| En
1994 se abrió en el país una situación
pre-revolucionaria con la entrada en escena del campesinado
y los indígenas en Chiapas. Luego del triunfo de
Zedillo a fines del 94, que se dio en llamar el “sexenio
de la transición”, esta situación fue
cerrada por los “Diálogos de Paz” y los
“Acuerdo de San Andrés” firmados entre
el PRI y el EZLN en 1995 -posteriormente desconocidos por
el PRI- lo que impidió la extensión de la
lucha por la tierra al movimiento obrero, y la unificación
de las demandas de las masas, en un solo movimiento revolucionario
contra el odiado Priato.
Pero es ante este profundo desgaste de las instituciones
del régimen nacido en 1929 (ver artículo en
este mismo dossier) que el Priato - aconsejado por el imperialismo-,
inicia una “autorreforma” que le permitió
“maquillar” estas desgastadas instituciones mediante
la conformación de un Congreso (“amplio”
y “plural”), con una mayor participación
de la oposición burguesa donde, el “nuevo régimen”
aparenta transitar a una “real” división
de poderes y, donde el peso de la presidencia, aparece formalmente
acotado. Este es el sentido que tuvo la imponente maquinaria
electoral puesta a funcionar en las elecciones internas
del PRI que le dio el triunfo a Labastida, actual candidato
del PRI.
Esta trampa de la “transición pacífica
a la democracia” acordada entre el PRI-PAN-PRD ha resultado
en cambios cosméticos, sin que éste pierda
lo esencial de su carácter bonapartista. Es ésta
la génesis del nuevo régimen de la “transición
pactada”, cuyo carácter antidemocrático
y anti-obrero trataremos de demostrar.
El
régimen ha basado su fortaleza en la relativamente
buena situación macroeconómica, con una tasa
anual de crecimiento del 3.4% del PBI, la duplicación
de sus exportaciones desde el 94 y el 20% de crecimiento
del PBI en el mismo período, producto de la integración
significativa a la economía norteamericana y su largo
ciclo de crecimiento. Este proceso, lejos de disminuir las
penurias de las masas, ha resultado en una subordinación
cada vez mayor de México a los dictados del imperialismo
yanqui como lo ha demostrado la presión ejercida
sobre la producción petrolera por el control de los
precios del crudo mexicano. Esta situación, mientras
produjo el crecimiento de las ganancias burguesas después
de la recuperación de la crisis del “Tequila”,
significó más miseria para el movimiento de
masas obreras y campesinas, pero también le dio cierta
base de sustentación al régimen en sectores
de las clases medias.
Esto es lo que está tras el acuerdo en las alturas
pactado entre el PRI-PAN-PRD, que legitima la aplicación
de los planes de recolonización imperialista, y que
ya está mostrando sus limitaciones y contradicciones.
Esta política que pretende servir como válvula
de escape de las contradicciones sociales y políticas
del régimen, sufría una fuerte oposición
dentro del PRI por parte de los sectores más aferrados
al modelo de control caciquil y despótico que el
sistema político mexicano utilizó durante
70 años contra las masas.
Esta falsa democratización del nuevo régimen
de la “transición” queda evidenciada con
las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, Acteal, Chiapas
y el Charco; con los desplazamientos y despojos en las comunidades
indígenas por los grupos paramilitares; con la represión
en el Mexe, y en Hidalgo; con la política del “gatillo
fácil” de la policía que asesinó
a los jóvenes de la Colonia Buenos Aires en el DF;
con la represión del gobierno “democrático”
del PRD contra los vendedores ambulantes y los ocupantes
de predios, etc.
