Izquierda Marxista

Lula, seis meses después

Autor: Democracia Socialista

Fecha: 26/7/2003

Traductor: Miguel Romero, Viento Sur

Fuente: Em Tempo

La lucha para que el programa definido por el PT y los demás partidos de izquierda antes de las elecciones guíe los afanes de cambio dirigidos por el gobierno Lula, es una referencia central para la evaluación del período inicial de gobierno. Desde ese punto de vista, no basta con considerar crítica y razonablemente, pero de forma aislada, las iniciativas del gobierno; es necesario considerar también cómo se sitúa ante ellas el PT y los movimientos sociales que fueron la base fundamental para la victoria de Lula y cómo se insertan en la dinámica de conflictos políticos y sociales desencadenada por la conquista del gobierno central por el PT.

Los primeros choques en el PT
Los días 15 y 16 de marzo, en la única reunión de la Dirección Nacional (DN) tras de la toma de posesión de Lula, se produjo el primer gran debate sobre el rumbo del gobierno, centrado en su política económica.
La mayoría de la Dirección consideró positiva en líneas generales la andadura inicial del gobierno (la resolución aprobada está disponible en www.pt.org.br), destacando especialmente el acierto de la política exterior y de la reforma agraria. Esta valoración fue anterior al ataque de los EE UU contra Irak y, ciertamente, la posición asumida por el gobierno brasileño contra la guerra, refuerza la evaluación positiva de la política exterior.
También va en ese sentido la actitud hacia el ALCA, que está fortaleciendo una alternativa para América Latina. Y respecto a la política agraria, hay que destacar el avance en una relación constructiva con los movimientos sociales, en especial con el MST, así como la puesta en marcha de una liberación de los asentamientos realizados en la época del gobierno Cardoso, con el fin de asegurar los derechos de ciudadanía y la superación de su desorganización productiva.
Pero en lo que se refiere a la política económica, que es la principal polémica en el partido desde las primeras medidas del gobierno, la mayoría de la DN intentó justificarla en función de la situación heredada y afirmando que la política inicial sólo sería válida para un período de transición, una primera etapa de gobierno. Pero obviamente, no podía quedar claro ni en el texto aprobado ni en el debate, cómo una política que continúa la anterior en sus aspectos básicos (y que en el aspecto fiscal, incluso la radicaliza) permitiría una transición hacia otra política económica. En este debate, nuestra corriente presentó una visión alternativa de conjunto, titulada “Outro Modelo Econômico é Possivel” /1.
Desde el punto de vista de la mayoría, la transición aparece como un período de mejora de la situación económica, utilizando la misma política del gobierno anterior; una vez obtenida esta mejoría, se darían las condiciones para pasar a otra forma de dirección económica. Pero, ¿cómo se daría ese paso? ¿Cómo un reforzamiento de los compromisos con la política económica neoliberal puede permitir sus substitución por otra? Para profundizar el debate, se decidió realizar un seminario de la DN sobre política económica y desarrollo, previsto para julio. En relación con las reformas del nuevo gobierno, la resolución aprobada por la DN se remite al programa de gobierno para defender que sean desarrolladas simultáneamente cinco grandes iniciativas: reforma política, reforma agraria, reforma laboral, reforma tributaria y reforma de las pensiones. En relación a ésta, además de reafirmar los términos del programa, se añadió la posición del partido favorable a que los jubilados queden exentos de cualquier tipo de contribución al nuevo sistema. También se aprobó la realización de un seminario sobre la reforma de las pensiones.

El dilema político del gobierno
La carta dirigida al FMI en nombre del gobierno brasileño –publicada el 18 de marzo, inmediatamente después de la reunión de la DN, aunque había sido firmada el 28 de febrero– afirma, entre otros aspectos problemáticos, el compromiso de aprobar el polémico PL-9 (sobre el tope de pensiones y la jubilación complementaria de los funcionarios públicos), privatizar antiguos bancos estatales que fueron federalizados y utilizar la enmienda constitucional que fragmenta la reglamentación del sistema financiero, para hacer efectiva la autonomía operativa del Banco Central (la carta está disponible en www.fazenda.gov.br).
En todos estos puntos, la posición del gobierno no está apoyada por el PT. Particularmente, en relación al Banco Central, la posición del grupo parlamentario del PT va en dirección contraria. Por medio de manifiestos, 55 diputados (del total de 93) afirmaron su oposición a la autonomía del Banco Central y el apoyo a su subordinación a la coordinación gubernamental y al programa electoral. La posición comunicada al FMI fue apoyada por el grupo parlamentario del PSDB [nota: el PSDB es el partido del ex-presidente Cardoso]. Éste es el dilema político que está sobre la mesa: en la medida en que las posiciones centrales del gobierno se deslizan hacia la profundización de la política neoliberal, como es el caso en la autonomía del Banco Central (que, recordemos, no consiguió establecer el gobierno Cardoso), la fuerza política que apoya y se identifica con esta línea es precisamente el PSDB y otros sectores liberales. Y la fuerza que se opone, aunque de forma limitada, es el PT. En realidad, este dilema es el reverso político del continuismo observado en la política económica. Ambos forman lo que podemos considerar el principal problema del gobierno, que condensa los antagonismos programáticos y de intereses económicos que convergen en su interior.
Este dilema político se está evidenciando con la presentación de las propuestas de reformas fiscal y de las pensiones. Estas propuestas están siendo sometidas a un examen detenido y, lo que es más importante, se están planteando contribuciones alternativas a partir del debate de PT y de los partidos de izquierda, en relación con la elaboración y la movilización de los movimientos sociales. Éste es un camino fundamental para que estas iniciativas del gobierno puedan ser cambiadas y reorientadas de modo que contengan reformas democráticas y populares.

