Estrategia Internacional N° 13
Julio/Agosto - 1999

Fujimorato: ¿El principio del fin?
REPUDIO OBRERO Y POPULAR A FUJIMORI
 
Por Gustavo Dunga
 

“Las ollas están vacías señor presidente…”.
“Se han deshecho de nosotros, porque tenían que pagarnos seguro y otros beneficios, y ahora explotan a otros trabajadores que están por contrato”.
“Estamos cansados de tanta miseria. No hay trabajo. No hay estabilidad laboral. Y la plata no alcanza para nada. ¡Cómo no vamos a protestar, pues!”

Estos testimonios que recogió el diario La República de Lima reflejan el descontento creciente de los trabajadores ante el régimen de Fujimori. En Perú con el telón de fondo de la recesión económica (los índices de producción serían un 14% menos que en 1998), el 28 de abril se formalizó con éxito el Paro Cívico Nacional. Esta acción fue convocada por la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), también adhirieron partidos de oposición y organizaciones sociales. Las demandas de la central obrera eran contra el desempleo, por los derechos ciudadanos y contra el intento de reelección presidencial. Lo que hay que destacar fue el alto acatamiento obrero de la medida que da indicios de la lenta recuperación de la clase obrera, luego de las derrotas que sufriera a principios de la década, sobre las que se consolidó el fujimorato.
La huelga por su masividad y la magnitud de las movilizaciones hizo recordar a diversos medios de comunicación el histórico paro general de julio de 1977 que marcó el principio del fin de la dictadura del general Morales Bermúdez. Es decir que fue una clara muestra de la debilidad creciente del régimen cívico-militar de Fujimori.
En Lima, donde se desarrollaron los actos más importantes, las calles amanecieron con escaso tránsito y ocupadas por efectivos de la policía. El paro fue acatado por sectores de la educación, construcción civil, y en los municipios de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, entre otros, la población no sólo acató el paro sino que además se movilizó.
En Ica, Piura y Huancayo miles de afiliados de la CGTP, maestros, mineros, amas de casa desfilaron en las calles de estas ciudades. Siendo en esta última la movilización más importante en 20 años. En Loreto, algunas localidades amanecieron militarizadas, sin embargo esto no fue impedimento para que más de 30 mil marcharan en Iquitos. En Arequipa se realizó un multitudinario acto y en Pucallpa a pesar de estar bajo “estado de emergencia” los manifestantes, desafiaron a la Marina de Guerra, y expresaron su rechazo al gobierno. En la evaluación por sectores la CGTP destaca: “ que haya parado totalmente la gran minería como Centromin Perú, Cuajone, Tintaya, Shougang, Hierro Perú, Doe Run, así como la mediana minería. Además construcción civil 100%, SUTEP (educación 98%), salud 80%, telefónicos 80%, portuarios 80%, mercados 70%, trabajadores manuales de mercados 80%, choferes a nivel nacional 80%, gráficos 90%, campesinado 95%, pesqueros 85%. Las universidades y el sector educación han parado totalmente. También acataron la medida los trabajadores camaleros, de Colchones Paraíso, clínicas, comedores populares y autogestionarios, comités del vaso de leche, clubes de madres, casas de refugio, mujeres ciudadanas, y estudiantes universitarios y de institutos superiores”.1
Estos datos dan cuenta que esta acción no fue por reivindicaciones económicas, sino que tuvo un carácter estrictamente político y constituyó un golpe al régimen. La amplitud de la demostración rebasó a los sectores sindicalizados y organizados ya que expresó un amplio repudio obrero y popular.

