| Introducción
En los últimos diez años, los campesinos indígenas
ecuatorianos arremetieron con poderosos levantamientos y
movilizaciones de carácter nacional contra los distintos
gobiernos proimperialistas en pos de sus demandas más
sentidas : por la tierra, contra la opresión nacional
y otras reivindicaciones, cuestionando la histórica
segregación y explotación que hacen intolerable
la vida de casi el 30% de la población del país1.
En efecto, a partir del “hecho colonial” y durante
tres siglos, en la zona andina como en el resto de América
Latina, los pueblos indígenas fueron sometidos a
las más violentas formas de opresión nacional
y explotación.
Los conquistadores españoles y la Iglesia con una
clara política racista, los despojaron de sus tierras
y los sometieron a las más crueles formas de explotación.
Con la independencia de España y la instauración
de la República, la consolidación del régimen
de hacienda2 mantuvo el sojuzgamiento y racismo por parte
de los terratenientes, y los “héroes de la independencia”
que detentaban el poder. Estos instauraron un verdadero
“apartheid”. Consideraban a los indígenas
como ciudadanos de segunda categoría, sin acceso
a la tierra y la educación, sin derechos políticos.
Su lengua, música y costumbres, así como todas
sus manifestaciones culturales fueron denigradas y aplastadas.
Aunque cínicamente, a mediados del siglo XIX “el
problema indígena involucró una ‘solución’
a través de la educación, función asignada
en forma total al clero”, que como buen terrateniente,
era uno de los principales interesados en mantener el sojuzgamiento.
A principios del siglo XX, con el relativo desarrollo del
capitalismo semicolonial y la crisis de la vieja estructura
agraria se vuelve a poner sobre el tapete el problema de
la cuestión indígena. La burguesía
ecuatoriana, al igual que en otros países andinos,
por medio de su estado, ensayó distintas políticas
de “integración” a través “...de
servicios tales como la educación. De esta forma
el estado cumplía la función de regular las
condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo
y por ende del sistema imperante, buscando suprimir las
formas tradicionales de apropiación del excedente
económico3“. Esta “integración”
la burguesía semicolonial la hizo “a su modo”,
es decir sin afectar la gran propiedad de la tierra.
A lo largo del siglo esta política “integradora”
estuvo condicionada por los vaivenes y la dinámica
de la lucha de todas las clases del país. De este
modo dependiendo del ascenso o reflujo del movimiento obrero
y popular, así como también de las fricciones
y luchas entre terratenientes y la burguesía, es
que se fueron emitiendo “Códigos de Trabajo”,
“Reformas Agrarias”, “Derecho al Voto”
y otras leyes que alcanzaban status constitucional.
Sin embargo estas conquistas o tibias concesiones eran letra
muerta o en el mejor de los casos nunca alcanzaron a dar
una solución de fondo a las masas explotadas (como
veremos más adelante con la Ley de Reforma Agraria
de 1963). Esto es así por la dinámica propia
de la época imperialista, donde por un lado la burguesía
semicolonial atada por múltiples lazos a los grandes
propietarios de la tierra y los monopolios imperialistas,
no puede ni quiere solucionar las demandas democráticas
más elementales de las masas. Y por otra parte, que
toda conquista democrática arrancada por las masas
al estado capitalista semicolonial, que no destruya la fuente
de miseria, racismo y opresión (al propio estado
de la burguesía) se termina perdiendo por el mismo
ataque de los explotadores en su insaciable sed de ganancias.
Al respecto cobra total actualidad las tesis de la revolución
permanente: “ Con respecto a los países de desarrollo
burgués retrasado y en particular de los coloniales
y semicoloniales, la teoría de la revolución
permanente significa que la resolución íntegra
y efectiva de sus fines democráticos y de su emancipación
nacional tan solo puede concebirse por medio de la dictadura
del proletariado, empuñando este el poder como caudillo
de la nación oprimida y, ante todo, de sus masas
campesinas4“.
