto el PCU como el MPP cambiaron de bando (véase nota de Mario H Peralta, "Todo pronto para octubre").

El conocimiento en detalle de las particularidades del funcionamiento permite a los congresales obtener algunas ventajas, como ocurre en el Parlamento con los legisladores que conocen al dedillo el reglamento. Eso facilita la aprobación de determinada resolución, la postergación de alguna medida que no se desea y, también, la apertura de un espacio mayor de negociación cuando la falta de acuerdo amenaza con llegar a situaciones ríspidas. Según algunas fuentes consultadas por BRECHA esto último habría sucedido con el reglamento de ética para los funcionarios frenteamplistas y, en particular, con la iniciativa del MPP de establecer topes a sus remuneraciones.

Pero más allá de las limitaciones de estas instancias de resolución, es cierto que -como no se cansan de repetir sus dirigentes- el FA es la única fuerza que define su programa y sus principales líneas de acción en un ámbito de tanta representación, que incluyó el trabajo en comisiones durante todo el sábado, con la asistencia de más de cien participantes, y la participación de más de 2.200 congresales en la sesión plenaria del domingo. Debe reconocerse también que, más allá de algunos momentos de tensión -como el conato de trompadas cuando se discutió el tema educación o el corte de micrófono a Hugo Cores-, las más de diez horas de discusión se desarrollaron en un clima pacífico, a pesar de la angustia que a todos provocaba el trámite, inevitablemente lento, de las deliberaciones.

El Partido Nacional, que en los tiempos de la reapertura institucional convocaba asiduamente a su convención, ahora sólo lo hace cada muerte de un obispo, mientras que el Partido Colorado de hecho las abandonó a fines del primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Los blancos adoptan sus decisiones semana a semana, en un directorio de 15 miembros y el órgano de conducción de los colorados es el Comité Ejecutivo Nacional, que tiene más presencia por las apariciones públicas de su presidente, José Luis Batlle, que por las reuniones que celebra muy de tanto en tanto.

LA FÓRMULA VÁZQUEZ-NIN-SEREGNI. A mediodía, a las doce en punto, todo el mundo se puso de pie, estalló un estruendoso y prolongado aplauso y los camarógafos y fotógrafos corrieron hacia la puerta de la calle Galicia. Estaba entrando al Palacio Gastón Güelfi el general Liber Seregni, quien nueve días antes, cuando celebró sus 87 años, había anunciado su retiro de la vida pública y su renuncia a la presidencia del Centro de Estudios 1815, al cual había dedicado sus energías desde febrero de 1996, cuando renunció a la presidencia del FA. Fue un acto de unánime reconocimiento a su trayectoria y de reconciliación con muchos frenteamplistas que se habían sentido alejados del histórico conductor del FA, por las discrepancias con las posiciones oficiales que ha expresado en los últimos tiempos. En un breve mensaje al Congreso, Seregni rindió su homenaje a los precursores del FA, celebró que la izquierda se encontrara por fin a las puertas del gobierno y no ocultó su satisfacción por que la izquierda tuviera ya "el piloto y el copiloto que van a llevar a la nave del Uruguay a vivir y procesar los cambios que se precisan". Con esta última afirmación Seregni pareció marcar distancia con la eventual postulación del senador Danilo Astori en las internas de junio, que Asamblea Uruguay anunció resolvería en marzo próximo. Seregni siempre había dado señales inequívocas sobre su sintonía con el pensamiento de Astori, y no había ocultado su respaldo personal a su candidatura presidencial.