Pero fue la violenta ocupación de la UNAM por la
Policía Federal Preventiva, avalada por el PRD y
la ruptura de los acuerdos del régimen (Gobernación-rectoría)
contraídos con el CGH -para romper la huelga estudiantil-,
la que demostró, ante importantes sectores de masas,
que el régimen del PRI-PAN-PRD no pretende cambiar
el carácter despótico y totalitario de esta
“transición” blindada que se apoya en los
tribunales, la policía y el ejército, que
metió a la cárcel a cientos de estudiantes
jóvenes y menores de edad, a cientos de profesores,
padres de familia, activistas sindicales, sociales y de
organizaciones políticas para frenar su lucha por
la educación pública.
Esta política reaccionaria, se desenmascara por el
cínico apoyo del aparato de estado a la campaña
del candidato presidencial del PRI, con la compra de votos
y la cooptación de diputados de la oposición
burguesa en el Congreso.
Como afirma el politólogo mexicano Luis Javier Garrido:
“El régimen mexicano guarda a fin de siglo los
mismos rasgos que lo caracterizaron en las últimas
décadas: El titular del Ejecutivo continúa
siendo impune y no tiene freno ni contrapeso en los otros
dos Poderes, en tanto que siguen sin estar garantizados
los derechos políticos, sociales y económicos
de los individuos y las comunidades (...) El régimen
mexicano, como se sabe, buscó reciclarse en los años
de la tecnocracia: a) abriéndole espacios de gobierno
primero al PAN y luego al PRD y b,) incorporando a estos
dos partidos de oposición a la toma de decisiones
por la vía de las negociaciones privadas efectuadas
a espaldas de la sociedad...” (La Jornada 24-3-2000).
Si bien, formalmente el presidencialismo pleno está
algo limitado por la conformación actual de la Cámara
de Diputados, su poder sigue siendo inmenso, como lo demostró
Zedillo firmando el TLCEU (Tratado de Libre Comercio con
la Unión Europea) en Lisboa, pasando por encima del
Congreso, imponiendo un acuerdo que significa un salto en
la entrega del país a las transnacionales europeas
y por el cual, las leyes mexicanas quedan supeditadas a
la reglamentación jurídica de las empresas
multinacionales y de los países imperialistas europeos.
Con esto, México se convierte cada vez más
en una zona de disputa interimperialista, aunque con claro
predominio de Estados Unidos.
Es el presidencialismo el que le permite a Zedillo usar
al ejército para vigilar y controlar los estados,
cercando regiones del interior donde más se expresa
el descontento campesino, encarcelando y torturando a los
luchadores sociales (como a la universitaria Erika Zamora
por citar sólo un ejemplo).
Estas contradicciones, no sólo hacen poco creíble
la transición pactada, sino que deslegitima - desde
ahora- cualquier triunfo electoral del PRI ante las masas.
Y es que, la transición pactada, es una “auto-reforma”
funcional a la aplicación de los planes de recolonización
imperialista del FMI y el Banco Mundial.
Pues es precisamente bajo la “auto-reforma”, que
se ha profundizado la miseria del país: la crisis
del agro por la aplicación del TLC (Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos) que provoca una migración
campesina hacia las maquiladoras en el norte del país,
los recientes recortes presupuestales, el entreguista acuerdo
con Europa, el incremento de la militarización del
país y la represión de indígenas y
campesinos. Estos planes han convertido a México
en el “paraíso” para las industrias maquiladoras.
Al amparo de esta “transición pactada”,
aumentó enormemente la deuda externa del país
con el rescate bancario (725 mil millones de pesos) y el
rescate carretero (91 millones de pesos), que fueron incorporados
como deuda pública al Instituto de Protección
al Ahorro Bancario (IPAB).
La polarización social que genera esta política
contra las masas y los roces que produce en los grupos de
poder, han impedido que la transición se asiente
en forma ordenada. Es una transición que es cada
vez más cuestionada y deslegitimada por sectores
del movimiento de masas.
EL
PRD, LA IZQUIERDA “ANTI-NEOLIBERAL” Y LA BUROCRACIA
“OPOSITORA”
El
PRD, que desde el 97 gobierna el D.F. (Distrito Federal),
ha frenado una y otra vez el desarrollo del movimiento democrático
de las masas contra el odiado régimen, así
fue en los momentos claves de 1988 y 1994.