La decadente burguesía ecuatoriana y su estado semicolonial,
que actualmente atraviesa la crisis política y económica
más grave de los últimos setenta años,
como parte de mantener su dominación social, continúa
recreando y reproduciendo en la vida cotidiana los aspectos
más brutales de la opresión y racismo contra
los indígenas.
La
concentración de la tierra
El Ecuador ha estado dividido históricamente en tres
grandes regiones: la Sierra, sede del gobierno central y
los bancos, es donde se asienta la mayoría del campesinado
indígena de origen Quechua, cuya principal reivindicación
ha sido y es la falta de tierras. La zona de la Costa, donde
se alojan las grandes empresas agroindustriales para la
exportación y la zona de la Amazonia donde los indígenas
acosados por las empresas petroleras de la madera se han
visto obligados a abandonar sus tierras y adentrarse en
la selva o en el “mejor” de los casos convertirse
en asalariados en condiciones desfavorables.
En los datos de la concentración de la tierra en
manos de unos pocos podemos encontrar una de las claves
para comprender la “cuestión indígena”.
La superficie total de la tierra en Ecuador es de 26.079.600
has de las cuales 8.027.300 has, es decir el 31%, está
dedicada a la producción agropecuaria. “la propiedad
monopólica de la tierra, hoy se encuentra articulada
al capital financiero. Hay una altísima concentración
de la tierra en pocas manos. El uso del suelo cambia también
en función del tamaño de las propiedades.
La tierra se halla distribuida en forma muy desigual. Las
grandes propiedades agrícolas se benefician del agua
mucho más que las pequeñas, posibilitando
la intensificación de la producción agrícola”...”el
1,2% de los terratenientes controlan el 65% de la tierra
arable, mientras que el 90% de pequeños agricultores
posee parcelas no superiores a 10 has, la mayoría
de ellas ubicadas en laderas y pendientes pronunciadas“.5
Algunas de las consecuencias de esta concentración
desigual se reflejan en las críticas condiciones
de vida de los campesinos indígenas: siendo el 30%
de la población siguen sufriendo la falta de tierra
y la opresión secular, produce el 75% de los artículos
básicos pero cuenta con menos del 30% de la tierra.
El 80% vive por debajo de la línea de pobreza. Las
provincias con más alta tasa de analfabetismo corresponden
a aquellas con mayor concentración de población
indígena. De 808.000 niños que trabajan en
el Ecuador, dos de cada tres, son niños indígenas
que laboran en la agricultura en calidad de familiares sin
sueldo. De igual modo continúan soportando el embate
de las petroleras, madereras y terratenientes, que los despojan
de su hábitat. Además en las ciudades sufre
la “segregación ocupacional”, ya que aparte
de no tener acceso a la administración pública
y a la universidad : “El patrón predominante
de incorporación de los indígenas a la estructura
ocupacional urbana, ha sido el trabajo en la construcción
para los hombres; el pequeño comercio y el servicio
doméstico para las mujeres y, muy secundariamente
el empleo industrial. Una ocupación que ha adquirido
importancia y un relativo prestigio, es la de conductor
de vehículos, producto de la ‘democratización’
de la licencia de manejo profesional.”6
A su vez, la concentración de la tierra tiene consecuencias
irracionales para la producción agrícola,
ya que por ejemplo avanza en las zonas dedicadas a la producción
para la exportación en detrimento de los terrenos
cultivados para el consumo interno. Esto a la vez favorece
la producción orientada al monocultivo y la agroindustria,
sin tomar en cuenta las necesidades de la población.
Esto se refleja en que por ejemplo el cultivo de flores,
un producto no tradicional para la exportación, viene
afectando las zonas que estaban dedicadas anteriormente
a la producción agrícola para el consumo interno
y popular. Aparte que los niveles de calidad que exigen
a dicho producto en el mercado internacional obligan al
empleo de plaguicidas y productos fitosanitarios que perjudican
la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Esto en
detrimento de las áreas dedicadas a la producción
de trigo o lentejas (base fundamental del consumo diario
de todos los ecuatorianos) cuyo 98% de la demanda se satisface
mediante la importación.
