Estrategia Internacional N° 15
Otoño de 2000

PRIMERA PARTE

1910:
Comienza la primera revolución mexicana

La primera revolución, iniciada en 1910, logró la destrucción del viejo estado porfirista. Su carácter se explica, en primer término, por los rasgos centrales de una formación social que combinaba un incipiente desarrollo capitalista nacional, moldeado por la penetración y subordinación al capital imperialista, con la subsistencia de estructuras precapitalistas cuya máxima expresión era la situación agraria (donde a su vez se combinaban distintas formas capitalistas y precapitalistas, como el peonaje, semiesclavitud, etc.). En una formación social atrasada, la resolución de las tareas democráticas inconclusas1 fue el motor de una revolución agraria cuya dinámica objetiva fue anticapitalista y enfrentó a las clases dominantes mexicanas. Ante la debilidad manifiesta del joven proletariado mexicano, el lugar del sujeto revolucionario fue ocupado por los ejércitos campesinos de Villa y Zapata.
La ruptura de estos con los representantes de la burguesía y la pequeñoburguesía maderista a partir de 1914 fue un punto de inflexión que mostró el divorcio entre los distintos sectores que inicialmente conformaban el bloque antiporfirista. Ello mostró también el olfato y el instinto de los representantes del campesinado revolucionario frente a quienes eran incapaces de resolver el problema de la tierra, principal demanda motora de la revolución en el campo2. Ello le dio a la revolución mexicana un carácter indudablemente contemporáneo, más próximo a las revoluciones del siglo XX en cuanto al enfrentamiento entre clases explotadoras y explotadas, que a las clásicas revoluciones burguesas del siglo XVII y XVIII o a los procesos independentistas latinoamericanos del siglo XIX.
Adolfo Gilly, en La Revolución interrumpida, explica la importancia de la experiencia de la Comuna de Morelos, donde los campesinos, luego de eliminar a los terratenientes y gachupines, organizaron la economía agraria y su propio poder político local. La lucha revolucionaria dada por la División del Norte de Francisco Villa y el Ejército del Sur basado en las milicias campesinas y dirigido por Emiliano Zapata, así como la gloriosa experiencia de la Comuna de Morelos, mostraron el potencial revolucionario de la lucha del campesinado pobre. En cuanto al proletariado mexicano, fueron su juventud, la inexistencia de organizaciones que levantaran un programa para la alianza revolucionaria obrero-campesina3, y el éxito del constitucionalismo en subordinar al proletariado a su lucha contra Villa y Zapata4, los factores que impidieron que jugase un rol dirigente en la revolución y fuera capaz de darle a ésta su salida. El campesinado mexicano, que tuvo la enorme virtud de alcanzar el punto de conciencia y organización más alto jamás alcanzado por las capas campesinas en la historia de las revoluciones, mostró su incapacidad histórica para presentar una alternativa nacional que respondiera a sus intereses y aspiraciones contra el proyecto de la burguesía y del imperialismo5.
Por su parte, las disputas existentes entre Carranza y Obregón en el campo del constitucionalismo burgués mostraron, no la existencia de proyectos socialmente divergentes, sino políticas diferentes para “resolver” de forma reaccionaria la insurgencia campesina y lograr la “estabilización” del país.
Definiendo, entonces, la dinámica y el resultado de la revolución mexicana, podemos decir que la misma, motorizada por las tareas democráticas no resueltas por la burguesía (que ya no podría resolver en la época imperialista), tuvo una dinámica objetivamente anticapitalista expresada, en su punto más alto, por la Comuna de Morelos zapatista. Ante la incapacidad del proletariado y la impotencia histórica del campesinado serán los representantes de la pequeñoburguesía y la burguesía los que, con la gran superioridad que les otorgó tener un punto de vista nacional (burgués), den una salida reaccionaria a los fines democráticos de la revolución6.
El triunfo del constitucionalismo estará asentado en la derrota física de los ejércitos campesinos y en la destrucción de la Comuna de Morelos: es decir, sobre la derrota del ala radical de la revolución. Sobre la base de esta derrota es que se impondrá la “contrarrevolución obligada por las circunstancias a tomar formas democráticas” lo que significó concretamente el desvío de las aspiraciones de las masas hacia el régimen burgués por la vía del constitucionalismo, como se ve claramente en la Constitución de 1917, sentando así las bases del moderno desarrollo capitalista en México. Desde otro punto de vista, esto significó la liquidación de la perspectiva anticapitalista que planteaba la insurgencia campesina y, de aquí en más, la subordinación del proletariado y el campesinado tras la conciliación de clases7. Sobre este resultado de la revolución es que surgirá el bonapartismo burgués que se asentará progresivamente en los años siguientes y que tendrá en la formación del PNR en 1929 su punto culminante.

La emergencia histórica del bonapartismo mexicano
Ante la debilidad de la burguesía como clase8, serán los caudillos militares triunfantes, provenientes de las filas de la pequeñoburguesía, quienes se postularan para reconstruir el estado burgués, representar políticamente los intereses históricos de la burguesía, y avanzar en una mayor subordinación del país al imperialismo norteamericano9. Encabezado por Obregón y Calles, emergerá el bonapartismo mexicano, que, por lo menos hasta 1929, tendrá un carácter no asentado, cruzado por disputas al interior de la burguesía y del ejército.
El carácter bonapartista del régimen posrrevolucionario no puede entenderse sin tomar en cuenta el hecho de que la derrota de la revolución no se dará mediante una contrarrevolución clásica sino mediante el desvío de las masas hacia el “constitucionalismo”. Esto significa que, a diferencia de una dictadura semifascista en las semicolonias, el bonapartismo mexicano debió tomar en cuenta la relación de fuerzas resultante de una revolución que cruzó toda una década, institucionalizarse y legitimarse ante el movimiento de masas, y encontrar su base social en el control político de sus organizaciones, base social que en esos años será el campesinado10.
La fundación del Partido Nacional Revolucionario por parte de Plutarco Elías Calles (el “jefe máximo”), en 1929, buscará estabilizar al bonapartismo en torno al nuevo partido de estado: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), unificando a las facciones “revolucionarias” y relegando al ejército al rol de ser pilar del estado.