Nuevamente, su rol como bombero del régimen quedó
demostrado en la huelga estudiantil de la UNAM, en la cual
actuó desde adentro del movimiento, mediante su corriente
moderada y, desde afuera, utilizando incluso la represión
de la policía del DF que dirige. Así, actuó
conscientemente para debilitar y aislar la huelga. Intentó
desviar la lucha contra la privatización de la educación
pública e intentó frenar el desarrollo de
una vanguardia juvenil que, por su dinámica política
y su enfrentamiento al régimen, fue durante el 99
la piedra en el zapato de la “transición pactada”.
Es decir, el PRD ha sido clave para desviar el descontento
popular en el país, creando ilusiones en un régimen
que avanza de poco a poco hacia su “democratización”.
El PRD está aplicando esta misma en los sindicatos
que ha cooptado bajo acuerdos electorales.
Las direcciones sindicales “opositoras” son las
encargadas de hacer pasar la “transición pactada”
en el movimiento obrero, ante el desprestigio de la burocracia
de la CTM (Central de Trabajadores Mexicanos) priísta
y el Congreso del Trabajo. Estas burocracias “opositoras”
tratan de reacomodarse para ser los nuevos interlocutores
ante el gobierno, al que sólo le piden que lime los
filos “neo-liberales” del ataque a las masas.
Tanto el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) como
el Frente Nacional contra la privatización de la
industria eléctrica encabezado por el SME (Sindicato
Mexicano de Electricidad) y lo que queda de la CIPM (Coordinadora
Intersindical 1ro de Mayo), vienen negociando la mutilación
de los contratos colectivos de trabajo, la flexibilización
laboral y salarial y la esclavista productividad. Esto mismo
es lo que vienen haciendo direcciones como la del IMSS,
la de Télmex, la del SUTIN (Sindicato Unico de Trabajadores
de la Industria) y la del STUNAM (no docentes), todas de
la traidora UNT (Unión de Nacional de Trabajadores).
Son direcciones enemigas tanto del frente único obrero
como del frente único obrero-estudiantil que se expresó
desde la gran marcha de julio del año pasado con
la confluencia de las luchas contra la privatización
de la CLyF ( Compañía de Luz y Fuerza) y de
la UNAM. Todas estas direcciones han aislado conscientemente
la huelga estudiantil universitaria para evitar que los
reclamos y la movilización independiente hagan entrar
en crisis al régimen que ellas avalan. Son las garantes
de la aplicación de los planes imperialistas que
la vieja burocracia sindical ya no puede imponer sin provocar
una mayor crisis en el régimen que las cobijó
durante décadas.
Lamentablemente, a esta política se subordina la
izquierda reformista mexicana que, bajo la argumentación
de la lucha contra el “neoliberalismo”, en vez
de llamar a los trabajadores a levantar una política
independiente para tirar abajo el TLC, no pagar la deuda
externa, rechazar los convenios de productividad y acabar
con el desempleo, acuerda con la burocracia “opositora”,
cuestionando sólo los aspectos “salvajes”
del capitalismo, reduciendo la lucha de clases al llamado
a votar por el PRD para presionar al Congreso a que discuta
leyes “más humanas”. Bajo esta estrategia
colaboracionista se conformó recientemente el Frente
de Sindicalistas en apoyo a Cárdenas, integrado por
las organizaciones arriba mencionadas.
Entre la izquierda reformista (“anti-neoliberal”)
cooptada por el PRD, destacan los maoístas y los
grupos populistas. Aunque se dicen “anti-electoralistas”
y “anti-burgueses” presionan al gobierno para
acordar poder de gestoría ante sus bases (como los
agrupados en el Movimiento de Unidad y Lucha Popular- MULP).
En su intento por frenar cualquier proceso independiente
que enturbie la transición pactada de la que se han
hecho parte, en el conflicto de la UNAM, tratan de subordinar
al CGH a las organizaciones obreras y sociales ligadas a
Cárdenas y al PRD.