Veinte años de lucha obrera y popular. Antecedentes del Fujimorato

Una breve recorrida por los hitos más importantes de la lucha de clases en Perú, puede ayudar a comprender cómo se fue gestando el fujimorismo.
En 1968 cuando los militares se hicieron del poder mediante un golpe de estado encabezado por su jefe el general Velasco Alvarado, inauguraron la etapa de la “Revolución Peruana”. Este “nacionalismo burgués” tardío tuvo como objetivo llevar a cabo la “modernización” del país mediante “reformas desde arriba” que favorecieran el desarrollo económico nacional y otorgar ciertas concesiones para capitalizar y conseguir base social en un movimiento obrero y popular por demás descontento. Tres grandes ejes fueron puntales de sus reformas: 1) Replanteo de la presencia del capital extranjero dentro de la economía, 2) Reforma agraria, 3) Estatización de algunos bancos.
El “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas” de Velasco, que responde al tipo de régimenes que los troskistas denominamos “bonapartistas sui generis”, se elevó, por así decirlo, entre las masas y la burguesía del país por un lado, y el imperialismo por otro. A pesar de que no impidió la penetración del capital extranjero, realizó algunas nacionalizaciones y sufrió la constante presión del imperialismo y la burguesía para que cambie su rumbo económico. Paulatinamente la clase obrera también fue pasando a la oposición resistiendo los intentos del gobierno de tratar de cooptar sus organizaciones.
Acosado por la burguesía y la resistencia obrera, Velasco, fue incapaz de llevar adelante su plan y terminó paralizado. Este “impasse” en el plan de Velasco precipitó su salida y fue reemplazado por el general Morales Bermúdez en 1975, que profundizó el giro reaccionario y proimperialista de la dictadura.
Sin embargo, la resistencia de la clase obrera y el campesinado fueron tenaces. En este proceso de movilización y organización muchas organizaciones obreras y populares tendieron a tomar un curso independiente, tanto del estado como de los partidos burgueses tradicionales, llegando a formar embriones de autoorganización como las Asambleas Populares y los Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo.
El hito máximo de esta movilización fue el paro general de julio de 1977, que obligó a la dictadura a la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1978, para tratar de canalizar y desviar el incipiente ascenso y radicalización de masas y organizar la transición a la democracia2, y la retirada en “orden” de los militares a los cuarteles.
En 1980, gana las elecciones Fernando Belaúnde Terry del derechista partido Acción Popular, que intentó liquidar la “herencia nacionalista” de los militares y aplicar una dura receta fondomonetarista. En esta etapa, los trabajadores y campesinos con sus luchas, que en el período anterior alcanzaron una rica experiencia política, hizo imposible a Belaúnde aplicar su plan.
En esta situación, la política del Partido Comunista e Izquierda Unida3, con gran influencia entre los asalariados fue en todo momento desmoralizante ya que estuvo al servicio de la colaboración de clases y de sostener al régimen. Durante los dos primeros años de gobierno “democrático” el PC a través de la dirección de la CGTP e Izquierda Unida mantuvieron un acuerdo de “concertación” con el gobierno con la excusa de no provocar a la derecha y a los militares. Cuando el desprestigio del gobierno alcanzó su punto más alto rompieron la “concertación” e intentaron buscar un acuerdo electoral con el APRA4, de Alan García, es decir una política de colaboración de clases, para contener y desviar las luchas obreras y populares. Mientras tanto en la Sierra, como expresión distorsionada del ascenso campesino, surgió la guerrilla de Sendero Luminoso5.
Izquierda Unida en la ciudad y Sendero Luminoso en el campo por distintas vías, eran enemigos de que las masas conquistaran la independencia de clase y de dotarlas de un programa y una estrategia revolucionaria, dejándolas a merced de la represión estatal y de la demagogia “populista” de Alan García.
Efectivamente, las masas tuvieron que sufrir al final del gobierno “democrático” de Belaúnde, la represión instrumentada a través de la “Ley Antiterrorista6”, con 5.400 obreros y campesinos muertos a manos de la represión7, 200% de inflación, una deuda externa de 14.000 millones de dólares (en ese tiempo el 80% del PBI), subocupación del 65% y un salario mínimo de 30 dólares.