El bonapartismo sui generis: el cardenismo
El marco en el cual se dará el ascenso político de Lázaro Cárdenas fue el reanimamiento del movimiento de masas y la necesidad de profundizar la institucionalización del régimen para aceitar su legitimación11. Surgió el régimen que León Trotsky definió como bonapartismo sui géneris y que ante la presión imperialista y la fortaleza del proletariado respecto a la burguesía nativa, “oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado... puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o bien maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad con relación a los capitalistas extranjeros”12
Las concesiones otorgadas frente a la presión de las masas (como el salario mínimo y una nueva y controlada repartición de tierras) serán utilizadas por el cardenismo para frenar la movilización y soldar nuevamente los quebrados lazos de subordinación de la clase obrera y del campesinado al Estado. El proceso citado en el movimiento de masas dará pie al surgimiento de la Confederación de Trabajadores de México, en febrero de 1936, y en el campo, en 1938 surge la CNC. La convocatoria de Cárdenas a la unidad y organización del movimiento obrero, por un lado, y del movimiento campesino, por el otro, buscaron subordinarlos a una estrategia de conciliación de clases13, y en ello cumplió un rol central la burocracia sindical enquistada en los sindicatos y la dirigencia campesina ligada al cardenismo14.
El régimen bonapartista avanzó en la consolidación de su relación con el movimiento de masas, en especial, con el proletariado; de hecho, el objetivo central de la fundación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938 será integrar al mismo al movimiento obrero e impedir la emergencia de una real alternativa proletaria15. Por otra parte, la definición de bonapartismo sui géneris cobra vida al tomar en cuenta la expropiación petrolera que, como una medida que no era “ni socialista ni comunista. (sino) una medida de defensa nacional altamente progresista”16, mostró el enfrentamiento del cardenismo con el imperialismo y una relativa independencia respecto a éste.
Como conclusión, si la fortaleza del proletariado obligó al bonapartismo mexicano a otorgar determinadas concesiones al movimiento de masas e incluso a enfrentarse al imperialismo, la política de Cárdenas significó un redoblamiento de la subordinación de la clase obrera (y del campesinado) al partido de la burguesía mexicana.
El bonapartismo pos-Cárdenas: reacción y represión sobre las masas
Las cuatro décadas siguientes serán de una mayor subordinación de la nación oprimida al imperialismo, dándole a México un carácter claramente semicolonial y, en su relación con el movimiento de masas, el régimen se irá “convirtiendo”, cada vez más, “en instrumento del capital extranjero” y, bajo el “modelo de sustitución de importaciones” se dará un avance en la penetración del capital imperialista, fundamentalmente norteamericano, en el campo y la ciudad.
Esto irá de la mano de una intensificación de la represión sobre sectores de las masas. Durante el gobierno de Alemán emergerá el clásico charrismo, que se integró totalmente al partido de gobierno. El ya para entonces PRI, apoyado en la colaboración de esta burocracia sindical y los dirigentes de las organizaciones campesinas oficialistas, iniciará una política abiertamente represiva, que buscará avanzar aún más en la subordinación y estatización de los sindicatos. La represión de la huelga ferrocarrillera en 1958 y el prolongado encarcelamiento de sus principales dirigentes, buscará liquidar la emergencia de una vanguardia proletaria a la izquierda del régimen. La masacre del movimiento estudiantil nucleado en el Consejo Nacional de Huelga en 1968 cortará de cuajo la posibilidad de un ascenso de masas contra el priato a la altura del ascenso obrero y popular que recorrerá los cinco continentes en esos años. El bonapartismo mexicano mostrará su carácter profundamente reaccionario contra las masas en estos acontecimientos de la lucha de clases y, esencialmente, desenmascarándose como un régimen acorde a las necesidades del imperialismo y la burguesía nativa que permitió mantener la dominación capitalista ante el cuestionamiento de sectores de la vanguardia y/o de las masas.