Transición al revés
El 10 de abril, el Ministerio de Hacienda divulgó un amplio documento (disponible en la web del Ministerio) con las directrices que orientan la política económica. Es importante discutirlo, incluso en lo que no es explícito: por ejemplo, el documento no trata de la inflación, tema considerado prioritario por el propio equipo económico. Para lo que tratamos en este artículo, hay que constatar que el documento inutiliza el concepto de transición utilizado por la DN (política para una etapa inicial de gobierno), así como el que fue definido en el Programa de Gobierno, según el cual la transición contendría ya elementos de una nueva política económica.
La “transición al revés” propuesta por el documento entre ciclos históricos del capitalismo brasileño, significa la permanencia de los actuales parámetros de política económica, que deben durar todo el mandato; en realidad, se proyecta su continuidad para un nuevo mandato presidencial. No se trata de una transición para otro modelo, sino de una profundización e intento de consolidación precisamente de aquellas directrices consideradas por la DN como provisionales y que deberían ser superadas para, a continuación, establecer una política de crecimiento y de distribución de la renta.
El documento del Ministerio de Hacienda intenta fundar otro programa de gobierno. Está basado en la ideología de que sólo el mercado promueve el desarrollo, la distribución de la renta y el bienestar social. Basta con que el poder público no lo perturbe. Una de las críticas importantes a este manifiesto liberal, más allá del debate partidario, fue desarrollada por la edición en mayo del boletín electrónico de la Fundación Perseu Abramo y de la Secretaría de Formación Política, órganos de formación política del PT (disponible en www.perseuabramo.org.br/periscopio/052003/sumario25.htm). Economistas ligados al PT vienen manifestándose también en un tono creciente y convergente de crítica al rumbo liberal de la política económica.