LA
HUELGA ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA:UNA EXPRESIÓN DEL
DESCONTENTO DE LAS MASAS
En
medio de una situación caracterizada por el desvío
del descontento obrero y popular hacia una coyuntura electoral
y de pactos reaccionarios entre las direcciones del movimiento
obrero y popular, la huelga estudiantil universitaria, evidenció
el carácter antidemocrático del régimen
de la transición y su rol de garante de los planes
imperialistas (ver artículo “Ultras y moderados
en la huelga de la UNAM”).
En una situación en la que tanto las demandas obreras,
campesinas, de los jornaleros, de los pequeños y
medianos agricultores, vienen siendo contenidas por el discurso
“opositor” de Cárdenas, el movimiento estudiantil
aparece como un fenómeno político que puede
conjugar las expresiones de repudio al régimen de
distintos sectores de la población, excediendo los
marcos de la lucha de la UNAM.
Al enfrentar la privatización de la universidad exigida
por el FMI y el Banco Mundial, la huelga apuntó contra
un aspecto central de los planes de recolonización
imperialista desenmascarando el carácter profundamente
reaccionario y limitado de la “reforma democrática
del régimen” y toda la estructura reaccionaria
que ayer encabezaba el rector Barnés y hoy el represor
De la Fuente.
La delimitación del CGH con las direcciones burguesas
en la dinámica misma de la huelga, significa un importante
avance en el surgimiento de un nuevo movimiento estudiantil,
pues rompió el control hegemónico de las corrientes
del PRD en la UNAM (como el Consejo Estudiantil Universitario-CEU)
que, desde la importante huelga de 1986, venía impidiendo
un movimiento independiente en la universidad. Significó
–por lo tanto- la crisis de la principal mediación
burguesa del régimen dentro del movimiento estudiantil.
Por eso la patronal, el Congreso, el alto clero, los monopolios
de la comunicación (a los que se sumó la “izquierda
moderada”), satanizaron a los paristas del CGH como
“ultras”.
Desde este punto de vista, y más allá de su
retroceso, es un fenómeno político que preocupa
seriamente al régimen, pues la repercusión
de la lucha de la vanguardia estudiantil, ha servido de
acicate a acciones -aún incipientes y moleculares-
del movimiento obrero y popular en varios estados en protesta
contra la miseria y los planes imperialistas. Es una vanguardia
que, al representar el punto más alto de la resistencia
a los llamados planes “neoliberales”, ha actuado
como caja de resonancia de las contradicciones sociales.
Así, vemos como esta vanguardia incidió en
el estallido de la huelga nacional de los ingenios azucareros
hace dos meses, las movilizaciones a nivel nacional de los
trabajadores de la educación contra la descentralización
educativa, la lucha del Mexe y la movilización de
los 12 mil trabajadores y alumnos de las normales rurales
en varios estados en apoyo a los alumnos de esa normal,
las de los trabajadores de la salud (como los del ISSSTE)
y el movimiento de los médicos, que están
realizando paros escalonados en protesta contra la privatización
de este sector y sus efectos contra las conquistas obreras
y la inquietud que están expresando los trabajadores
del SUTIN y el SME. O, como en el campo, donde la caída
de los precios de los productos del agro en beneficio de
las transnacionales, está llevando a la quiebra a
los pequeños y medianos productores y profundizando
la miseria de los campesinos pobres y de los obreros agrícolas
(éstos últimos han realizado ocupaciones de
empresas -reteniendo a los patrones- para cobrar sus salarios
atrasados). Vistos de conjunto, estos movimientos cuestionan
objetivamente al TLC y los pactos con el FMI y el Banco
Mundial que el régimen impone a rajatabla.