La tercera proclamación de Vázquez como candidato a la Presidencia, aprobada por aclamación en el Plenario de octubre, fue formalmente presentada por Jorge Brovetto, vicepresidente de la coalición de izquierda, y aprobada casi por unanimidad (apenas tuvo tres votos en contra y dos abstenciones en unos 1.400 presentes). La candidatura a vice de Rodolfo Nin, también proclamado por tercera vez en la fórmula presidencial del EP-FA, fue presentada por Reinaldo Gargano, presidente del PS y primer senador de la lista más votada en 1999, y recibió además el respaldo de una carta firmada por todos los sectores no frenteamplistas del EP. Sin embargo, tropezó con un par de dificultades. Juan Fernández, dirigente de la CI, reclamó fundamentar en contra de la propuesta y, aunque debió incluso forcejear para llegar hasta el micrófono, planteó que, si bien no tenía objeción personal alguna sobre Nin, entendía que el candidato a vice debía ser un frenteamplista, para tener mayores garantías. La iniciativa de la CI recibió el rechazo casi unánime del Congreso y la candidatura de Nin se aprobó con sólo seis votos en contra y 25 abstenciones. El segundo incidente tuvo mayor entidad. Hugo Cores, presidente del PVP y miembro de la Mesa del Congreso, pidió la palabra. Fue interrumpido antes de que vencieran los cinco minutos de que disponía cada orador, y como siguió desarrollando su planteo, se le cortó el micrófono, de modo que siguió hablando y gesticulando sin que se le escuchara una palabra. Cores dijo después a BRECHA que la iniciativa que no logró formular no cuestionaba la postulación de Nin Novoa a la vicepresidencia, sino que le exhortaba a que, como es tradición para los candidatos comunes del FA, no se postulara además en ninguna lista al Parlamento o que, en todo caso, fuera el primer candidato de todas las listas, como ocurrió con Astori en 1989. El fundamento de esta tradición es que el sector de origen de los candidatos comunes no se vea favorecido por esa circunstancia frente a los demás. El planteo no fue sometido a votación, ni era ése el propósito del dirigente del PVP, que sólo se proponía dejar constancia de esa exhortación. Pero lo que llamó la atención fue el abrupto procedimiento usado para interrumpir la intervención. No obstante, Brovetto señaló a BRECHA que en realidad el reglamento no permite ese tipo de planteos, el cual debió hacerse ante la Comisión de Iniciativas y Propuestas, que lo elevaría al Plenario en caso de ser aprobado. Agregó que ante la insistencia de Cores igualmente le permitió hablar, pero concediéndole tres minutos -en lugar de los cinco habituales- y que la interrupción de su discurso se debió a una instrucción de carácter general impartida al comienzo de la reunión a los encargados del equipo de audio de cortar el micrófono a todo orador que fuera advertido en tres oportunidades por la Mesa de que su tiempo se había agotado, lo cual -dijo- ocurrió únicamente en esta ocasión durante todo el plenario.

DEROGAR O NO LA LEY DE CADUCIDAD. El lunes 22 el título principal del diario El País fue: "Frente Amplio anunció que respetará ley de caducidad". Es verdad, pero en realidad eso nunca estuvo en cuestión: nadie, dentro del FA, ha planteado, ni antes del Congreso ni durante el mismo, que esa ley no se cumpla. Mientras siga vigente, claro. Lo que está en discusión es si esa ley debe ser derogada o no.

Lo que produjo la confusión fue el debate que se generó a partir de una propuesta presentada por Raúl Olivera, en nombre del PVP, el sábado 20 en una de las comisiones del Congreso, encaminada a incluir un nuevo párrafo en el capítulo sobre democratización de la sociedad y el Estado del documento sobre "Grandes lineamientos programáticos". El texto era el siguiente: "El gobierno progresista reafirma la posición clara de que las normas de los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, anulando las normas que los contradigan, sobre las cuales existen fundados cuestionamientos de los organismos internacionales de derechos humanos. Mientras esto no se haya producido debe quedar claro que no se obstaculizará de ninguna forma la acción del Poder Judicial, como han hecho los últimos gobiernos de los partidos tradicionales, sino que por el contrario se asegurarán todas sus potestades constitucionales".

En la comisión, el senador Eleuterio Fernández Huidobro (MPP) y el diputado José Bayardi (VA) propusieron que se suprimiera el final de la segunda cláusula ("anulando las normas que los contradigan, sobre las cuales existen fundados cuestionamientos de los organismos internacionales de derechos humanos"). En la comisión se aprobó, apenas por dos votos de diferencia, la propuesta original. En realidad, si bien ninguna de las dos formulaciones mencionaba expresamente a la ley de caducidad, en la primera se decía directamente que se anularían las normas contradictorias con los tratados internacionales, lo que obviamente la incluye. De todos modos, una precisión como ésa, según los expertos en derecho internacional, no es necesaria, puesto que el respeto de los tratados obliga a los estados a suprimir las normas de la legislación interna que los contradicen.