Momento de debate y de construcción de posiciones en el PT
El PT tiene una abundante agenda de debates para el próximo período; es necesario reforzarla y trabajar para que el proceso partidario sea capaz de formular posiciones y de sustentarlas en las batallas políticas e ideológicas que tenemos por delante. Ésta es una de las condiciones fundamentales para que las concepciones programáticas construidas durante largo tiempo por el partido puedan prevalecer en la orientación del gobierno. Una vez que ha pasado lo que podríamos llamar la etapa inaugural del gobierno, el partido debe volcarse sobre la realidad de la lucha política en el gobierno y en la sociedad. No hay automatismo entre ser el principal partido del gobierno y la dirección programática de las acciones del conjunto del gobierno. La relación de éste con la sociedad, es decir con la lucha de clases, se da a partir de la derrota de proyecto que hasta entonces expresó los intereses dominantes, pero sobre la base de un programa de cambios junto a una serie de compromisos ambiguos de continuidad del proyecto derrotado. En consecuencia, se abre un proceso de luchas sobre las orientaciones del gobierno.
El PT, en su amplio universo, viene intentado afirmar un doble movimiento: un papel de defensa del gobierno y, al mismo tiempo, de autonomía para construir posiciones e intervenir en la dinámica política. El partido afirma en sus resoluciones que no pretende ser una correa de transmisión del gobierno. Pero, dado el curso que sigue el gobierno, esta orientación lleva al interior del PT innumerables conflictos, diferenciaciones y dislocamientos. En uno de los principales puntos de tensión que hemos vivido hasta ahora, la votación de la regulación del sistema financiero, el partido expresó autónomamente una posición diferente a la del gobierno –la crítica al empeño oficial en ceder más espacio a los intereses financieros en el control del Banco central– y consiguió subordinar el desarrollo de esta cuestión a un amplio debate partidario en profundidad. Por otro lado, las amenazas de sanción contra nuestra compañera Heloisa Helena van en sentido contrario; el mismo que se manifiesta, por otra parte, en las orientaciones de los dirigentes sobre un encuadramiento partidario automático de las políticas del gobierno. Estos procesos están siendo contrarrestados por las iniciativas que tomamos dentro del PT, por la posición adoptada por sectores importantes del grupo parlamentario: además de la ya citada posición sobre el Banco Central, la mayoría del grupo del Senado (9 sobre 14 senadores) se solidarizó con Heloisa, y lo mismo ocurrió con prácticamente la mitad de los diputados federales; casi treinta de ellos lanzaron recientemente un nuevo manifiesto contra la política económica liberal. En estos tiempos de manifiestos, más de un centenar de economistas próximos al PT reclaman una nueva política económica y denuncian la capitulación que está en curso ante los dictámenes del mercado.
Obviamente, el debate sobre las reformas fiscales (en este caso, por lo que falta en ellas, por sus límites) y sobre todo las reformas de las pensiones (por su marcado sesgo fiscal, por la reducción de derechos y por las consecuencias en las universidades y, en general, en el propio servicio público) refuerzan la necesidad de autonomía para expresar las posiciones del partido respecto al gobierno. Es importante constatar que los términos de la reforma de las pensiones fueron negociados con los gobernadores (en los que el PSDB es la fuerza hegemónica) antes de ser presentada al partido y a los movimientos sociales.
Por tanto no es sorprendente que las expresiones críticas más importantes a proyecto del gobierno vengan del interior del PT. Un seminario de la dirección del partido sobre el tema, que contó con la participación directa de cerca de mil personas e interactiva (vía internet) de más de 20.000, culminó este proceso partidario, que ahora continúa en los sectores parlamentarios interesados en iniciativas de cambios, que están fuertemente presionados, por un lado por la opinión crítica de amplios sectores del PT, de la universidad, de la CUT y de los movimientos sindicales de los funcionarios públicos y, del otro lado, por el gobierno.
En lo que se refiere a opciones a más largo plazo, como por ejemplo, las concepciones y los ejes de política económica, hay ya trabajos en marcha que deben ser reforzados para que el partido debata efectivamente y establezca posiciones para orientar al gobierno en otra dirección. Es fundamental que este proceso interactúe con otros partidos de izquierda y, sobre todo, con la movilización social.

La presencia de los movimientos sociales en la lucha política
Hasta hace poco, la presencia de los movimientos sociales en la movilización por la conquista de sus intereses no había logrado una dimensión política, ni un proceso de unificación. Parecía mantenerse en la expectativa de que la relación entre movimientos específicos y el gobierno sería suficiente para la consecución de políticas que privilegien los intereses populares. Eso puede haber sido eficaz para conquistar aspectos puntuales, pero para los cambios de mayor alcance y para la modificación de la estructura de poder y de la sociedad, no lo es.
Además, la lucha por la orientación del gobierno no puede hacerse sin una batalla rigurosa en la sociedad, sin una permanente politización de los propios movimientos sociales, sin amplias movilizaciones y sin que entren en colisión los intereses contradictorios de la sociedad. Una dinámica pasiva de los movimientos llevaría a un doble riesgo: retroceder en el nivel de conciencia sobre los propios intereses y pasar a asumir una absurda lógica de movimientos a remolque del gobierno; y, peor aún, ver a las clases dominantes, sobre todo a sus fracciones ligadas al capital financiero, articularse y actuar de una manera eficiente para condicionar los límites de cambio del gobierno. Pero este panorama ha sido alterado. Con la propuesta de reforma de las pensiones, los movimientos sociales han despertado.

La reforma de las pensiones y la CUT
La Central única de los Trabajadores clausuró su congreso los días 7 y 8 de junio afirmando su disposición a movilizar sus fuerzas para cambiar la propuesta de reforma de las pensiones. La inmensa mayoría de los militantes de la CUT están ligados al PT. La primera gran manifestación nacional bajo el gobierno Lula tuvo lugar el 11 de junio en Brasilia, con unas 40.000 personas venidas de todo el país. Hay programadas nuevas manifestaciones.
Su impacto político en la coyuntura es fundamental, ya que implica un cambio de actitud y de conciencia de amplios sectores de militantes petistas en los movimientos sociales. Implica también una confrontación pública de intereses sociales con profundas consecuencias sobre la dinámica de gobierno, del parlamento y del partido. Los debates críticos sobre las orientaciones del gobierno, centrados hasta ahora en los ámbitos partidarios, y sobre todo en el PT, ganan nuevas dimensiones. Podemos decir que está en marcha un cambio de coyuntura, dentro del nuevo período inaugurado por la derrota de Cardoso y la victoria de Lula.

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