SEGUNDA PARTE

Un nuevo ciclo de colonización del país

A partir de 1982 dará inicio un nuevo ciclo de recolonización de la nación oprimida y de mayor subordinación al imperialismo, que continúa –con transformaciones y cambios- hasta hoy.
En 1982, los niveles de inflación y endeudamiento alcanzados llevaron a 22 países semicoloniales a renegociar nuevas fechas de pago de sus deudas, mientras que los 3 grandes deudores latinoamericanos – Brasil, Argentina y México- anunciaron no tener divisas para afrontar el pago de los intereses de la deuda externa17. La política del imperialismo para las semicolonias estuvo caracterizada por un salto en la ofensiva sobre las mismas, buscando una transferencia de recursos a las arcas imperialistas (mediante pago de servicio de deuda, por ejemplo) y origiando lo que se conoció como “década perdida”.
La crisis de 1982 y los años siguientes en México combinaron la “liberalización y apertura comercial” con fuertes tendencias devaluatorias e inflacionarias, como fueron las dos devaluaciones del peso, en 1982 y 1987. Con el trasfondo de un proceso fuertemente recesivo de la economía, la burguesía lanzó un ataque contra el nivel de vida de las masas, mediante la reducción del salario real y un aumento sustancial de los niveles de desempleo y subempleo; dándose mecanismos institucionales para garantizar su imposición al movimiento obrero, como fue el Pacto de Solidaridad Económica, suscrito por la burocracia charra, los empresarios y el estado. La nación oprimida cae en las consecuencias de la “década perdida”: recesión, desocupación, baja salarial y ataque del capital. En 1988, el PBI estaba por debajo de los niveles de 1981; mientras que la participación de los asalariados en el ingreso era de un 37.5% en 1981, 11 años después había descendido a un 27%18.
La “apertura comercial” y la liberalización del comercio19, al debilitar la industria y producción local, irá de la mano del avance de la inversión de las multinacionales norteamericanas. Las mismas estarán orientadas hacia las ramas “dinámicas” de exportación, y en particular hacia la industria maquiladora de exportación20; la vinculación a la economía norteamericana se verificará también en que las exportaciones del país en estos años pasaron del 7% al 26% del PBI, la mayoría orientadas hacia EE.UU.
Desde 1988 hasta 1994, Salinas de Gortari profundizará esta tendencia. Las privatizaciones y el mercado accionario verán en acción a las trasnacionales imperialistas y sus socios menores nativos, que se apropiarán, durante este sexenio y el de Ernesto Zedillo, de la banca (que tiende a ser absorbida por el capital norteamericano y en grado menor por el español), de la telefonía, la siderurgia, gas, puertos, minería, aeropuertos y aviación, autopistas, petroquímica, televisión, y avanzaron parcialmente sobre electricidad, salud y petróleo; en el campo se verificará una mayor entrada del capital extranjero, a partir de la reforma del artículo 27 de la Constitución; mientras que las ganancias financieras y las rentas inmobiliarias crecieron hasta un 50%. Para ser más precisos, desde 1982, el sector paraestatal “ha perdido más de 1000 entidades de las 1155 que tenía”
Pero el hecho de mayor significación en estos años fue la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992 (entre EE.UU., Canadá y México) y su entrada en vigencia el 1° de enero de 1994 que significará un verdadero estatuto de coloniaje para México y somete incluso las leyes mexicanas al arbitraje imperialista. Con el TLC se eliminaron progresivamente las barreras y aranceles a las exportaciones norteamericanas, en tanto EE.UU. mantiene los mismos en determinadas ramas. A 6 años de su entrada en vigencia, el 74.5% de las importaciones provienen de EE.UU y, sólo en el mes de noviembre de 1998 ingresaron mercancías norteamericanas por 7.000 millones de dólares, mientras que Chile, por ejemplo, importó 3.600 millones de dólares durante todo ese año. En el campo, ha significado, mediante el “dumping” y la “regulación fitosanitaria”, el bloqueo de las exportaciones agropecuarias mexicanas, mientras que se ha dado un salto inusitado de las importaciones norteamericanas de grano y carne. Por otra parte, el TLC significa una subordinación a la producción de las multinacionales norteamericanas, que se aseguran, en el caso de la industria automotriz, que el 60% de los componentes sean producidos dentro de las “fronteras” del TLC, mientras que el rol de México es el de proveedor de mano de obra barata para la industria de exportación en general y las maquiladoras en particular, que en su mayoría son propiedad o subcontratistas de multinacionales norteamericanas. El TLC redobló la entrega de la banca y las empresas del estado al imperialismo21.
El resultado de este proceso de recolonización imperalista será una estructura económica moldeada de forma profundamente inarmónica, donde conviven ramas dinámicas de exportación, con tasas de crecimiento y rentabilidad ascendentes, y sectores enteros de la vieja industria y del campo en condiciones de crisis y, en algunos casos, de extinción. Esta “modernización” –verdadera muestra del carácter desigual y combinado del desarrollo de los países semicoloniales- se explica por la vinculación productiva de México a la economía yanqui, a través de una industria de exportación (especialmente automotriz, electrónica y textil) que basa sus índices de crecimiento en la superexplotación de una mano de obra en ocasiones 10 veces más barata que la norteamericana y que está ubicada a corta distancia de la frontera con los EE.UU.
Este desarrollo de las ramas de exportación, y en particular del sector maquilador22, que se ha intensificado y dado un salto con el TLC, ha significado que cerca de 1000 empresas (un 3% de las exportadoras) concentran el 80% de las exportaciones, centralizadas en las tres ramas citadas antes. Estas exportaciones, en 1998, se orientaron, en un 87% hacia EE.UU. En los últimos años la industria maquiladora ha elevado de 2064 a 3200 sus plantas instaladas, localizadas en su mayor parte en la frontera norte pero que se han ido extendiendo a otros estados (como Jalisco, Yucatán o el Estado de México), y que concentra cerca de 1.100.000 obreros empleados directamente (un 22% del empleo industrial)23; y donde el 43% de las exportaciones, durante 1998, correspondió a la industria maquiladora, mientras que un 37% de las importaciones iban destinadas a la misma. Este crecimiento está asentado en el aumento de la extracción de plusvalía absoluta, es decir en el aumento de los ritmos de trabajo y en condiciones laborales de semiesclavitud: se calcula que en los últimos años este incremento fue de un 36.7%.
Mientras los efectos del TLC han significado un aumento absoluto del déficit comercial con los EE.UU., el desarrollo de las ramas de exportación han significado una contratendencia a este déficit24. Más en general han significado, desde 1994, un factor importante en la salida de la crisis económica así como en mediatizar los efectos de la crisis recesiva abierta en Latinoamérica, con epicentro en Brasil, a fines de 199825. México mantuvo durante el ‘99 un alto crecimiento gracias a la continuidad del “boom” norteamericano que le ha permitido evitar la apertura de un ciclo recesivo como el que recorrió a gran parte de América Latina.
Esto lo ha hecho mediante una mayor ofensiva sobre las masas, mediante subempleo y desempleo, caída del salario real, recorte de subsidios y beneficios sociales (como el alza del precio a la tortilla, la desaparición del CONASUPO, etc.) y garantizando más altos niveles de productividad a la gran burguesía. Parte importante de esta ofensiva es la nueva ronda de privatizaciones que se anuncia, como sobre la industria eléctrica, y como se ve en el acuerdo de garantizar privatizaciones por alrededor de 4.000 millones de dólares así como en la ofensiva sobre el sector educativo, tanto en el caso de la educación superior como en el ataque sobre el magisterio.
Finalmente, el hecho de que el “milagro mexicano” esté centralmente atado estructuralmente, por lazos de subordinación y dependencia económica (y política) al imperialismo norteamericano plantea que su suerte depende en gran medida de que la economía norteamericana mantenga alejado el fantasma de la recesión y de la crisis económica.
Pero, al mismo tiempo, el reciente Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea muestra los reacomodamientos, tanto de la burguesía mexicana como de los imperialismos. Por un lado, muestra el avance del imperialismo europeo, motorizado por España, que en los últimos años ha avanzado sustantivamente en la economía nacional, en especial en el sector bancario, donde dos bancos españoles –Bilbao Vizcaya y Santander- han participado protagónicamente de compras y fusiones (la última de ellas fue la integración del Banco Bilbao Vizcaya y Bancomer, bajo control del primero, que se ha constituido en el grupo bancario más grande del país). Al mismo tiempo, este acuerdo por el cual Europa avanza sobre el patio trasero norteamericano muestra un interesante margen de maniobra de la poderosa burguesía mexicana frente a las disputas entre los distintos imperialismos. Esto no invalida la supremacía del imperialismo yanqui en México, sino que preanuncia que las guerras y escaramuzas comerciales tendrán también a este país como campo de maniobra.

