Estrategia Internacional N° 15
Otoño de 2000

El 9 de enero el presidente Mahuad anunció sus intenciones de aplicar un programa de “dolarización” de la economía, provocando una ola de protestas. Comenzaron a extenderse por todo el país las marchas y bloqueos, a pesar de la represión y del Estado de Emergencia dictado por el gobierno.
La Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), y otras organizaciones obreras, campesinas y populares convocaron a un levantamiento nacional, llamando a converger hacia Quito al movimiento campesino e indígena. La agitación en el campo crecía, aunque en las ciudades, salvo Cuenca y en menor medida Quito, la movilización fue mucho menor, tratándose de acciones de sectores de vanguardia (como las del magisterio y estudiantes).
En esta desigual reacción de las masas influía tanto el reflujo de las luchas obreras durante el último período, como el cambio de política de la oposición burguesa, que luego del 9 de enero, retrocediendo en su campaña contra Mahuad, había dejado de hacer agitación política contra el mismo.
Sin embargo, el levantamiento, con las masas del campo como columna vertebral, estaba en marcha. Entre tanto, se conformaba el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, organismo centralizador de la movilización. Este fue integrado fundamentalmente por la CONAIE, la CMS y algunos sindicatos como petroleros. A la vez, se constituían los Parlamentos Populares a nivel de las provincias y en distintos cantones y localidades. Estos parlamentos, como frente único de las organizaciones de masas, se convirtieron en el referente de la movilización, a pesar de que en ellos pesaban de manera desproporcionada la Iglesia, las ONG y las organizaciones ligadas a ellas. Así, el obispo Luna Tóvar, de Cuenca, fue elegido presidente del Parlamento Nacional.
En las vísperas del 21, los caminos y muchas poblaciones del interior se vieron tomados por los campesinos, que burlando los controles militares, marchaban sobre Quito. El viernes 21 entre 15 y 20.000 manifestantes, muchos de ellos indígenas, se habían reunido en el centro de la capital, adueñándose del centro y asediando el cordón policial que defendía los edificios públicos.
De pronto, en medio de una enorme efervescencia popular, unos dos o tres centenares de militares, encabezados por los oficiales, neutralizaron a la policía y abrieron las alambradas de púas que cerraban el paso. La multitud, en la que predominaban los rostros curtidos y los ponchos coloridos de los indígenas, penetró en el Congreso nacional. Poco después, correría igual suerte la sede de la Corte Suprema de Justicia. Los humildes del campo y la ciudad se habían atrevido a invadir los “sagrados” edificios, símbolos del régimen burgués.
La confusión y el asombro de la clase dominante, de sus políticos y su prensa eran mayúsculos cuando se anunció, con el telón de fondo de las masas, la formación de una “Junta de Salvación Nacional”, integrada por el Cnel. Gutiérrez, líder de los oficiales rebeldes, el Dr. Solórzano (ex presidente de la Corte Suprema de Justicia) y el dirigente indígena Antonio Vargas (tres horas después de constituida esta Junta, Gutiérrez era reemplazado por el Gral. Mendoza, en un intento de conciliar con los generales). Al mismo tiempo, en una decena de provincias, el pueblo tomaba las gobernaciones y varios municipios.
La masividad y fuerza del levantamiento y los objetivos abiertamente políticos que se había fijado, le darían ribetes semiinsurreccionales,1 a pesar de la débil participación de las masas urbanas y sobre todo del proletariado. Pero los acontecimientos en Ecuador no se explican sólo por la irrupción de este levantamiento, sino porque el mismo se combinó con la situación de las FF.AA., en cuyo seno se discutían distintas salidas políticas al abismal vacío de gobierno creado por el debilitamiento agónico de Mahuad.

La sublevación de los coroneles
Es evidente que desde hacía un tiempo, en la cúpula militar se discutía la posibilidad de un golpe para reemplazar a Mahuad. Las FF.AA., cuyo rol en la política ecuatoriana no ha hecho sino crecer desde la caída de Bucaram, al quedar expuestos cada vez más como el pilar fundamental del estado, no podían sino entrar en un estado deliberativo ante la crisis política existente. Las declaraciones del Gral. Mendoza y otros militares muestran que varios planes se cruzaban. Los militares discutían con todas las alas de la burguesía, se reunieron incluso con representantes de la izquierda, incluso del MPD.