Modernización
capitalista en el campo y reforma agraria
El origen de esta situación desigual de concentración
de la tierra se remonta a la década del sesenta con
la instauración de la primera reforma agraria. La
tenencia de la tierra antes de la primera reforma agraria
estaba formada como se dice más arriba por la hacienda
tradicional, cuya base era la explotación y opresión
de huasipungueros, quienes a cambio de un lote de terreno,
debía entregar su fuerza de trabajo al terrateniente
de 4 a 6 días semanales, además de prestar
servicios diariamente en la casa del patrón o en
el cuidado de animales. “El predominio de formas precapitalistas
en la producción agrícola implicaba que la
economía del país, que básicamente
se apoyaba en la agricultura, se caracterizara por el bajo
desarrollo de las fuerzas productivas, aspecto que no se
compadecía con las exigencias de la división
internacional del trabajo y con los intereses de la fracción
burguesa “modernizante” nacional. Esta situación
incidió para que se inicie la disolución de
las formas precarias en la hacienda serrana, conduciendo
a su modernización7“. En 1964 la Junta Militar
que gobernaba Ecuador, en nombre de los intereses de un
sector de la burguesía que buscaba modernizar la
estructura agraria y a la vez asediada por la presión
que ejercían varios sectores sociales sobre todo
los campesinos indígenas, promulga la Ley de Reforma
Agraria, a tono con su plataforma de contenido anticomunista,
avalada por el imperialismo norteamericano interesado en
llevar adelante el programa de la Alianza para el Progreso8.
Las consecuencias de esta reforma agraria fueron profundos
cambios en la estructura campesina como por ejemplo la diferenciación
al interior del movimiento campesino indígena ya
que se formó una capa de pequeños propietarios,
artesanos y comerciantes cuyos intereses dejaron de ser
los del conjunto del campesinado indígena. En el
otro extremo, la mayoría de los campesinos indígenas
de la sierra, liberados de las relaciones precarias de producción
y despojados de su tierra se encontraron sumergidos en un
proceso de proletarización, semiproletarización
y superexplotación, ya que empiezan a establecerse
relaciones salariales en las plantaciones, empresas agroexportadoras,
amén de la migración a las ciudades donde
eran empleados en las ramas de la construcción y
servicios en las ciudades fundamentalmente. Así la
penetración capitalista en el agro “ golpeó
con mayor fuerza a la población campesina agrícola
sin tierra, al jornalero y trabajador agrícola e
inclusive a la pequeña y mediana propiedad que no
pudo competir con los sectores empresariales agrícolas.
En definitiva, este proceso generó efectos extremos:
por un lado, fortaleció a un mínimo sector
privilegiado básicamente a la empresa agroindustrial,
con mejores tierras y garantías para la acumulación
capitalista... y por otro se fue configurando una inmensa
masa de semiproletarios, subempleados, y desocupados, o
que redundó en una situación social de creciente
descomposición y pobreza que de los sectores sociales
de donde emergen. La población indígena fue
la más afectada“.9
Desde mediados de la década de los años 80
esta situación ha ido empeorando, al calor de la
crítica situación económica. En opinión
de la CONAIE, la pequeña producción se halla
a merced de: ..”un mercado incontrolado ...y fue precisamente
la carencia de tierras, la presión demográfica,
el encarecimiento de los artículos de primera necesidad,
la carencia de fuentes alternativas de trabajo...lo que
llevó a nuestros hermanos indígenas de la
sierra, a buscar acceso a la tierra ...”.10
Paralelamente desde 1985 los productos campesinos “han
caído, en tanto que los precios de los productos
industrializados y de los servicios (insumos, vestidos,
alimentos básicos, transporte) se han incrementado
considerablemente, profundizando la brecha de intercambio
desigual campo-ciudad, agricultura industria“.11 Los
índices de inflación han afectado el ingreso
familiar campesino y trajo aparejada una reducción
de la demanda de agroquímicos y herramientas por
parte de las unidades de producción de menos de 10
has, así como la demanda de vestido, alimentación,
y transporte por parte del conjunto de la población
de la Sierra. El descenso del consumo productivo y el uso
indiscriminado de químicos trajo como consecuencia
una reducción de los rendimientos por hectárea
en las pequeñas propiedades: “...los rendimientos
(libra por hectárea) han caído significativamente
en el período 1982-88: en el maíz se pasó
de 1.969 a 1.400; en la cebada de 2.296,8 1.826 y, en la
papa, de 26.098 a 15.642“.12
Al contrario de lo que se le había prometido al campesino
indígena la reforma agraria no trajo el empleo esperado.