Las transformaciones en la composición de clases

Al calor de la penetración imperialista, una mayor concentración de la propiedad en manos de los grupos financieros nativos. Hemos descripto anteriormente cómo en torno a la producción para la exportación las grandes trasnacionales han afianzado y profundizado sus posiciones centrales en la economía semicolonial mexicana. Al ritmo de la recolonización del país en función de los intereses del imperialismo norteamericano y las transnacionales, los grupos financieros locales ubicados en las ramas dinámicas de la economía han acrecentado su influencia y la concentración de propiedad en sus manos. El acuerdo firmado semanas atrás por Carlos Slim Selú –el zar de las telecomunicaciones- con Bill Gates muestra la emergencia de una burguesía nativa poderosa. Esta burguesía –lejos de ser “independiente” del imperialismo norteamericano- ha ascendido al calor de la mayor vinculación de la economía mexicana a los EE.UU. y de la subordinación a sus intereses. Al mismo tiempo, ha sido beneficiaria de los privilegios que el régimen le ha suministrado en los últimos 3 sexenios, del proceso privatizador, así como del aprovechamiento de la inversión extranjera y el carnaval bursátil de los años 90-94. Destacan Carso-Inbursa-Telmex, del citado Carlos Slim, en el área de telecomunicaciones (pero también en el sector comercial, la construcción, tabaco, minería y automotriz), sin duda el principal grupo económico mexicano. Los grandes grupos de Monterrey, ligados a la exportación de manufacturas al mercado norteamericano son Vitro, Alfa y Visa, mientras que en la minería destaca Minera México.
Luego de la crisis de 1982, el desarrollo del mercado bursátil permitió a estos grupos emerger de la “década perdida” más fuertes y “saneados”: durante los años 83-87, un 81.25% de la inversión de estos cinco grupos fue en el terreno financiero. Este mecanismo muestra, por supuesto, el carácter parasitario de la burguesía mexicana. Pero es a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se dará el gran salto. La gran burguesía mexicana fue favorecida por mecanismos institucionales, como el pacto económico de 1988 (que supuso, por ejemplo, avances en la exención fiscal), y por el proceso privatizador donde adquirieron ventajas incluso oligopólicas (por ejemplo en la privatización de la banca, las telecomunicaciones, o la televisión) o de facilitarle el acceso a otras empresas, como es el caso de Minera México que se quedó con la Mina de Cananea. Al mismo tiempo, la colocación bursátil y la inversión extranjera jugaron un rol central para el desarrollo de estos grupos: a partir de estos años es cuando empresas como, Teléfonos de México, Cementos Mexicanos, Cifra, Televisa, Bancomer o Carso, comienzan a cotizar en Wall Street (y, por supuesto, en la Bolsa Mexicana de Valores). Los años del milagro mexicano (1988-94) tendrán a estos grupos como importantes beneficiarios: la Inversión Extranjera Directa y en Cartera se orientarán hacia los mismos, por ejemplo, en 1990-92, estos cinco grupos captarán un 54% del crédito externo privado de corto plazo, y un 87% del crédito de largo plazo. Estos grupos se asociarán directamente, en muchos casos, a las grandes transnacionales, como el caso de Carso-Inbursa, en “alianza estratégica” con France Telecom et Radio y con Southwestern Bell.
Por otra parte, estos grupos destacan en el avance de la productividad, y en haber hecho retroceder las condiciones laborales del proletariado. Vitro, por ejemplo, es reconocida como pionera en imponer la “calidad total”. El “justo a tiempo” está también incorporado a las mismas, y las privatizaciones, como el caso de Telmex o Cananea han significado racionalización, despidos y condiciones de trabajo sujetas a una intensificación de los ritmos de trabajo.

Emerge un nuevo proletariado.
Desde 1990 las situación de la clase obrera ha estado caracterizada por una caída del empleo (acrecentamiento del desempleo y especialmente del subempleo, en realidad desempleo encubierto) y un ascenso en la productividad, basada en términos generales en un aprovechamiento extensivo de la mano de obra (mayores horarios de trabajo, intensificación de los ritmos y “economía horaria”, junto a quite de conquistas sociales y laborales) y, en sectores localizados, especialmente en la industria de exportación, con cierta innovación tecnológica. El descenso real del salario junto a los beneficios fiscales han sido un elemento muy importante para mantener la rentabilidad de la burguesía y las trasnacionales.
El carácter desigual e inarmónico de la economía, profundizado en los últimos años, ha dado a luz un nuevo proletariado. Mientras los “viejos” sectores de la clase obrera -en la producción, servicios, salud y educación- han visto empeorar sus condiciones de vida y trabajo, en la industria maquiladora ha surgido un joven y nuevo proletariado con bajísimos salarios, infernales ritmos de trabajo, pésimas condiciones laborales, sin sindicatos (a excepción, en algunos casos, de la CTM charra y los sindicatos blancos); es decir en condiciones de semiesclavitud.
La emergencia de este nuevo proletariado (donde las condiciones de los sectores “tradicionales”, lejos de ser “privilegiadas”, han sido atacadas con particular intensidad en los últimos años y se tienden a acercar al joven proletariado de las maquiladoras) es una consecuencia, no sólo del ataque imperialista, sino del rol de la burocracia sindical, en su variantes “charras” –CTM, CROC, etc- u “opositoras” -UNT-, que han permitido la imposición de la flexibilización y precarización laboral así como han dejado librado a su suerte a los trabajadores de la frontera norte y la industria maquiladora. De esta forma, uno de los soportes centrales del régimen bonapartista al interior del movimiento de masas ha jugado un rol esencial en la crisis actual que atraviesa al movimiento obrero ante el ataque imperialista.