“Mendoza acusa a Mahuad, Gallardo y Ortiz de haberle propuesto un golpe tipo Fujimori. Gallardo acusa a Mendoza y al actual Jefe del Comando Conjunto, Telmo Sandoval, de haber estado preparando un golpe contra Mahuad todo el tiempo. Febres Cordero dice que sabe que se preparaba un golpe.”2
Resulta hoy evidente que un sector de la dirección campesina alimentaba las ilusiones en la salida que podría dar el Ejército, y de allí las apelaciones constantes, en los días previos al 21, a las FF.AA. De ello nace la confianza de Vargas al afirmar: “El pueblo va a gobernar el país de aquí a 8, 15 o 20 días, (los ecuatorianos) tienen total soberanía para exigir la salida de los miembros de los tres poderes del estado” instando a las FF.AA. y a la policía a “que se unan al movimiento.”3
Por su parte, los militares esperaban utilizar la protesta popular como un punto de apoyo para consumar sus planes. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos fue distinto a lo esperado. Contaban con las masas como punto de apoyo pero jamás como protagonistas. En medio de la aguda crisis política, un ala de la oficialidad media e inferior: coroneles, tenientes coroneles y capitanes, que levantaba la bandera de la lucha contra la corrupción, así como reclamos “institucionales”4 tomó la iniciativa y se sublevó. Este sector, encabezado por el Cnel. Gutiérrez, llamó a desconocer a Mahuad y a conformar un gobierno cívico militar, y neutralizando la custodia policial del Congreso, lo tomó junto a los indígenas.
De esta forma, el empuje del movimiento de masas precipitó la caída de Mahuad, y su fugaz reemplazo por la Junta de Salvación Nacional.
Pero los militares rebeldes quedaban –a pesar suyo- asociados con el levantamiento indígena que era el verdadero protagonista de la jornada, y aislados del grueso del ejército que de ninguna manera quería a las masas en escena.
Entre tanto, la decisión final sobre el rumbo que adoptaría el Ejército se debatía en el Alto Mando y en las guarniciones más poderosas. Y la burguesía y el imperialismo, espantados ante la imprevisible dinámica de la situación, se recuperaban del asombro y la confusión de las primeras horas y multiplicaban las maniobras y presiones para retomar el control de la situación.
El Congreso, “disuelto” por las masas en Quito, buscaba reunirse en Guayaquil, donde Febres Cordero y los líderes del PSC y el empresariado discutían incluso la perspectiva de una secesión del Guayas5. Todo el empresariado, como la cúpula de la Iglesia y los medios de prensa y TV cerraban filas. La OEA, el Grupo de Río de Janeiro, la Administración Clinton redoblaban las presiones y amenazas “en defensa de la democracia”.
Por otra parte, la política de las direcciones del levantamiento, que de ninguna manera querían ir más allá, que se había jugado a la Junta y los militares, y había sembrado las mayores ilusiones entre las masas, dejando sin perspectivas propias al levantamiento, era desmovilizar y dejar que el desenlace se resolviera en la negociación con la cúpula militar, dejando sin la menor directiva a las masas movilizadas.
De esta manera, allanaban el camino para que la clase dominante recuperara la iniciativa política y retomara el control de la situación.
En la madrugada del 22, la renuncia de Mendoza precipitó la disolución de la Junta. En las horas siguientes, los indígenas comenzaban a desconcentrarse y regresar a sus comunidades y se preparaba, con la aprobación del Alto Mando y la bendición del imperialismo, la asunción del hasta entonces vicepresidente de Mahuad, el Dr. Gustavo Noboa.
La división en las FF.AA. no se transformó en una quiebra horizontal de su disciplina. Gracias a la nefasta política de las direcciones indigenistas y stalinistas, la ofensiva de las masas no pudo ir más allá. Las tendencias insurreccionales del levantamiento y los elementos de doble poder que de cierto modo comenzaban a expresarse en los Parlamentos, no se desarrollaron. El frente burgués logró reagruparse rápidamente.
Habiendo cumplido su función política de expropiar políticamente al levantamiento de las masas, para que fueran los militares y la burguesía los que dieran salida a la crisis revolucionaria que se había abierto por unos breves días en el país, la función de la Junta de Salvación nacional se había agotado en el acto mismo de constituirse. Era hora de ceder el terreno a un gobierno burgués “serio”, “normal”. Este será el papel que intentará cumplir Noboa.