La demanda de mano de obra se redujo notablemente en la
gran y mediana propiedad como consecuencia de la mecanización
agrícola. Esta cuestión combinada con la minifundización
obligó al campesino indígena a buscar trabajo
asalariado por fuera de la parcela “en el caso de la
comunidad indígena de San Pablo del Lago, la migración
pasó del 14,2% de la PEA, en 1971 a 40,33 en 1985”.
Esta migración estaba condicionada por el medio y
la zona de influencia de las grandes ciudades. Así
los migrantes en el área de influencia de Quito se
incorporaban a la construcción (albañiles,
peones, etc.) o en el sector informal de la economía,
los de la zona de la Costa y Guayaquil se emplean en las
plantaciones y como jornaleros agrícolas.
Sin embargo la recesión que asola al país
desde años ha hecho estragos en la industria ecuatoriana
y ha acontecido una inusitada desocupación, especialmente
de la mano de obra no calificada y estacional de las comunidades
indígenas de la sierra. Más aún aquellos
que han logrado mantener su empleo asisten desde 1988 a
una caída del 30% de su salario real. Toda esta combinación
de elementos ha contribuido a la acelerada pauperización
de los campesinos indígenas sobre todo aquellos que
no poseen tierras o disponen de una parcela de menos de
10 has, ante esta situación los campesinos pobres
han vuelto a organizarse y encontrar una salida en su “fuente
primigenia de vida”: la tierra.
La
lucha del movimiento indígena y el surgimiento de
la CONAIE
La principal demanda del movimiento campesino indígena
ecuatoriano que recorre toda la historia de sus movilizaciones
es la lucha por la tierra. Sin embargo, ligada a esta demanda
vuelve a surgir, al subsistir los mecanismo de opresión
y racismo secular, las aspiraciones nacionales del movimiento
indígena. Así con el telón de fondo
de la crisis económica que venían asolando
al país y en medio de un mar de conflictos por tierras
en la zona de la sierra, en junio de 1990, dirigido por
la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986, los campesinos indígenas
realizaron el mayor “levantamiento” de la historia
moderna del Ecuador, que paralizó por varias semanas
al país. Sus demandas: tierra, autonomía y
estado “plurinacional”.
La demanda de “Estado plurinacional”, así
como la plena vigencia de los “derechos culturales
y colectivos de los pueblos indígenas”, confirman
que el movimiento indígenas forman un conglomerado
de nacionalidades oprimidas.
Lo mismo podríamos decir de los afroecuatorianos,
que mayoritariamente viven en la zona de Esmeraldas, igual
de discriminados y relegados a los peores trabajos, sin
acceso a la educación, vivienda y atención
médica constituyen una nacionalidad oprimida. Como
al respecto subraya Luis Vitale para América latina:
“La cuestión nacional no solamente se limita
al proceso de semicolonización, agudizado por la
inversión de capital extranjero y la deuda externa,
sino que abarca también el problema de las minorías
nacionales. Los estados y las burguesías criollas,
responsables directos del envío de los ejércitos
para aplastar a los aborígenes, redoblaron la opresión
de las comunidades indígenas, con el agravante de
que éstas no constituían minorías nacionales
en mesoamérica y la región andina, sino que
con los mestizos eran la mayoría de la población.