La situación en el campo
El reparto agrario limitado llevado adelante por el cardenismo dio origen a lo que se denominó la "dualidad" agraria de México, la moderna empresa capitalista convive con el ejido y la pequeña propiedad campesina, este sistema sólo podía implicar el hundimiento y absorción de los segundos por la empresa capitalista. Esta "dualidad" entra en crisis hacia fines de la década de los '70 por su eslabón más débil: la pequeña propiedad campesina. Por un lado, la crisis económica norteamericana de principios de la década presiona sobre la economía mexicana. Por otro, el agotamiento de la producción campesina se muestra como caída en los índices de producción de los dos principales cultivos: el maíz y el frijol. La caída de los precios internacionales de los productos agrícolas a principios de los '80 y, por lo tanto, de los precios en el mercado interno, acrecentarán este agotamiento. Será en esta década donde resurgirá en forma masiva el fenómeno de la emigración rural, fenómeno que se había desarrollado con el crack económico del '30 y que en los '80 resurge al calor del ataque de la hiperinflación. Esto no se puede entender sin ver que durante tres décadas la economía campesina fue el sector que tradicionalmente absorbía la mano de obra excedente en el campo: en 1982 el 52% del PEA en el campo eran trabajadores "subordinados", o sea que trabajaban en parcelas ajenas, con o sin retribución, trabajo familiar y suplementario.
La firma del TLC implica una profundización en el camino que el campo mexicano comenzó a recorrer en la década de los '80. Por un lado, la liberalización de la producción agrícola ponía en una posición no competitiva a la producción mexicana. El 90% de los productores de maíz no podían enfrentar a la producción norteamericana. El TLC ponía a tono la nueva reconfiguración agrícola que se había iniciado a finales de los '80: los cultivos tradicionales serán cambiados por la producción de frutas, hortalizas, flores, y productos agropecuarios. En 1971 la producción de hortalizas era de 2,9 millones de toneladas, para 1990 era de 8,8 millones de toneladas. El cambio de cultivos se adecuaba a las necesidades del mercado y la producción norteamericana. Por un lado, México recibía el excedente agrícola norteamericano, abasteciéndolo de frijol y maíz, y el campo mexicano se readecuaba a las necesidades de las agroexportadoras norteamericanas.

Estos cambios y la profundización en la penetración imperialista en el campo implicaron:

1-Un ataque directo al campesinado ejidatario. El ataque con la apertura económica y la modificación del articulo 27 constitucional implicó la expulsión de entre 1.000.000 y 1.500.000 campesinos pobres. La tendencia a la pauperización y a la proletarización que venia de la década de los '80 se profundiza, campesinos pobres de todo el país emigrarán a la maquila o cruzarán la frontera en busca de un sustento. Junto con esto, Salinas de Gortari libera la pequeña propiedad campesina y ejidal que podrá ser vendida o rentada por sus dueños.

2- El hundimiento del sector de agricultores medios, ubicados generalmente en la zona norte y centro de México. La abolición del precio de garantía mediante el cual el estado subsidiaba la pequeña y mediana producción agrícola acrecienta las penurias de este sector, su endeudamiento y las carteras vencidas al no poder competir con la producción norteamericana.

La nueva ofensiva capitalista-imperialista y la crisis del régimen

1- La “modernización” capitalista ya mencionada, que desde los años 70 estrecha sus lazos y dependencia con el imperialismo norteamericano, transforma en anacrónico el mantenimiento del anciano régimen bonapartista del PRI que prolongó la cooptación del movimiento de masas con sus “pactos sociales” a cambio de estabilidad política. La burocracia estatal con sus dinosaurios, con sus caciques y relaciones clientelares en el campo, su aparato corporativo de cooptación del movimiento obrero, su paternalismo, su corrupción y soborno, constituyen un gobierno demasiado caro e ineficiente para la inversión imperialista, ya que protege el derroche, la indisciplina y la baja productividad afectando al conjunto del funcionamiento de la economía.
Esto genera una contradicción abierta entre las transformaciones económicas y el modo tradicional de dominación política de la burguesía mexicana.

2- La ofensiva capitalista y la penetración imperialista han traído como consecuencia la baja salarial, la desocupación, la informalidad y precarización laboral; implicó también la contrarreforma constitucional que eliminó el artículo 27, desmontando la organización ejidal en el campo, hundiendo la economía tradicional y obligando a las familias campesinas a emigrar a las maquila, a las ciudades superpobladas o a EEUU. Hoy, esta ofensiva ha liquidado las bases materiales del “pacto social” sobre las cuales se basaba la cooptación de las masas del bonapartismo mexicano, que a diferencia de otros regímenes de América latina logró un largo tiempo de existencia gracias a la legitimidad que le confería aparecer como heredera (usurpadora) de la revolución de 1910. Liquidada su función política estabilizadora el mantenimiento del aparato burocrático se transforma en disfuncional a la acumulación capitalista, por un lado y a la propia estabilidad política del régimen, por el otro.

3- El mismo régimen reconocía esto cuando ya desde los 70 intenta llevar a cabo una “modernización política”. Esta necesidad se profundiza en los primeros años de los 80 con la crisis de la deuda bajo la presidencia de Miguel De La Madrid, pero es durante el sexenio de Salinas de Gortari (88-94) cuando se encara el proyecto más decidido de una “autorreforma” desde arriba. Esto implica transformar los mecanismos de la dominación burguesa de acuerdo a las necesidades del nuevo polo de concentración de la oligarquía capitalista: transformar al PRI como partido-estado permitiendo la alternancia política, fortalecer aún más el presidencialismo y recortar los mecanismos de cooptación y pactos con las direcciones del movimiento de masas por nuevas alianzas sociales, en particular con las nuevas clases medias altas de la ciudad. El nuevo polo burgués necesita establecer su dominio basado sobre un régimen capitalista sólido y una integración profunda al imperialismo como lo es el TLC o el reciente TLUE, extirpando todo vestigio del ciclo de la revolución mexicana, que aún puede hallarse en algunos puntos de la constitución.

4- El intento de “autoreforma” significa un desplazamiento de los sectores tradicionales ligados a las viejas formas de dominación política (los dinosaurios) a los nuevos tecnócratas como Zedillo, agente y comisionista de la oligarquía financiera y el imperialismo. En el México moldeado por la nueva penetración imperialista este sector tradicional de la burocracia priísta está condenado a su declinación histórica.
Pero al mismo tiempo el temor de la gran burguesía a quedar sin puntos de apoyo, el miedo a que el debilitamiento del paternalismo y las ilusiones de reforma y renovación social y política, genere una irrupción de las masas, es lo que explica que la burguesía mexicana, a pesar de sus ínfulas de “primer mundo” en el terreno económico no pueda atacar hasta el final a esta burocracia que le sirve como “gendarme social” contra las masas.
La clase dominante mexicana es hostil, naturalmente, a cualquier atisbo de cambios por “abajo”, es decir basadas en la participación y movilización de las masas. Más aún, la aplicación de la propia “autoreforma” por arriba, es retaceada, castrada por el mismo régimen ante la menor presión de las clases populares.
Escamoteada la salida “democrática”, el odio de las masas, producto de la agudización de la pobreza y de su sufrimiento inaudito, conduce toda reivindicación seria de las mismas a una lucha política directa contra el régimen y su institución clave, el poder ejecutivo.