El gobierno del APRA y el rol de Izquierda Unida y Sendero Luminoso

En julio de 1985 asumió la presidencia Alan García, llevando al APRA por primera vez al poder. Con el 50% de los votos capitalizó en forma deformada el descontento de las amplias masas que giraban a la izquierda, ya que García había basado su campaña en encendidos discursos contra el FMI.
Por su parte Izquierda Unida, que obtuvo el 25% de los votos, ocupó por medio de su secretario general Alfonso Barrantes la alcaldía de Lima. El gobierno del APRA en un primer momento despertó el entusiasmo de las masas, ya que fijó el 10% del monto de las exportaciones para el pago de la deuda externa, este “romance” apenas duró un año. En mayo de 1986 se dio una poderosa oleada de huelgas sindicales, paros departamentales con miles de trabajadores y pobladores enfrentando, con sus luchas reivindicativas, la política económica del gobierno contra los bajos salarios, la desocupación y el abandono de los pueblos del interior.
La política de Izquierda Unida, a través de sus alcaldes, diputados y funcionarios fue colaborar con el gobierno y administrar desde la alcaldía de Lima la crisis del capitalismo semi-colonial peruano. Aprovechando su influencia sindical fue desmontando y traicionando una por una las huelgas obreras y movilizaciones contra el gobierno. En esta etapa adquiere mayor influencia Sendero Luminoso, como expresión distorsionada del ascenso en el campo, que vió nutrir sus filas de campesinos pobres y más tarde también de habitantes de los llamados “pueblos jóvenes”. Sendero Luminoso, partido-ejército maoísta, con su política de “guerra revolucionaria del campo a la ciudad” y su estrategia de “revolución democrática” basada en la concepción stalinista de revolución por etapas y de frente popular, contribuía a socavar la unidad obrera y campesina para luchar hasta el final contra el gobierno. Esta política se distinguía por su hostilidad hacia el movimiento obrero y las ciudades, un uso indiscriminado del terrorismo individual que lo llevó a ejecutar a dirigentes populares y campesinos opuestos a su política suscitando un gran rechazo, sentando las bases para el surgimiento de “rondas campesinas” que fueron coptadas y puestas al servicio de la represión del ejército. Secundariamente, como expresión de la radicalización de sectores urbanos, surge el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Por otra parte, el gobierno del APRA, intensificó la “guerra sucia” contra el movimiento campesino y popular. El episodio más conocido por las repercusiones internacionales que tuvo fue la masacre de los penales. El 19 de junio de 1986, se celebraba en Lima el II° Congreso de la Internacional Socialista, las FF.AA masacraron a 400 detenidos políticos de las prisiones de Santa Bárbara, San Pedro y El Frontón y del puerto de El Callao.
Según un informe de la ONU, en 1987 Perú se encontraba entre los países con más desaparecidos del mundo7. El alto costo que la clase obrera y los campesinos peruanos tuvieron que pagar por tener a su frente direcciones como el PC y la política de Sendero Luminoso, fue la desmoralización de sus filas por efecto de la hiperinflación desatada, miles de sus dirigentes muertos a manos de los militares y los paramilitares, las organizaciones sindicales, campesinas y barriales que había construido durante años diezmadas. El gobierno, incapaz de imponer hasta el fin sus planes, había perdido todo apoyo tanto de la burguesía, como del imperialismo y su partido el APRA se encontraba en una profunda crisis.
Toda esta situación fue el caldo de cultivo para el surgimiento de Fujimori. Una primera conclusión que se desprende de todo esto, es que las masas peruanas, que habían luchado contra la dictadura y por la “democracia” fueron derrotadas por la política de la burguesía de “reacción democrática”, combinada con una dura represión. La responsabilidad política de estas derrotas, desvíos y frustraciones del movimiento de masas es de la burocracia sindical e Izquierda Unida, que administraron las instituciones del estado y no pocas veces avalaron la política represiva del régimen8. Y en segundo lugar el nefasto accionar político y militar de Sendero Luminoso. Es decir, que los gobiernos “democráticos” y sus instituciones, con su política de represión y de hacerle pagar los costos de la crisis a quienes no la habían provocado, a saber la pérdida de 800.000 puestos de trabajo, hiperinflación, un 25% de contracción de la economía. La economía del país estalló y junto con ella todas las instituciones de la democracia burguesa y los partidos políticos tradicionales.
El “fujimorato”