Junto a ellos estaban los negros, zambos y mestizos que
también eran aplastante mayoría en Brasil
y la región del Caribe, aunque no tenían la
misma reivindicación de la tierra que levantaban
los indígenas“. 13
Este aspecto de nacionalidad oprimida del movimiento campesino
indígena le da un carácter particular que
lo distingue de otros movimientos agrarios de América
Latina, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil y lo aproxima
a otros como el movimiento campesino de Chiapas o el movimiento
indígena de Guatemala.
En las últimas décadas bajo la ofensiva y
la presión imperialista, la burguesía ecuatoriana
se subordinó cada vez más al imperialismo,
abandonando su programa “desarrollista” y de tibias
reformas.
De esta manera la crisis económica y la pauperización
acelerada de las masas motorizaron todo tipo de luchas obreras
y populares de resistencia a los planes de la burguesía
y el imperialismo. En este marco es que vuelve a surgir
en toda su magnitud el problema campesino indígena.
La CONAIE, surge en 1986, y vino a capitalizar, la organización
y centralizar la movilización de las distintas demandas
de los pueblos-naciones originarios de la Sierra, la Costa
y la Amazonia. Las dos principales organizaciones que sostienen
a la CONAIE, son ECUARUNARI, que organiza a los indígenas
de la Sierra y la CONFENAIE, que aglutina a la mayoría
de las comunidades de la Amazonia. En la CONAIE, están
representadas diez etnias entre las que se destacan los
Quechuas, Aymaras y Shuar. Algunos de sus demandas más
importantes se centran: estado plurinacional y multicultural,
tierra, derecho a ejercer su lengua y cultura, contra la
discriminación y la defensa de la naturaleza.
En 1992, la CONAIE, impulsó un levantamiento contra
el entonces presidente socialdemócrata Rodrigo Borja,
que paralizó el país durante un mes, reclamando
la devolución de tierras que habían sido expropiadas
por las petroleras. Asimismo junto a los sindicatos, en
1997, jugó un destacado papel en la caída
de Bucaram. Durante el gobierno de Mahuad, protagonizó
cuatro levantamientos. En Julio del año pasado levantaba
como una de sus consignas el no pago de la deuda externa.
En enero de este año impulsó los parlamentos
populares y la Junta de Salvación Nacional que pretendía
reemplazar a Mahuad. Todo esto muestra que sus reclamos
han pasado de lo reivindicativo a lo político.
Sin embargo, la dirección de la CONAIE, se apoya
en las combativas movilizaciones de la masa campesina indígena
con el objetivo de reformar al régimen y al estado
burgués. En efecto como demostró su política
en el “levantamiento” indígena que echó
a Mahuad y en el programa que impulsó en el seno
del “Parlamento de los Pueblos del Ecuador”. Allí
podemos encontrar llamamientos para fundar una “Nueva
democracia” a los “militares patriotas” y
a “los empresarios honestos”, donde para salir
de la crisis económica se apela a “la coexistencia
del sector público, privado, y comunitario”
y la participación activa de la “empresa privada
nacional y extranjera con contratos transparentes”.
Es decir que la dirección de la CONAIE, por sus limitaciones
de clase, que refleja a los sectores más acomodados
ligados a la iglesia y a las ONG’s, no puede ir hasta
el final con las demandas del movimiento indígena,
constituyéndose en un obstáculo para potenciar
las movilizaciones nacionales del campesinado indígena
y su alianza con los trabajadores, ya que utiliza la fuerza
de la movilización para presionar por algunas reformas
dentro del régimen, contribuyendo de este modo ha
desmovilizar la lucha campesina como prueba las lecciones
que dejaron el levantamiento de enero.
Distintas
posiciones sobre el problema de la tierra y de la opresión
nacional.
Ante la cuestión indígena se han esgrimido
dos grandes vertientes de las cuales se han desprendido
distintas visiones y corrientes que han intentado imprimirle
una dirección al movimiento indígena en cuanto
a solucionar el problema de la tierra y de la opresión
nacional.