5- Con la derrota en las elecciones presidenciales del 88’ y la apelación al fraude masivo para impedir la asunción de Cuhautemoc Cárdenas, favoreciendo a Salinas de Gortari, el régimen del priato clausura cualquier renovación política de fondo. Esto no quita la posibilidad de aceptar algún recambio, mientras no se toque el poder de los dinosaurios y mucho menos como producto de la acción de las masas. La capitulación de Cuhautemoc Cárdenas, cuando cientos de miles estaban en las calles contra el fraude del PRI, no expresa más que la cobardía y la incapacidad de la oposición burguesa que temía más a estas que la permanencia del régimen del PRI aún a costa de aceptar sin chistar la pérdida del poder. El cardenismo, con esta claudicación, se transformará en una pieza clave para desviar la movilización de las masas y sostener al odiado régimen del PRI.

6- El alzamiento campesino en Chiapas, irrumpió en la vida política nacional en enero del 94 contra el TLC, contra la eliminación del artículo 27 de la constitución y por la democracia. Exigiendo la tierra para los campesinos y democratización de la sociedad, constituyó, objetivamente, el intento de modificar desde abajo las condiciones de participación de las masas en el proceso de reformas políticas.
Este nuevo cuestionamiento de las masas campesinas al régimen del priato levantó la simpatía y la solidaridad de millones en todo el país, esperanzados en un cambio democrático profundo de la política y el estado manejado despóticamente. Mientras en el movimiento campesino el surgimiento del EZLN mostraba la crisis de las organizaciones campesinas oficiales, en el propio movimiento obrero surgieron tendencias democráticas y de oposición a la burocracia charra de la Central de Trabajadores de México (CTM), que tuvieron su punto más alto en la Coordinadora Intersindical 1° de Mayo. Emergía así un componente esencial de la crisis del régimen que, después del fraude de 1988, hizo eclosión el 1 de enero de 1994: la crisis de las direcciones del movimiento de masas agentes directas del priato (y de la burguesía), que ante la rebelión campesina se ubicaron sin dudarlo del lado del PRI. Así actuó el finado Fidel Velázquez (que dirigió durante más de 60 años la CTM), cuando llamó a suprimir violentamente el movimiento, como ya lo había hecho con los estudiantes sublevados en el ‘68.

7- La “transición pactada” entre el PRI-PAN-PRD no fue más que la respuesta reaccionaria, cubierta de demagogia “democrática”, para desviar el ascenso en el campo iniciado en Chiapas e impedir que se extienda a las ciudades y desmorone al conjunto del régimen.
A cambio de una mayor apertura política al PRD y al PAN que les permitió ejercer el gobierno del Distrito Federal al primero en el 97 y un mayor peso en las gobernaciones estaduales y en el congreso a ambos, estos partidos de “oposición” se comprometieron a sostener al decrépito bonapartismo mexicano.
Para asegurar esta política juegan un papel clave las direcciones del movimiento obrero en sus variantes “oficialistas” -la CTM- como las “opositoras” -la Unión Nacional de Trabajadores o algunos de los sindicatos más importantes como es el Sindicato Nacional de Electricistas-. Estas direcciones burocráticas, ligadas orgánicamente al PRI y/o al PRD, han impedido que el poderoso proletariado mexicano pueda saltar a la palestra nacional y poner en jaque al odiado régimen, dándole una salida revolucionaria a los campesinos en armas y a toda la nación explotada.
En este nuevo engaño a las masas también cumplió un papel fundamental la dirección del EZLN ejercida por el subcomandante Marcos, quien retiró a los 15 días del levantamiento las demandas fundamentales y luego firmó los acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos a cambio de seudo concesiones como la tibia autonomía regional, fortalecieron la política de “transición pactada” de Zedillo, el PRD y el PAN en la cual el EZLN pasó a ubicarse como pata izquierda.
La política del PRD fue esencial para evitar que el movimiento democrático de solidaridad con Chiapas evolucionara hacia una lucha abierta y cuestionara al gobierno del PRI. Esto le permitió a Zedillo ganar tiempo, embaucar a las masas posando de “dialoguista” para luego retomar la ofensiva desconociendo los acuerdos, militarizando Chiapas y aislando la lucha campesina. El resultado de esta trágica política de la dirección del EZLN fueron las masacres de Aguas Blancas y Acteal.

8- El carácter fraudulento de la transición pactada se demuestra en que lejos de implicar una atenuación de los rasgos represivos, autoritarios y antidemocráticos del priato, ha sido funcional al recrudecimiento de la ofensiva política, económica e incluso militar sobre las masas, como lo mostraron las masacres campesinas y el actual conflicto de la UNAM con la irrupción violenta de la PFP en la Ciudad Universitaria con más de mil detenidos el 6 de Febrero, la represión en El Mexe, la persecución a los miembros del CGH y ahora, nuevamente, con la custodia de las instalaciones universitarias por parte de la PFP.

9- La emergencia de una nueva vanguardia juvenil ha tenido profunda significación. Es la expresión más reciente de una larga serie de movimientos, a lo largo de la historia mexicana posrevolucionaria, que han emergido cuestionando el régimen bonapartista, como lo fueron, independientemente de la políticas de sus dirigentes, la huelga de los ferrocarrileros en el 58’, el ascenso del movimiento estudiantil en el 68’ o la insurgencia campesina de Chiapas en el 94’.
En los últimos años, las luchas han sido contenidas en los marcos del régimen y desviadas rápidamente. Los dos movimientos más importantes que han evidenciado el carácter antidemocrático, autoritario (1988), proimperialista y caciquil (1994) del régimen, aunque han tenido consecuencias históricas (incluso en el caso del levantamiento de Chiapas se mantiene una heroica resistencia campesina), han sido contenidos y desviados. La huelga estudiantil de la UNAM y el surgimiento del CGH ha enfrentado objetivamente al régimen de transición y sus planes, y ha ubicado como adversarios a todos los partidos burgueses (incluso a los charros, no sólo de la CTM, sino a los opositores del STUNAM), al mismo tiempo que ha mantenido su independencia respecto de la política del subcomandante Marcos. Es decir se ha convertido objetivamente en la oposición política más importante al régimen, y no han logrado aún –a pesar de los intentos del PRD y del mismo Marcos- absorverlo orgánicamente (como fue en el caso del CEU del 87) o subordinarlo políticamente26. Más allá del desenlace del conflicto estudiantil la emergencia de esta vanguardia muestra el surgimiento de un fenómeno juvenil a la izquierda de la transición pactada, y expresa, en cierta manera, el descontento que recorre a millones de mexicanos.