La Junta de salvación Nacional
Este episodio merece una reflexión. Que surja, aunque sea fugazmente un gobierno de este tipo, fruto directo de un levantamiento de masas, ilustra la enorme deslegitimación de las instituciones de la democracia burguesa (y no sólo el descrédito de Mahuad); así como la radicalización de sectores de las masas que comienzan a aspirar a un gobierno que les responda.
Esta actitud de las masas señala un gran paso adelante en su conciencia –sobre todo en el movimiento indígena y campesino-, y es el producto de los años de intensa lucha de clases y la gran experiencia política acumulada en los últimos años. Esto, a pesar de la forma distorsionada, que la dirección indigenista-populista impuso, utilizando el levantamiento como punto de apoyo para sus proyectos de colaboración con la burguesía nacional bajo la forma de una Junta cívico-militar.
La Junta del 21, gracias a las ilusiones sembradas por su dirección y avaladas por la presencia de Vargas en la misma, era vista como propia por las masas movilizadas; pero aunque rompía con la “institucionalidad” normal de la democracia burguesa, no era sino un intento de gobierno burgués “de izquierda”, que no cuestionaba en absoluto el carácter de clase del estado y apelaba para sostenerse a las FF.AA.
La Junta, como todos los gobiernos de este tipo, pretendía encerrar a las masas en la colaboración de clases, velando el carácter burgués del gobierno y del estado, mediante la fachada “popular”, “progresista” que representaban el Coronel “nacionalista” y el ex Juez “honesto”, avalados por el dirigente más reconocido de las masas indígenas. Era un embrión de gobierno de frente popular, basado en la colaboración entre la “sombra de la burguesía” y las organizaciones del movimiento de masas, a través de sus dirigentes reformistas. La función política de este gobierno es siempre –y la Junta no fue la excepción- impedir que las masas se orienten hacia su propio poder y desviar o desarmar la movilización.
Para que la burguesía acepte tolerar -siempre por un corto tiempo- a un gobierno así, debe sentir mortalmente amenazada su dominación de clase por el ascenso revolucionario de los obreros y campesinos. En Ecuador las cosas no llegaron a desarrollarse hasta este punto. La crisis revolucionaria no se profundizó. La clave de la agudeza que mostró esta erupción estuvo en la combinación entre el levantamiento indígena y popular (en el que la participación urbana y sobre todo obrera fue menor), con la sublevación de un ala de la oficialidad (en momentos en que todo el Ejército conspiraba) en el marco del “vacío de poder burgués” que la agonía del gobierno de Mahuad dejaba. Las masas aprovecharon hasta donde se lo permitió la política traidora de su dirección esta enorme brecha en las alturas del régimen. Pero no pudieron ir más allá por sí mismas, contra sus propios dirigentes. Como toda la historia de la lucha de clases lo demuestra, los gobiernos de colaboración con la burguesía sólo pueden llevar a la derrota. En este caso, aunque no hay aplastamiento físico del levantamiento, sí ha habido una derrota política que deja, al menos en el corto plazo, sin perspectivas a las masas y que le permite a la clase dominante retomar la ofensiva política y recapturar el control de la situación.

Una traición política al levantamiento
Antonio Vargas argumentará luego que “Mendoza traicionó el movimiento indígena y popular y se puso al servicio de los corruptos que gobiernan este país.”6 Lo cierto es que Mendoza, lejos de traicionar, fue fiel en todo momento a la clase a la que responde: la burguesía, y actuó, como él mismo lo explicó una y otra vez en los días posteriores, evitando afectar los intereses fundamentales de ésta, defendiendo a su Estado y a sus FF.AA. El cuerpo de oficiales no podía actuar de otra manera. La traición política la cometieron los dirigentes del levantamiento, que lo jugaron desde el principio al servicio de un acuerdo con los militares y otros representantes políticos “progresistas” u “honestos” del orden burgués, como el obispo Luna Tovar, de Cuenca, erigido en Presidente del Parlamento de los Pueblos, o el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Solórzano.
Todos ellos, con la mayoría de los dirigentes campesinos y sindicales, la Coordinadora de Movimientos Sociales y Pachacutic, se dedicaron a alabar a las FF.AA y alimentar en el pueblo la confianza en ellas.