En 1990, las masas traicionadas por sus direcciones son conducidas directamente a la trampa electoral. Ante la amenaza de implementar una política de “shock” de parte del candidato independiente de derecha Mario Vargas Llosa, le dieron la espalda a los partidos de izquierda, a quienes también identificaban con las viejas instituciones y optaron por votar al desconocido Alberto Fujimori9. Éste junto con la promesa de evitar un duro programa de ajuste económico, basó su campaña tras el slogan “honestidad, tecnología y trabajo” y en un acercamiento directo con sus seguidores, recorrió en un tractor el altiplano y comió en los mercados junto a las masas pobres.
Sin embargo, a dos semanas de asumir con el apoyo total del imperialismo, cambió de rumbo implementando un programa de estabilización conocido como el “Fujishock” más duro que el que proponía el neoliberal Vargas Llosa. Fujimori había pactado con el Banco Mundial, FMI y el BID, un duro ajuste a cambio de nuevos préstamos de esas instituciones. Así implantó la inmediata eliminación de subsidios a los bienes de consumo básico, abruptos aumentos de precios (la gasolina aumentó un 300 %, la leche y el pan se triplicaron y el gas y la electricidad subieron de ocho a doce veces). Lo cual desencadenó huelgas de maestros, bancarios y obreros petroleros.
Para llevar adelante tan impopular ajuste, era imperioso recomponer el régimen semi-colonial en profunda crisis y dotarse de una base social. Basándose en el desprestigio de las instituciones como el Parlamento y los representantes políticos de la burguesía, que eran odiados por las masas, se sentaron las bases para su proyecto bonapartista. En una coyuntura donde sólo el 12% de los peruanos confiaba en los partidos políticos10, lanzando acusaciones de corrupación contra la “partidocracia”, sostenido por el imperialismo, apoyado en las FFAA y aplaudido por sectores de masas, logró constituir una alianza de clases reaccionaria y el 5 de abril de 1992 disolvió el parlamento, el poder judicial y mandó a la cárcel a los políticos burgueses opositores. Estas medidas calaron hondo en los sectores de masas desesperadas por el marasmo económico.
Parte sustancial de esta política de recomponer el régimen, fue la lucha contra la insurgencia en el campo, que pegó un salto cualitativo, implementándose con todo la “guerra sucia” contra el movimiento campesino.
De esta manera, tiene su origen en el Perú un tipo de régimen bonapartista que “convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial”11, consigue cierta recuperación económica y transformar al país en un “mercado emergente” sobre la base de la apertura del mercado y adquirir cierto dinamismo gracias a la superexplotación al movimiento de masas.
Es decir que apoyado en la camarilla militar, Fujimori: “inició un ajuste estructural, bajo la influencia de las nuevas tendencias liberales y con el apoyo de la banca multilateral de Washington. La privatización, la liberalización y la desregulación han sido las reformas lanzadas desde 1991. Se consolidó el régimen de propiedad libre y se comenzó con la privatización de las empresas públicas (…) se liberalizó la intervención del estado en los mercados de bienes, cambiario, financiero de tierras y de trabajo. Como en anteriores oportunidades se aprobó una serie de leyes promocionales de la inversión para promover tanto la empresa privada nacional como la extranjera (…) se privatizó el sistema de pensiones, creando las administradoras de fondos de pensiones. En su conjunto el nuevo marco legal promueve la libre empresa y la inversión extranjera que había sido cautelosa en los años ochenta (…) La privatización de las empresas del estado es el medio para incentivar la inversión privada, en especial del capital extranjero”12. Vale decir que aplicó la típica receta “neoliberal” que caracterizó a los “mercados emergentes” latinoamericanos en los primeros años de la década, por la combinación de ciertas circunstancias de la situación económica mundial y latinoamericana y el estado de la lucha de clases en el país: exportando a los “tigres asiáticos, afluenyendo capitales especulativos atraídos por las altas tasas de interés, la inversión directa de las transnacionales, y la entrega del mercado interno y la enorme transferencia de recursos vía el pago de la deuda externa.