Una de ellas, algunos autores la han definido como etnopopulista.
Esta corriente destaca: “los aspectos positivos de
las comunidades indígenas, distinguiendo su ‘armonía’,
‘solidaridad’, ‘originalidad’, etc.”...
“Sostiene una visión idealista de las comunidades
indígenas. No ve que estas se han modificado por
el hecho de estar insertas en relaciones sociales de producción
capitalista”...”Destaca la situación de
opresión antes que la de explotación. Más
que un problema de lucha de clases, es uno entre dos mundos”.
Así por ejemplo el Consejo Indio Sudamericano plantea
en una de sus tesis: “En el mundo de hoy hay dos sistemas
diferentes: el mundo indio colectivo ... el mundo occidental,
depredador e individualista ... El problema no es solo la
lucha de clase, ni solo de pobres contra ricos, ni solo
de izquierda contra derecha ... sino dos sistemas frente
a la vida y la existencia.”. De ahí que los
dirigentes indígenas influidos por esta ideología
conviertan en política la colaboración que
reconozcan la especificidad y la autonomía indígena:
“llegar al poder donde se es mayoría y lograr
autonomía donde se es minoría.”14 Dentro
de esta corriente podemos encuadrar a la actual dirección
de la CONAIE.
Otra de las visiones es la encarnada por la izquierda reformista,
sobre todo el stalinismo vernáculo, que no pocas
veces tuvo predicamento en sectores dirigentes del movimiento
indígena Estos reducían la cuestión
indígena al problema de la tierra, pero con el fin
de adaptarse a la política de la burguesía
semicolonial. Los stalinistas en las semicolonias, a través
de los Partidos Comunistas, pregonaban y pregonan hoy en
día que los trabajadores y el pueblo deben subordinarse
a la burguesía nacional para expulsar al imperialismo
como parte de una utópica y reaccionaria “primera
etapa”, de la revolución socialista. De ahí
que en la cuestión campesina indígena hayan
apoyado sin reservas las tímidas reformas agrarias
de la burguesía ecuatoriana. Esto no estaría
mal si se utilizara como palanca para la movilización
revolucionaria del campesinado en pos de la alianza obrera
y campesina para la toma del poder. Sin embargo, para la
obtusa mente de los jefes stalinistas esta reforma agraria
formaba parte de la “primera etapa” en el camino
de la independencia nacional, coincidiendo objetiva y subjetivamente
con la burguesía liberal que buscaba modernizar la
estructura del agro para incorporar al campesino indígena
como productor-consumidor, es decir para ampliar el mercado
interno, y transformar al campesino en “ciudadano”
para incorporarlo a la economía nacional capitalista.
De esta manera el stalinismo, aparte de colaborar políticamente
con la burguesía y preparar el camino para futuras
frustraciones de las masas, negaba la alianza estratégica
obrera y campesina, la dimensión de opresión
nacional y el derecho a la autodeterminación de los
pueblos- naciones indígenas.15
Hoy en día algunos intelectuales “progresistas”
recurren a argumentos bastardeados presentados como “marxistas”,
para desvirtuar completamente esta cuestión. Así
por ejemplo apelando a que “Una condición fundamental
para el real desarrollo de una nacionalidad, es la de un
fuerte desarrollo económico” proponen como salida
una limitada autonomía regional y cultural “reconocida
por la constitución política del estado16“.
De este mecanicismo pedantesco de los intelectuales “progresistas”
que se ubican en el horizonte del estado burgués
“tal cual es”, surgen las “teorías”
donde se nutren las agencias gubernamentales y ONG’S
para diseñar sus planes de cooptación e “integración”
de las comunidades indígenas con el propósito
deliberado de desbaratar la lucha de las masas.