El Frente Patriótico, el bloque dirigido por los stalinistas, no tuvo una política diferente. Mientras en todo el período previo mantuvo una disputa sectaria con la CONAIE, negándose a unificar la lucha, y oponiendo un supuesto “Congreso del Pueblo” a los parlamentos Populares, a último momento llamó a apoyar la Junta, integrada después de todo, por la clase de figurones que el maoísta Partido Comunista Marxista Leninista (PCMLE) y el Partido Comunista (PC) han estado cortejando todo el tiempo, como candidatos a un “gobierno de soberanía y unidad nacional”.7 Ambos comparten la misma estrategia de conciliación de clases y alianza con militares, curas y burgueses progresistas.
Para Pachacutic y los dirigentes de la CONAIE, como para el maoísmo y la burocracia sindical, orientar a las masas hacia una salida política independiente es impensable. Por eso buscan imprimir a toda movilización, incluso a los levantamientos (sean “pacíficos” o violentos) el carácter de presión sobre el régimen y sobre algún sector de la burguesía y sus representantes políticos, esperando confluir con ellos en algún proyecto “progresista”. Esta política, ensayada una y otra vez en estos tres años, desde la caída de Bucaram hasta la de Mahuad, deja sin perspectiva propia a las masas y ha permitido que la burguesía salga de cada encrucijada retomando la iniciativa política y aplicando sus salidas.
Una vez más, esta estrategia ha llevado a una derrota política, al menos parcial, temporal, al movimiento, impidiendo que después del 21 las masas salieran armadas con una perspectiva política propia en torno a la cual desarrollar su autoorganización y movilización. La burguesía cerró, así, la crisis revolucionaria a su favor (aunque sin poder imponer por ahora una derrota profunda, física, a las masas), imponiendo la salida reaccionaria del gobierno Noboa.
Así, la política de ambas alas de la dirección de las masas, indigenistas y stalinistas, fue determinante para que el movimiento saliera mal parado después del 21. El testimonio de un campesino reflejaba el estado de ánimo que dejó: “Nuestra victoria es un fracaso, y si antes peleamos contra los hacendados que nos explotaban para que nos devuelvan nuestra tierra, ahora seguiremos luchando contra los políticos y banqueros que nos roban”.8
La “victoria” fue la movilización protagonizada por ellos. La “derrota” hay que atribuírsela a la política de los dirigentes. Señalemos aquí que resulta mucho más miope, menos perspicaz, la interpretación que hicieron algunas corrientes de izquierda, tanto reformistas como del centrismo trotskista, deslumbradas por el dramatismo de los hechos sin una comprensión realista del desenlace. Así, se ha hablado de “revolución y revolución en 48 horas”9, de “Revolución” a secas, y de que “las masas arrastraron a una parte del ejército”10. En general, esta línea de caracterizaciones exageradas (forzando y degradando el contenido de las categorías marxistas), está al servicio de embellecer el rol de los dirigentes del levantamiento y de sus aliados militares, que ha sido –y continúa siendo- nefasto, y sólo sirve para alimentar las ilusiones en que “empujando” o presionando a estas direcciones, es posible ir hacia el poder. Desde aquí, no es posible responder a las inquietudes y la disconformidad de las capas avanzadas de obreros y campesinos, que comienzan a cuestionar la política de sus direcciones.

El gobierno de Noboa
Contra la versión burguesa de que ésta era la “salida que aseguraba el mantenimiento de la democracia”, lo cierto es que el recambio es hijo de un verdadero “golpe institucional” tejido entre el Alto Mando, el imperialismo, los empresarios y la “clase política”, para escamotear la voluntad popular que había echado a Mahuad.
Se trata de un gobierno débil, a pesar de concitar el apoyo del conjunto de la burguesía y el imperialismo, ya que no se asienta en una derrota decisiva, física, de las masas, sino una de orden político, y que tiene ante sí un colosal programa que encarar, previsiblemente superior a sus fuerzas: avanzar en la recomposición del régimen y el estado, comenzando por reconsolidar la unidad de las Ff.AA., estabilizar la situación económica mediante la imposición del “Plan de dolarización”, imponer un salto en la sumisión y entrega del país al imperialismo norteamericano, y... sacar a las masas de la escena, impidiendo nuevas y quizás superiores erupciones de éstas.