Las consecuencias del “modelo”

Sin embargo, la “recuperación” de la economía peruana, no ha revertido el carácter semicolonial del capitalismo local, la pérdida de importancia con respecto a la economía mundial y su atraso estructural. Por el contrario ha agravado el proceso de colonización por el capital extranjero, del que se benefician un puñado de grandes capitalistas locales y reducidos sectores de la clase media privilegiada. El balance del gobierno Fujimorista es desolador para el movimiento obrero y popular. Veamos algunas cifras por demás elocuentes: dos de cada tres peruanos vive en pobreza extrema, esto quiere decir que más de 17 millones de personas viven en la miseria. Desde 1990 la tasa anual de crecimiento de la miseria es de 660.000 personas pobres por año. El 83% de la fuerza total de trabajo se encuentra en situación de desempleo y subempleo. En Lima metropolitana el desempleo mantiene una media constante de 75%. De los que están empleados más de la mitad trabajan en empresas pequeñas y fábricas con menos de nueve obreros. Estas pequeñas empresas, según las leyes vigentes no cubren ningún beneficio social de los trabajadores. La superexplotación de la fuerza de trabajo y la flexibilización del mercado laboral son unos de los “secretos” del “éxito” fujimorista: recientemente unos 400 campesinos pobres de la provincia de La Concepción (Cuzco) denunciaron a la Shell-Mobil que los hacían trabajar en tareas de exploración en la selva más de 12 horas por día con una salario de 28 centavos de dólar la hora, mientras tanto un maestro gana 2 dólares por día13. Para Lima metropolitana, en 1991, se registraban 973 mil trabajadores asalariados en el sector privado. De ellos, 61% eran estables y 39% temporales. En 1992, los estables se reducen al 50%. En 1995 la tasa cae aún más, a 42%, y llega al 25% al año siguiente. Para el mismo sector y el mismo año, había 277 mil trabajadores con negociación colectiva y 280 mil sin ella; en 1996 sólo 82 mil tienen negociación colectiva; 460 mil están fuera de ella. El índice de sindicalizados disminuyó entre 47% para empleados y 54% para obreros en 1991 y 12,7% para empleados y 19,6% para obreros en 199614.
Los resultados de la “guerra sucia” contra el movimiento de masas le reportaron cierta base social, en los sectores medios mientras que gracias al asistencialismo pudo hacer pie en los sectores más empobrecidos. Miles de presos políticos condenados por jueces “sin rostro” pueblan las cáceles peruanas y son vivos testimonios de la represión del régimen. La captura de Abimael Guzmán, así como la recuperación a sangre y fuego de la embajada japonesa en poder del MRTA, fueron también golpes de efecto aprovechados por el régimen. En política exterior, amén de ser responsable de haber embarcado al país en una guerra fratricida con Ecuador, es recibido con todos los honores en cuanto foro, cumbre o encuentro regional, lo que muestra el aval del imperialismo a su gestión así como la de todos los gobiernos latinoamericanos.