Esto equivale a negarle a los pueblos originarios el derecho
a la autodeterminación, limitándola a lo que
el estado opresor acepte reconocerle. Sería lo mismo
que negarle al pueblo palestino su derecho a luchar por
un estado propio, o negar el derecho de autodeterminación
a los negros, si así lo desearan, en EE.UU. y por
extensión a la mayoría de los pueblos oprimidos,
cuando es justamente la opresión imperialista y nacional
la que los mantiene en el atraso e impide su desarrollo.
Esta concepción fue adoptada por la corriente reformista
denominada austromarxismo y combatida en su momento por
Lenin. Otto Bauer, su principal teórico afirmaba
que la esencia de una nación estaba en su estructura
“psicológico cultural”, se negaba entonces
a levantar la autodeterminación de las nacionalidades
de los Balcanes, reduciendo la cuestión a otorgarle
solo “autonomía cultural”, en el marco
del estado imperial y las leyes de los Habsburgo17.
Una
visión progresiva de la cuestión indígena
fue la sostenida por uno de los pioneros del pensamiento
marxista en Latinoamérica y fundador del Partido
Socialista peruano, José Carlos Mariátegui
en la década del 20: “No nos contentamos con
reivindicar el derecho del indio a la educación,
al progreso, a la cultura, al amor y al cielo. Comenzamos
por reivindicar categóricamente, su derecho a la
tierra18“. Sin embargo, a pesar de reconocer que en
el Perú de los años veinte los indígenas
de origen Quechua de la sierra tenían todas las características
de una nacionalidad19, ponía especial acento en la
cuestión de clase, al cual subordinaba el problema
nacional. En la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana,
Mariátegui señalaba que: “Creemos que
la palabra de orden que hará del indio un aliado
del proletariado no indio en la lucha de sus reivindicaciones,
no debe ser la palabra de orden de la autodeterminación
india, sino la palabra que plantea a los indios sus reivindicaciones
de clase oprimida y explotada: eso podrá transformarlos
en aliados del proletariado alógeno, eso podrá
llegar a darles un espíritu de clase, tarea fundamental
de la propaganda marxista....en otras palabras: hay que
tener en cuenta el problema racial, pero hay que supeditarlo
al problema de clase“.20 En la década del 20
cuando fueron escritas estas líneas, indígena
era sinónimo de campesinado en todos los países
andinos.
En los últimos años la emergencia del movimiento
indígena muestran que ésta no ha desaparecido
como esperaban los reformistas burgueses sino que incluso
ha desbordado los límites del campesinado y abarca
otros sectores de la población inclusive urbana.
Pequeños comerciantes, artesanos, obreros, etc. mantienen
múltiples lazos con el medio rural indígena,
esto ha potenciado el surgimiento del movimiento indígena
y los reclamos nacionales y que se vean obligados a luchar
como oprimidos y explotados.
Finalmente, es evidente que la cuestión nacional
indígena en América latina y el Caribe ha
cobrado una nueva dimensión debido al agravamiento
de las condiciones económicas y la presión
política del imperialismo. El "desarrollo"
de ciertos centros urbanos en detrimento del hundimiento
en la miseria de regiones enteras en nuestro continente,
han potenciado su entrada en escena. La irrupción
de los campesinos indígenas zapatistas de Chiapas,
el movimiento democrático hegemonizado por los indígenas
en Guatemala, la lucha de los Mapuches que habitan el sur
de Chile contra el gobierno y las multinacionales, las movilizaciones
de los campesinos indígenas en Bolivia, es objetivamente
prueba de ello, más allá de las limitaciones
que expresan sus direcciones políticas. Para nosotros,
poner fin a la explotación y opresión secular
a la que es sometido el campesino indígena, pasa
por liquidar audaz y definitivamente el monopolio de la
tierra y resolver en forma progresista la independencia
nacional. Estos dos problemas no pudieron ni pueden ser
resueltos por la decadente burguesía semicolonial.
Estas tareas que solo pueden ser resueltas estratégicamente
por la clase obrera latinoamericana tiene ya en el movimiento
campesino indígena a un aliado estratégico
para luchar por la expulsión del imperialismo del
continente. |