Pero es la clase media la que más está expresando
su descontento ante el ataque a sus condiciones de vida
(gran endeudamiento, créditos caros, privatización
de la educación, recortes de planta laboral, pauperización
y tecnificación del trabajo intelectual; crisis de
los medianos y pequeños productores, la privatización
de la salud y los servicios, el incremento al crédito
para la vivienda). Y es que ésta había sido
una fuerte base social del régimen durante años,
sobre la que se apoyaba para imponer sus planes. En los
últimos días, el Barzón, los medianos
y pequeños agricultores, los tarjeta-habientes se
apostaron fuera del Senado tirando huevos y hortalizas podridas
en sus paredes, quemando sus cosechas de trigo y café
en el Zócalo, en protesta por la descapitalización
que les provocó el TLC en el campo.
Este descontento de sectores de la clase media que se expresa
cualitativamente como repudio a la represión a los
estudiantes, con la aparición de un nuevo movimiento
democrático como los 100 mil manifestantes que salieron
a la calle el 9 de febrero, refleja la gran polarización
social que existe en el país. Este fenómeno
sólo es comparable con las movilizaciones de masas
contra el fraude del 88 o las que reclamaban el fin de los
ataques militares a Chiapas en enero del 94. Este movimiento
democrático basado en las ciudades, hoy desviado
por la coyuntura electoral, puede ser un importante aliado
de los trabajadores en luchas futuras, y sigue cumpliendo
aún hoy un rol progresivo contra el intento de militarización
de la UNAM.
Es decir, que el movimiento estudiantil universitario ha
servido como catalizador del descontento contra los que
están entregando el país al imperialismo.
La lucha en la UNAM, se tornó así en un fenómeno
político que adquirió un carácter nacional
por las contradicciones que abrió en el régimen.
UNA
COYUNTURA ELECTORAL INESTABLE
El
gran desafío que enfrentan las masas son los acuerdos
estratégicos que mantienen los distintos sectores
burgueses por cumplir los compromisos con el imperialismo,
aunque difieran, por cuestiones tácticas, en los
ritmos de su aplicación (como son el TLC, pago de
la deuda externa, las privatizaciones, la reforma laboral,
el rol del ejército en la política nacional,
etc.).
Pues si bien es cierto que hay una crisis de confianza del
gobierno, una deslegitimación de la transición
pactada y una importante pelea por la continuidad del PRI
en el poder, existe una gran “unidad nacional”
de la burguesía alrededor de estos problemas de estado.
Sobre este acuerdo en las alturas, el régimen está
avanzando en su salida, logrando que las elecciones ocupen
el centro de la escena nacional.
En este marco, existe un avance real de Vicente Fox en la
campaña electoral con un discurso de “verdadero
opositor” al PRI. A este recambio están apostando
el alto clero desde sus homilías; los grandes empresarios
propagandizando que una “alternancia” en el poder
no desestabilizaría la situación económica
y los partidos patronales que confían como garante
del proceso en un IFE “ciudadanizado” y “democrático”.
Pese a que el PRD está debilitado a nivel local por
los descalabros de su gobierno en el DF y por sus pugnas
internas, como lo demuestra la división actual frente
a la presencia de la PFP en la UNAM en los últimos
días, a nivel nacional, puede posicionarse mejor
frente al desgaste del “odiado PRI”, capitalizando
por “izquierda” el descontento contra el régimen
de la transición pactada, lo que muy probablemente
se exprese en su triunfo en el DF.
Por eso Cárdenas y el PRD, demagógicamente,
aparecen hoy como los “campeones” del combate
contra el TLC (al que “sólo habría que
renegociarlo bajo otro gobierno”), contra el fraude
del IPAB del PRI-PAN, contra a la “entrega total”
del país vía la firma del TLC con Europa,
contra la venta de PEMEX, de la industria eléctrica
y cuestionan los condicionamientos del “blindaje financiero”.