La crisis del régimen

El Paro Cívico Nacional puso al desnudo, la debilidad del régimen de Fujimori que en la coyuntura está en retirada en medio de una profunda crisis política, que incluye no pocos roces entre el presidente y los mandos militares y los militares entre sí (las principales instituciones donde se asienta el régimen bonapartista). En la base de la erosión del régimen se encuentra en primer lugar la crisis económica internacional, que producto del plan de Fujimori el país quedó completamente expuesto a sus vaivenes. Así lo expresa un analista peruano: “ Desde septiembre del año pasado, coincidiendo con la crisis de balanza de pagos rusa y la interrupción consecuente del ingreso de capitales, la economía peruana ha entrado en una fase de profunda recesión. El PBI de los sectores vinculados al sector urbano e intensivos en mano de obra ha caído en los últimos tres meses a tasas entre 8 y 10% anual. La magnitud de esta recesión es solo comparable a la registrada en agosto de 1990, mes del ‘fujishock’; y a la de septiembre de 1988, en el gobierno de García.” “Actualmente la situación externa es totalmente distinta. El ingreso de capitales privados se ha reducido de U$S 5.847 registrados en 1997 a tan solo U$S 2.377 millones en 1998. Durante 1998 las reservas del Banco Central se han reducido en casi U$S 1.000 millones y los términos del intercambio han descendido en más de 13%. Con menores ingresos de capital los bancos locales tienen menos fondos para prestar, produciéndose el estancamiento de la actividad económica. Las condiciones internacionales jugaron a favor de la reelección de Fujimori en 1995, y ahora están jugando en su contra.”15
En segundo lugar las tensiones que se reflejan en el mismo gobierno. Según la revista Caretas de principios de abril, al interior de la FF.AA habría una disputa por la sucesión al frente de la comandancia general de las FF.AA. Vladimiro Montesinos, jefe de la temible Secretaria Nacional de Inteligencia (SIN) y hombre fuerte del régimen puja por controlar la institución contra el actual jefe general Saucedo que responde a otro sector de asesores de Fujimori.
Desde distintos sectores burgueses se ha entablado una abierta discusión en los medios de comunicación acerca de la “transición” (en el 2.000 habrá elecciones) y las dificultades que contempla, como ser la falta de sólidos partidos burgueses enraizados en las masas para organizarla en forma ordenada en el marco de la crisis. También dan cuenta de los peligros de un fujimorismo sin Fujimori. En el horizonte en el corto y mediano plazo no se observa una transición pactada como en México, ni siquiera una transición como en Chile. Así una editorial del Diario La República bajo el sugestivo título de “¿Transición, hacia donde?” menciona: “Hasta ahora Fujimori sigue trabajando activamente por su reelección, con sus socios militares. Fujimori no se va a retirar del poder por su propia voluntad, así las encuestas arrojen cifras exiguas de intención de voto. Pero existe la posibilidad que sus aliados castrenses, básicamente Vladimiro Montesinos, que es el que tiene ahora el control de los servicios de inteligencia y de las FF.AA, jueguen otra carta para permanecer ellos en el poder con otra máscara civil” … “Pero imaginemos que eso no ocurre y que fracasan los intentos de Montesinos y su camarilla por perpetuarse en el poder. Se plantea entonces un segundo escenario, con un presidente que carecerá de un partido y que sé encontrará en un ambiente de destrucción institucional. Sin duda, gobernar en esas condiciones es muy difícil. Si a eso añadimos la carencia de convicciones y prácticas democráticas de varios de los principales candidatos, no sería raro que fueran ganados por la tentación autoritaria”. … “La consecuencia es que aún si cae el régimen autoritario, será muy difícil construir uno democrático sobre las arenas movedizas que dejará como herencia”. … “Podría ser que, como ha dicho Steven Levitsky: -la democracia post fujimorista no será más fuerte que aquella que Fujimori a enterrado- si se impone Alberto Andrade16, que traería una democracia oligárquica (que) puede ser preferible a la dictadura fujimorista. Pero difícilmente es un destino feliz”- … “Lo cierto es que el debate político actual está más orientado por los posibles candidatos o grupos y movimientos a ganar posiciones para su propia capilla, que a plantear realmente cuáles son las posibilidades reales de deshacerse de la camarilla cívico militar y como avanzar luego en un verdadero proceso de democratización”.
En tercer lugar, el descontento creciente del movimiento de masas expresado en el Paro Cívico de Abril, así como su antecedente más inmediato en octubre del año pasado, cuando sectores de vanguardia de obreros de la construcción y estudiantes irrumpieron en la casa de gobierno de Lima, lo que a su vez podrían estar dando los primeros indicios de recuperación de la clase obrera nacional. Según encuestas de analistas y consultores de la universidad de Lima, de fines de mayo “más de la mitad de la población rechaza al gobierno de Fujimori. La gestión de presidente es rechazada por el 51% de la población. Las razones de la desaprobación son 53% falta de trabajo, el 19% por su política económica, 13% por que no hay aumento de sueldos, el 8% porque es un dictador.”
La situación latinoamericana, de recesión generalizada y de oleadas de luchas obreras y populares, y crisis en varios regímenes, cuyo mayor exponente es Ecuador, y la inestabilidad política que recorren la mayoría de los países andinos, hacen utópico pensar que la burguesía de Perú pueda montar una transición estable con las contradicciones que incuba el país.