En la sesión plenaria del Congreso, Cores fundamentó a favor de la formulación del PVP, y Fernández Huidobro defendió la que había presentado junto con Bayardi. Cores sostuvo que la ley de caducidad no había cumplido el papel que en su momento le atribuyeron quienes la defendieron, dijo que un gobierno del FA no podía permitir que Uruguay siguiera siendo considerado, fuera de fronteras, un paraíso de la impunidad, y recordó que el FA siempre había distinguido a los militares que actuaban al margen de la Constitución de los militares demócratas, como Seregni y Víctor Licandro. Fernández Huidobro, por su parte, planteó que no se debía permitir que se desenfocara el centro de la campaña electoral; recordó que cuando el pueblo uruguayo se pronunció en el referendo de 1989, el FA se comprometió a respetar su veredicto y que esa posición debe ser mantenida. Agregó que, por razones tácticas, no se debía enviar una señal que pudiera poner al país al borde una crisis institucional. Sometidas a votación ambas mociones, la del MPP y la VA reunió 746 votos contra 569 de la del PVP, pero ninguna obtuvo la mayoría de dos tercios requerida, por lo que ambas fueron rechazadas. Inmediatamente Cores solicitó que fuera nuevamente sometida a votación la que había obtenido más votos, y el Congreso, esta vez prácticamente por unanimidad, aprobó la que impulsaban el MPP y la VA. Si bien le parecía mejor la de su partido, Cores dijo a BRECHA que era preferible agregar el otro texto, que después de todo decía lo mismo, aunque fuese menos específico.

Unas horas después el Congreso aprobó la resolución sobre los casos de Elena Quinteros y de la nuera de Gelman, en la cual se rechazan las conductas del ministro Yamandú Fau y del asesor presidencial Carlos Ramela. Ese texto VA en la misma dirección de búsqueda de verdad y justicia con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

También en el "documento de respaldo" a los "Grandes lineamientos programáticos" hay definiciones como ésta: "la impunidad constituye un verdadero obstáculo a la normalidad democrática para poder superar traumas de un pasado reciente". Unas pocas líneas más adelante se sostiene: "Lo opuesto a la impunidad es el funcionamiento de la justicia, que coloca a cada quien ante la responsabilidad por sus actos, aporta tranquilidad a la sociedad y constituye un eficaz disuasivo para futuras conductas de violaciones de derechos humanos. Resulta fundamental establecer la verdad y hacer actuar a la justicia. Verdad y justicia no son valores intercambiables; no es posible renunciar a la justicia bajo ofrecimiento de algo de verdad". En el mismo documento se prevé que se seguirán las conclusiones y recomendaciones efectuadas, entre otros organismos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), el Comité contra la Tortura (ONU) y el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU). Esas recomendaciones incluyen, en el caso de Uruguay, la de suprimir la ley de caducidad.

Por su parte, Tabaré Vázquez, en el discurso de inauguración del Congreso, el viernes 19, había dicho: "Sin justicia no hay dignidad; sin dignidad no hay paz (puede haber silencio, pero no hay paz), y sin paz cualquier vía al progreso no pasa de ser vía muerta. En la historia de los pueblos no hay atajos. Verdad y justicia para una paz duradera y para todos. Verdad y justicia en el marco de la Constitución y la ley".

En todo caso, la discusión está instalada. El Congreso no se pronunció explícitamente por la derogación de la ley de caducidad, pero tampoco aprobó mantenerla por los siglos de los siglos. Reiteró, eso sí, que seguirá luchando por verdad y por justicia. Los caminos que se recorrerán para llegar a esos objetivos no están definidos de antemano. De todas maneras el tema de la impunidad será utilizado por los adversarios en la campaña electoral. A modo de adelanto, el senador forista Ruben Correa Freitas ya adelantó el miércoles 24, en Radio Carve, que, sea por la vía de la derogación de la ley de caducidad o de su aplicación con criterios distintos a los empleados hasta ahora, se alterará el equilibrio institucional logrado primero en el Club Naval y plasmado después en la ley de caducidad y las otras amnistías.





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* Cuando no llega a aprobarse un asunto ya resuelto en congresos anteriores, queda vigente esa decisión. Cuando se trata de temas nuevos pasa a otros organismos. La declaración final fue aprobada por la Mesa Política el lunes 22; el documento sobre ética y la propuesta de topear los sueldos de los funcionarios serán tratados por el Plenario Nacional.