Una corriente de opinión que expresa la necesidad
del voto útil, es reflejada por Alberto Asís
Nassif quién escribe: “Una vez que el PRI es
derrotado, se abren las posibilidades para que otras opciones
opositoras entren de lleno al juego de la competencia por
el poder, pero, antes hay que dar el primer paso, hay que
derrotar al partido oficial”. (La Jornada, 28-lll-2000).
Es decir, ya sea bajo el voto a Cárdenas, a Fox (o
al PRI), el descontento obrero popular, la situación
y los elementos pre-revolucionarios que se venían
configurando, pueden ser desviados, cerrando por ahora la
posibilidad de su maduración en la salida a las calles
de las masas exigiendo la caída del régimen
de la “transición pactada”.
Esta disputa electoral, da pasos, sin embargo a una auténtica
“unidad nacional”, cuando se trata de la política
de subordinación al imperialismo, el mantenimiento
del charrismo en el movimiento obrero, y en una política
cada vez más represiva de todos aquellos que cuestionan
por izquierda la transición pactada.
PERSPECTIVAS
El
avance de una coyuntura reaccionaria, a partir del retroceso
de la lucha estudiantil y de la entrada de las masas en
el escenario electoral, sin embargo, no resuelve las contradicciones
y los problemas de la transición.
En primer lugar, la unidad interna del PRI -base del avance
de la “autorreforma” del régimen-, tiene
patas cortas, pues las pugnas derivadas de la repartición
de diputaciones seguramente desarrollará nuevas rupturas
y desprendimientos (como vienen dándose en algunos
estados del país).
El grado de descontento social tiende a generalizarse debido
a la caída de los salarios, el aumento de los precios
y de las tarifas de los servicios y el creciente desempleo,
están provocando movilizaciones de distintos sectores
de la población que, hasta ahora han sido contenidos
por sus direcciones, pero que probablemente amenacen la
estabilidad en el nuevo sexenio.
En el campo es donde más se expresa la desconfianza
en la salida electoral, en los partidos patronales e incluso
en algunos sectores, en las direcciones dialoguistas como
Marcos y los comandantes del EZLN. Es un fenómeno
que tiene hondas raíces sociales, en la miseria y
la represión a la que está sometido el campesinado.
Proceso que ha generado elementos de radicalización
que alientan el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros
(o desprendimientos por “izquierda” como el ERPI
o el EVRP que rompieron con el Ejército Revolucionario
del Pueblo).
Además, fenómenos como la sublevación
popular del Mexe, o los reclamos de trabajadores con tomas
de empresas –como los jornaleros de Valle de San Quintín
(Baja California)- están presentes como una posibilidad
que la coyuntura electoral no puede eliminar.
Habrá que ver qué pasará cuando después
de julio se profundicen las medidas y los ajustes contra
las masas. O cuando la deuda del Fobaproa -que llegó
a representar más del 19 por ciento del PIB- empiece
a causar grandes estragos, ya que tendrán que pagarse
cada semana 1.000 millones de pesos para cancelar los pagarés
del Fobaproa, sin contar con la repercusión que tendría
sobre la economía - y sobre el pago de la deuda externa-,
un alza en las tasas de interés en Estados Unidos.
El PRI parece estar dispuesto a recurrir a todos los mecanismos
necesarios para continuar en el poder. De ser así,
su triunfo (legal o fraudulento) tendría escaso margen
de credibilidad y de maniobra que polarizaría más
la situación. Esto lo debilitaría más
rápidamente, dando lugar a una probable crisis interna,
abriendo la posibilidad de que se desarrollen importantes
acciones de masas.
Otro probable escenario, es que, ante el odio al PRI y,
la poca fuerza mostrada por el PRD y Cuauhtémoc,
Vicente Fox gane la presidencia -apoyado centralmente por
la clase media alta, pero también por un sector importante
de trabajadores, y avalado por el imperialismo como recambio
burgués que garantice las inversiones extranjeras.
Por un período podría lograr frenar el descontento
con su discurso anti PRI y su populismo de derecha (parecido
a Fujimori en sus inicios).