La Oposición burguesa y la burocracia sindical

La clase obrera peruana se apoyó en el Paro Cívico Nacional de abril, para convertirlo en una palanca contra el gobierno, al que hacen responsable directo de todos sus padecimientos. Desde ese punto de vista fue una clara demostración política de la clase obrera. Sin embargo, esta no fue una acción independiente. Sectores burgueses opositores como el alcalde de Lima, el “independiente” Alberto Andrade o el precandidato presidencial Castañeda Lossio se colaron en esta acción para intentar capitalizar el movimiento. Por eso, los días previos a la movilización llamaban a manifestarse en “paz” y a dar un ejemplo de “cultura cívica”. Y una vez terminada la jornada se dedicaron a suplicarle a Fujimori que cambie el gabinete, unos, que cambie el rumbo económico, otros. Es decir que a pesar de no haber una “transición” formalmente pactada, la oposición burguesa utiliza a la clase obrera y el descontento popular para tratar de negociar con el régimen una salida ordenada y capitalizar el odio de éstas, vía las urnas en el 2.000. De hecho la oposición burguesa y la burocracia al no darle continuidad a la lucha contra la dictadura, le han dado una tregua al gobierno, que seguramente aprovechará para tratar de capear su crisis. Pero en esta situación se pueden abrir brechas que alienten una irrupción superior del movimiento obrero y de masas.
De esta manera junto a la burocracia de “izquierda” de la CGTP y el llamado a un Frente Amplio Cívico Nacional intentan subordinar a la clase obrera a favor de una “transición” a la democracia es decir de los intereses de la burguesía. Y contienen e impiden que la movilización de la clase obrera tome un curso independiente.

El lamentable papel del Stalinismo

Durante años el Partido Comunista pro-soviético levantó un programa y una política claramente reformista. Al otro día del Paro Cívico Nacional, su longevo secretario general, Jorge del Prado, saludó por “democrática y pluralista”17 la iniciativa de un grupo de diputados opositores, militares y empresarios de conformar un gran “frente nacional opositor”. Los restos del PC peruano reconocen “la ausencia de un referente político unitario y popular llamado a capitalizar, de manera natural ese éxito” (por el paro, N de R), En clara referencia a no tener una figura “prestigiosa” como una Gladys Marín de sus colegas chilenos. Sin embargo, insisten en “construir un movimiento político de centroizquierda, democrático, y progresista” para participar de las elecciones del año 2.000, en las municipales del 2.002 y ser “alternativa del pueblo en el 2.00518”.
Lo mismo vale para el maoísta Partido Comunista Peruano –Patria Roja y su “Movimiento Nueva Izquierda”: propugnan un “frente antidictatorial y antineoliberal19”, que incluya a los sectores que “el modelo somete”, es decir, “los sectores industriales y los medianos y pequeños empresarios, hasta los sectores del trabajo, la intelectualidad o las poblaciones étnicas20”. Para ello han iniciado un debate para evitar caer en los “errores de Izquierda Unida”, en boca de los stalinistas esto significa que se postulan como administradores del modelo. Por eso buscan desesperadamente negociar un lugar en las listas burguesas opositoras.
Los despojos de los partidos stalinistas y los maoístas a pesar de haber perdido su antigua e importante influencia sindical y electoral sigue levantando una política de colaboración de clases e intentan postularse una vez más como izquierda del régimen. Con esta política, vienen a ser los últimos eslabones de la cadena de la oposición burguesa que busca subordinar a la clase obrera en nombre de la “amplia unidad contra la dictadura”. Los restos de la insurgencia de Sendero Luminoso y del MRTA tampoco pueden ser una alternativa ya que a pesar de las derrotas sufridas a manos del estado mantienen intacta su política reformista.