La debilidad de Noboa para encarar este “programa” y el mantenimiento de las formas “constitucionales” no pueden ocultar los fuertes rasgos de tipo bonapartista que tiene su gobierno. Aunque se mantienen los mecanismos de la democracia burguesa, y la subida de Noboa ha sido legitimada por el Congreso (por otra parte tan desprestigiado entre las masas y necesitado de relegitimación), lo cierto es que el verdadero poder detrás del “trono” del Palacio de Carondelet reside en las FF.AA.
El gobierno debe actuar sobre la base de relaciones de fuerza entre las clases donde ni el campo burgués ni el de las masas han sido capaces de imponerse decisivamente, relación de fuerzas que el desenlace del levantamiento no ha resuelto, a pesar del retroceso de las masas. Por otra parte, la unidad del campo burgués, que se debe en buena medida al pánico producido por la irrupción de éstas, está lejos de haberse asentado.
La política del imperialismo, que ha mandado a funcionarios de primera línea como Pickering, Peter Romero y otros a explicarla, es “mantener la democracia” como única garantía de “gobernabilidad” y buscar asentar por esta vía el régimen para profundizar el ataque. Entre tanto, utiliza el chantaje de la “dolarización” como única salida para ir avanzando en la entrega y descargar sobre el conjunto de las masas los costos de la salida a la brutal crisis económica.
En los tres meses transcurridos desde el 21 de enero, el gobierno ha conseguido avanzar por este camino. Se ha aprobado en el Congreso, sin mayores debates, la “Ley Trolebús”, el instrumento legal del Plan de dolarización. El gobierno ha debido enfrentar sólo luchas parciales, por sector, de las cuales la más importante hasta ahora ha sido la movilización con bloqueos de caminos en el campo, convocados por la Federación de afiliados al seguro social campesino, a principios de abril. No puede descartarse que la proximidad de medidas tales como un nuevo alza de los combustibles y la carestía de la vida agravada por la dolarización, conduzcan a un nuevo estallido de masas. Sin embargo, el gobierno ha podido apoyarse hasta ahora en la nefasta política de las direcciones tradicionales, empeñadas en consumar hasta el final el “segundo acto” de la traición del 21.
Desde el 21 de enero indigenistas, socialdemócratas y stalinistas han hecho todo lo posible por canalizar al movimiento de masas en el redil del régimen: a pesar de las ocasionales amenazas de preparar un nuevo levantamiento e incluso, de hablar del “peligro de una guerra civil”, lo cierto es que han hecho todo lo posible por desactivar y vaciar de contenido los Parlamentos Populares, se han limitado a impulsar una cada vez más desdibujada “consulta popular”, negándose a organizar un plan de lucha para derrotar a Noboa y su “dolarización” e imponer un programa obrero y campesino de salida a la crisis.
Antes hablaban de “desconstituir” a los poderes “corruptos”. Ahora han vuelto al redil de la democracia burguesa, y apuestan a formar una nueva coalición “progresista” detrás del Gral. Paco Moncayo, el ex Jefe del Ejército, dirigente del partido burgués Izquierda Democrática y candidato a la municipalidad de Quito en las próximas elecciones municipales de mayo. La CONAIE ha negociado todo el tiempo con el gobierno a través de su interlocutor en el gobierno, el ministro de gobierno Pancho Huerta. La amnistía a los militares sublevados que plantearía en estos días el presidente Noboa busca desmontar un foco de conflicto, y completar la “pacificación interna” de las FF.AA., donde el generalato ha consolidado entre tanto sus posiciones. La inminente firma de una carta de intenciones con el FMI será un espaldarazo a la política económica del gobierno. Entre tanto, el PCMLE, junto al resto de la izquierda reformista tradicional y la burocracia sindical, por abajo, mantienen completamente separada la lucha de los trabajadores urbanos y estudiantes y son también enemigos de un plan de lucha y un programa obrero campesino de emergencia, en torno a los cuales pueda unificarse el movimiento de masas del campo y la ciudad, y preparar una lucha superior para volver a poner la ofensiva en manos de las masas.
Sin embargo, a pesar de la inestimable ayuda que la política de las direcciones le da, está aún por verse si el gobierno Noboa y su plan lograrán asentarse y por cuánto tiempo. Teniendo en cuenta el formidable ciclo de luchas que el pueblo ecuatoriano ha venido protagonizando desde hace más de tres años, y el convulsionado panorama que muestran Los Andes hoy, no parece ser esa la perspectiva más probable.