10- A más de 30 años de la masacre de Tlatelolco, el régimen bonapartista mexicano no ha cambiado en su esencia. La “transición pactada” ha significado un “perfeccionamiento” del bonapartismo, integrando a los partidos de la oposición, abriendo un juego “tripartidista” para las elites, pero conservando, aunque con un poder limitado, todas las instituciones y corporaciones represivas del viejo priato. Como ha demostrado la lucha democrática de todos estos años, este régimen de las 24 familias y del imperialismo norteamericano, es irreformable. Los intentos de reforma ya sea por la vía electoral o por la presión de las armas (reformismo armado), son una quimera. Todos los intelectuales y aduladores de la “transición pacífica” a la democracia han demostrado su carácter impostor, avalando las “salidas negociadas” con este régimen asesino o peor aún, siendo la cobertura democrática de las políticas represivas como lo demostraron vergonzosamente en el conflicto de la UNAM. Este camino no trajo ni traerá la más mínima democracia a México.

¿Reforma o revolución?
Sólo la caída revolucionaria de priato y su extensión, la “transición Pactada”, abrirá este camino. Igual que a principios de siglo contra el porfiriato, está planteada una nueva revolución, esta vez contra el régimen bonapartista mexicano sirviente del imperialismo.
Sólo la liquidación revolucionaria de este régimen dará pasos hacia la resolución de las aspiraciones más sentidas por las masas: la ruptura con el imperialismo que mediante el mecanismo de la deuda, los tratados de libre comercio y el saqueo de sus multinacionales y la explotación de la mano de obra barata mexicana hunden al conjunto de la nación; una reforma agraria radical, que liquide el sistema de cacicazgos y condone la deuda a los campesinos pobres y le entregue la tierra a los que no la tienen expropiando a los terratenientes y a la gran burguesía ligados al “agrobussines”; el reconocimiento de la identidad nacional de los pueblos indígenas, otorgándole la autonomía e incluso el derecho a su separación si así lo desearan; la liquidación de esa verdadera plaga social que es el desempleo y el trabajo informal y precario de millones que desangra a la nación trabajadora y explotada; la liquidación de todas las instituciones corporativas en el campo y la ciudad que anulan las libertades políticas e impiden la organización democrática de las masas.
Ninguna de estas demandas elementales tienen solución en los marcos de régimen del PRI y su transición pactada.
Para los marxistas revolucionarios, en estas circunstancias, la consigna de “asamblea constituyente revolucionaria”, aunque tiene un carácter episódico, adquiere un valor fundamental como motor de la lucha democrática contra el régimen, para acelerar la experiencia de las masas desenmascarando los engaños de los partidos de la burguesía y preparar el camino hacia la revolución obrera y socialista.
Una constituyente revolucionaria, sobre las ruinas de este régimen, puede organizar al país de acuerdo a los intereses de las mayorías populares y no de la oligarquía de 24 familias que gobiernan al país a través de sus partidos sirvientes, el PRI-PAN-PRD. Una asamblea constituyente revolucionaria, basada en el sufragio universal para todos a partir de los 16 años, con distrito único y elección proporcional, para que los cerca de 100 millones de mexicanos decidan el destino de la nación y no votando cada sexenio a los partidos de la transición pactada, agentes de la gran burguesía y el imperialismo. Esta asamblea constituyente revolucionaria, al igual que la convención de Aguascalientes de 1914, sólo puede ser convocada, en el marco de una nueva oleada revolucionaria, por el poder de los obreros y campesinos pobres apoyados en sus milicias y unificando a las masas explotadas detrás de sus demandas democráticas estructurales. Para los revolucionarios una asamblea de este tipo será un paso para impulsar la movilización revolucionaria de los obreros y campesinos y elevará el nivel de conciencia de las masas. Allí millones y millones verán la negativa de la burguesía a avanzar en la ruptura con la gran propiedad y el imperialismo; allí se verá que la burguesía trasnacional y “nacional” sustenta su dominio en una dictadura basada en su ejército profesional. En ese sentido el planteo de una asamblea constituyente revolucionaria permitirá que surjan o se fortalezcan el poder armado del proletariado y las masas pobres de la ciudad y el campo y sus organismos de democracia directa, los consejos obreros y campesinos (lo que en la revolución Rusa se llamaron Soviet).