Por una estrategia obrera

En interés de los trabajadores y el pueblo es necesario levantar una política opuesta por el vértice. Para los revolucionarios esto implica en primer lugar, mientras impulsamos la más amplia unidad de acción contra la dictadura, no perder ni por un instante la estrategia de la revolución proletaria, es decir transitar el camino de la independencia política de la clase obrera en el camino de instaurar por medio de una insurrección triunfante un gobierno obrero y campesino.
Las demandas de trabajo, tierra y libertad política así como los reclamos más sentidos de los sectores populares sólo podrán ser satisfechos afectando los intereses y destruyendo el poder de los capitalistas dueños de los principales resortes de la economía, junto con la expropiación de los monopolios imperialistas responsables del saqueo del país.
No se puede ni siquiera soñar con conquistar la más mínima libertad política en Perú manteniendo intactas a las FF.AA y los servicios de inteligencia principal apoyo del “fujimorato” y responsables del terror contrarrevolucionario hacia las masas y sin romper con los acuerdos políticos, económicos y militares que atan al país a los designios del imperialismo.
Para dar una salida de fondo es necesario desarrollar hasta el final la movilización y la autoorganización de las masas y su armamento hasta instaurar un gobierno obrero y campesino que destruya el poder de la burguesía e instaure una república obrera. Para lograr este fin la clase obrera necesita romper con su subordinación a la burguesía “opositora” y los reformistas en el movimiento obrero, los stalinistas y los maoístas.
En ese camino deberá desarrollar la autoorganización creando organismos de democracia directa para la lucha, retomando la tradición de los “frente de defensa de los intereses del pueblo” y las “Asambleas Populares”, ligándolo al desarrollo de la autodefensa obrera y campesina para enfrentar la represión del régimen e impulsar la unidad y las demandas obreras y campesinas.
El trotskismo peruano contribuyó a escribir algunas de las gloriosas gestas de la clase obrera y del movimiento campesino en el país. Así, a principios de la década del 60, el dirigente trotskista Hugo Blanco comenzó una campaña de sindicalización y organización de 72.000 campesinos indígenas en el Valle de la Convención, donde se formaron embriones de milicias campesinas para defenderse de la agresión militar y policial. A fines de la década del 70 y como expresión de la radicalización de amplios sectores de masas los trotskistas peruanos formaron esa herramienta de frente único que fue el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), que llegó a obtener el 15% de la votación nacional para convencionales constituyentes. Pero sus errores políticos, vacilaciones y capitulaciones no le permitieron ser una alternativa revolucionaria real ante la radicalización de importantes sectores de vanguardia, como alternativa al stalinismo. El seguidismo a las direcciones reformistas y oportunistas hizo reducir a pequeños núcleos marginales al trotskismo peruano. En la lucha por la construcción de un verdadero partido trotskista en Perú, como parte de la lucha por reconstruir la IVInternacional, deberán también integrarse las lecciones revolucionarias de esta experiencia histórica.

Notas:

1. La República, 29-4-1999.
2. Una expresión superestructural de esta radicalización lo muestra que para las elecciones a constituyentes los trotkistas nucleados en el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular obtuvieron el 16% de los votos llevando como convencionales a Napurí, Hugo Blanco y Enrique Fernández entre otros.
3. Frente de partidos integrado por: Partido Comunista Peruano, Partido Comunista de Perú –Patria Roja- (maoísta), Partido Comunista Revolucionario (maoísta), Partido Socialista Revolucionario (Velasquista) y Partido Unificado Mariateguista.
4. Alianza Popular Revolucionaria Americana.
5. Partido Comunista del Perú. “Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui”
6. Belaúnde tuvo el privilegio de inaugurar el inicio de la “guerra sucia”, a mediados de su gobierno envió a la zona de Ayacucho, donde tenía base social Sendero Luminoso al cuerpo de elite Sinchis (Todopoderosos, en quechua) a reprimir al movimiento campesino.
7. Perú: Etnia, política y violencia. Caudillo Félix. Guadalajara 1994.
8. Alfonso Barrantes (Secretario General de Izquierda Unida, justificando la acción del gobierno ante la masacre de los penales declaró al diario El Comercio del 20 /6/86: “Los terroristas que se amonitaron fueron los que violaron la ley y por tanto el gobierno tenía que conjurar la situación a través de sus dependencias pertinentes”.
9. El desconocido Alberto Fujimori y su “partido” Cambio 90, obtuvo en la primera vuelta el 29,1% de los votos y Vargas Llosa 32,7%.
10. El neoliberalismo y la transformación del populismo en América latina. El caso peruano. Kenneth M. Roberts. Eudeba 1999.
11. La industria nacionalizada y la administración obrera. Escritos latinoamericanos. CEIP- 1999.
12. Inversión Privada, crecimiento y ajuste estructural en el Perú, 1950-1995 Efraín González de Olarte. Instituto de Estudios Peruanos 1996.
13. “La Realidad Peruana”. 1998
14. Informe Aprodeh 1998.
15. Revista QUEHACER. N° 117.
16. Alcalde de Lima y jefe del partido Somos Perú.
17. La República 29/4/99
18. Comisión Política – Partido Comunista de Perú.
19. Patria Roja, noviembre de 1998
20. Idem