Sin embargo, no serán sólo los resultados
electorales los que determinen el conjunto de la situación.
La relación de fuerzas entre las clases no está
aún definida. Será al calor de la lucha y
de la experiencia de las masas en el próximo período
que irán emergiendo nuevos fenómenos que volverán
a poner en cuestión la legitimidad del régimen
de la “transición pactada”.
POR
UNA POLÍTICA REVOLUCIONARIA FRENTE A LA COYUNTURA
ELECTORAL
La
lucha del movimiento estudiantil mexicano y del CGH demostró,
a lo largo de más de un año y aún hoy,
las incapacidad que tiene el régimen para “autorreformarse”
y contener las profundas contradicciones que implica imponer
los planes imperialistas con sus consecuencias de hambre
y miseria, para lo que necesitan mantener, aún maquillados,
los viejos instrumentos del bonapartismo mexicano, con sus
charros, sus caciques y sus porros contra el movimiento
de masas.
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo, opinamos
que, independientemente de los resultados de las elecciones
del 2 de julio, éstas no atenuarán las contradicciones
sociales, económicas y políticas existentes.
Por lo que afirmamos que la clase obrera y sus aliados,
deben romper con las direcciones burguesas que se montan
en sus luchas. ¡Ninguna confianza en Cárdenas
y el PRD!
¡Abajo el régimen de la transición pactada
contra las masas!
El PRI es irreformable, el PAN y el PRD defienden la esencia
del régimen de los banqueros corruptos, los caciques,
los terratenientes y sus guardias blancas, los narcotraficantes
y los podridos charros sindicales. Para ello, desde la LTS,
luchamos por una Constituyente Revolucionaria sobre las
ruinas del priato (ver artículo “El ciclo del
bonapartismo mexicano y las tareas de la revolución
proletaria”).
La clase trabajadora deberá dotarse en el próximo
período de un programa independiente de la burguesía,
que dé respuesta a sus necesidades más inmediatas
y a aquellas de toda la nación explotada y oprimida.
En la coyuntura inmediata, los partidos patronales de la
reaccionaria “transición pactada” tratan
de utilizar las elecciones para legitimarse mientras su
régimen reprime y mantiene presos a los compañeros
del CGH de la UNAM, que enfrentaron los planes del FMI contra
la educación pública en América Latina
durante un año. Los trabajadores y todos los sectores
oprimidos por el régimen deben enfrentar esta trampa
reaccionaria.
Por el contrario la política de la mayoría
de los grupos de izquierda frente a las elecciones es un
complemento de su rol capitulador en la lucha de la UNAM.
El grupo UNIOS-FP (Frente del Pueblo), que se reclama trotskista,
nuevamente, llama a votar “críticamente”
a Cárdenas como lo hizo en el 88 y en el 97. El POS,
hace una campaña “socialista”, con un candidato
propio, Aguilar Mora (el ex-dirigente del PRT), pero no
por ello es más independiente políticamente
del PRD a quien se subordinó permanentemente, como
lo demostró su vergonzosa actuación en el
conflicto de la UNAM.
Frente a las condiciones proscriptivas que impone el régimen
para utilizar el proceso electoral para levantar un programa
revolucionario, la LTS propone a todas las organizaciones
que se reclaman de lucha y combativas, impulsar una amplia
campaña democrática contra el régimen
represor votando por la libertad y el desprocesamiento de
todos los presos de la UNAM, el Mexe y los más de
1.000 presos políticos mexicanos. Este sería
un gran paso progresivo hacia el agrupamiento de la vanguardia
para enfrentar al régimen.
Así, con esta propuesta, el CGH y las organizaciones
sindicales y sociales agrupadas en la CNTE, el Frente Nacional
de resistencia contra las privatizaciones, la Coordinadora
Intersindical 1° de mayo y el Consejo Nacional de Lucha,
podrían alzar su voz en estas elecciones para combatir
también en este terreno al régimen de la transición
pactada. |