Retomar la obra de Emiliano Zapata
En 1914 la Convención de Aguascalientes, basada en los ejércitos revolucionarios de Zapata y Villa, luego de la ruptura de los constitucionalistas, consagró las demandas básicas de la revolución agraria. En su manifiesto enunciaba: “la desocupación del territorio nacional por las fuerzas norteamericanas; la devolución de los ejidos a los pueblos; ‘destruir el latifundismo’, desamortizando la gran propiedad y repartiéndola entre la población que hace producir la tierra con su esfuerzo individual”; la nacionalización de los bienes de la revolución; y la libertad de asociación y huelga para los trabajadores, y proclamaba “en las épocas de profunda conmoción social y política, cuando las instituciones vacilan y se derrumban, la soberanía la ejerce el pueblo en los campos de batalla” y “reside en el pueblo levantado en armas”.
En 1916, en el declive de la revolución, derrotada la División del Norte de Pancho Villa, y aislado en Morelos Emiliano Zapata, la Constituyente de Querétaro convocada por el constitucionalismo apoyados en un ejército legal, continuidad del maderismo, proclama una nueva constitución burguesa que rige hasta hoy; aunque inscribe en ella “reformas sociales”, es la expresión de la contrarrevolución democrática triunfante. Bajo el régimen de la propiedad privada y bajo el régimen de la burguesía aún esas “reformas sociales” y “promesas democráticas” fueron siendo liquidadas progresivamente y hoy, bajo la ofensiva imperialista intentan ser eliminadas definitivamente.
Contra la nueva oligarquía y los magnates de México que han convertido a la nación en una patria vasalla del capital imperialista, es más necesario que nunca retomar la obra de Emiliano Zapata y llevarla hasta el final. Trotsky formuló la consigna de “completar la obra de Emiliano Zapata” en 1939, cuando el proceso posterior a la revolución marcaba un claro giro a la izquierda, expresado en el gobierno de Lázaro Cárdenas y su programa nacionalista burgués, que bajo la presión de las masas nacionalizó las compañías petroleras inglesas y expropió a los terratenientes, repartiendo millones de hectáreas a los campesinos pobres. En ese sentido Trotsky planteó la necesidad de “culminar la obra de Zapata” impulsando una reforma agraria integral, al tiempo que sostenía la necesidad de la más intransigente independencia política de la clase obrera. En artículos anteriores hemos adoptado la misma formulación. Sin embargo en la actualidad, luego de décadas de contrarrevolución económica y social y frente a la imposición imperialista actual de liquidar hasta los más mínimos vestigios de la constitución de 1917, debemos reformular la consigna de Trotsky del ‘39, planteando la necesidad de retomar la obra de Zapata y llevarla hasta el final.
Zapata y Villa no pudieron triunfar por el carácter limitado de la clase de la cual provenían, el campesinado, mientras el proletariado era un fuerza social embrionaria.
Hoy, el poder de la nueva clase obrera concentrada en las maquiladoras reúne a más de 1,1 millones de trabajadores, se agrupa en los conglomerados fabriles del capital imperialista y en las grandes ciudades que son el corazón de la economía y el estado; este vasto ejército de asalariados puede controlar los resortes fundamentales de la economía, la producción, la banca, y el comercio, paralizar al país y quebrar la maquinaria de represión del estado capitalista. Esta enorme fuerza social está destinada a retomar la obra de Zapata y llevarla hasta el final. Sólo la clase obrera - a diferencia de otras clases explotadas bajo el capitalismo como el campesinado que no es una clase homogénea- puede oponer un poder centralizado y una alternativa de sociedad al dominio burgués y darle una salida progresiva al resto de las clases explotadas. Esta cuenta con millones de hermanos chicanos en EEUU y con lazos estrechos al proletariado yanki que serán aliados indispensables para detener con su movilización revolucionaria los intentos seguros de contrarrevolución imperialista.
Esta legión proletaria dirigiendo la alianza junto a los campesinos pobres del sur y el centro del país, y haciéndose eco de años de agravios y humillaciones de toda la nación explotada, será la única capaz de barrer con el régimen caduco y retomar la tarea que la revolución de 1910 no resolvió y por eso fue derrotada: tomar el poder, instaurar un gobierno obrero y campesino y expropiar a la gran burguesía. Como decía León Trotsky: “De esta manera la dictadura del proletariado, que sube al poder en calidad de caudillo de la revolución democrática, se encuentra inevitable y repentinamente, al triunfar, ante objetivos relacionados con profundas transformaciones del derecho de propiedad burguesa. La revolución democrática se transforma directamente en socialista, convirtiéndose con ella en permanente”.

Dos estrategias para la revolución mexicana
Al revés de esta perspectiva la izquierda “moderada” levanta una estrategia opuesta, reformista. Los restos que provienen del trotskismo, tanto del morenismo como del mandelismo27, sostuvieron teóricamente una “revolución” de tipo “democrática” contra el régimen bonapartista, como etapa independiente de la revolución socialista. Pero en su práctica política se colocaron incluso por detrás de esa formulación, ya que igual que los mencheviques rusos actuaron políticamente como si las tareas democráticas formales y estructurales pudieran ser obtenidas mediante la alianza de las clases explotadas con los partidos de la “burguesía democrática” o la pequeño burguesía a la cabeza. Así muchos de los mejores ex dirigentes del viejo PRT, como Adolfo Gilly, han ingresado a las filas del PRD de Cuahutemoc Cárdenas, constituyendo su “ala izquierda” y al cual pretenden “presionar” para que adopte un curso de “izquierda”. Pero este partido no es el agente de la supuesta “revolución democrática” sino de la “contrarrevolución democrática”, al haberse integrado a la transición pactada. La política de esta izquierda, lejos de encaminarse a la liquidación del priato, las coloca como consejeros de izquierda de ésta; es decir, se orientan no hacia la liquidación del régimen bonapartista, sino a su “perfeccionamiento”, buscando su lugar en el mismo como “componente socialista”.
Igual lógica tuvieron los que pretendieron ver en el EZLN, representante de la pequeño burguesía democrática, a una dirección independiente de la burguesía capaz de barrer con el régimen y se hicieron admiradores de Marcos. Pero, como vimos, esta dirección campesina pequeño burguesa, que arrió las banderas de “tierra y libertad”, en 15 días se transformó en el último eslabón de izquierda de la transición pactada. Aquí también los maoístas, populistas, corrientes como la agrupación estudiantil En Lucha o la colateral del PRD “Frente Pancho Villa”, todos seguidores del EZLN, buscan su lugar en el régimen como su “componente popular”. Haciendo una analogía podemos decir que esta izquierda, “socialista” y “populista” levantan una política opuesta a la que plantearon Emiliano Zapata y Pancho Villa, que aún con sus límites de clase, se opusieron a las maniobras de Carranza y de su “izquierda” Obregón, que desvió la revolución mediante el constitucionalismo social.
Contra esta estrategia de colaboración de clases, practicada una y mil veces en el pasado por Toledano28 y el PC y hoy levantada por la inmensa mayoría de la izquierda, incluidos los diversos grupos que se reclaman trotskistas, lo que está planteado es la lucha por la independencia de clase como precondición para realizar la única alianza que puede tirar abajo la transición pactada, la alianza de la clase obrera con los pobres de la ciudad y el campo, arrancando a estos últimos de la influencia perniciosa de los partidos de la burguesía y la pequeño burguesía. Hoy en día no puede concebirse la lucha contra el PRI sin la lucha más despiadada contra estos partidos. Igual que en la Rusia de principios de siglo, estos temen más a la movilización revolucionaria de las masas que a la misma pervivencia del priato, y ello los transforma en los agentes democráticos del bonapartismo aggiornado.

La revolución que planteamos sólo tendrá posibilidades de triunfar si la clase obrera se dota de un partido revolucionario, que derrote a las direcciones reformistas del campo y la ciudad y dirija al proletariado y las masas urbanas y rurales hacia el derrocamiento del dominio de la burguesía. El centrismo trotskysta, al abandonar la más elemental lucha por las tareas de la segunda revolución mexicana, abandonó la lucha por la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora, transformándose en nuevos obstáculos para la constitución de un genuino partido revolucionario, trotskista en México y para la reconstrucción de la IV Internacional.