| En
Argentina surgió un nuevo gobierno, en esencia distinto
al que asumió en diciembre de 1999 con la Alianza,
sucediendo al decenio de Menem. La reciente incorporación
de Domingo Cavallo, ex ministro menemista y funcionario
de la dictadura militar, en el gabinete del presidente De
la Rúa y los “poderes especiales” que le
cedió el Congreso para dirigir la política
económica por un año, lo transforman en el
eje alrededor del cual gravita el poder ejecutivo de la
burguesía.
Hasta aquí la presidencia De la Rúa se venía
arrastrando en una profunda crisis como resultante de tres
huelgas generales durante el año pasado, constantes
recambios y renuncias en el gabinete – incluida nada
menos que la del vicepresidente Álvarez -, en el
marco de una paralización económica que lleva
35 meses y el fantasma de la cesación de pagos de
una deuda pública que equipara al 50% del producto
bruto nacional. Todos los elementos de esta crisis nacional
–política, económica y de lucha de masas-
se precipitaron en la tercera semana de marzo, abriendo
una crisis de poder que las clases dominantes cerraron con
la asunción de Cavallo. Fue el último episodio
– pero para nada el definitivo – de una serie
de acontecimientos vertiginosos que se vienen sucediendo
en el país en los últimos 15 meses.
Digamos, para empezar, que un cambio abrupto en el gobierno,
que no emerge de un resultado electoral del calendario burgués
preestablecido es, a su manera, una confirmación
más de que Argentina atraviesa una etapa de condiciones
excepcionales, o pre-revolucionaria como la llamamos los
marxistas, cuyos episodios no están planeados previamente,
ni su desarrollo es evolutivo, aún para la propia
clase dominante. Es un salto en calidad, dentro de esta
etapa, que la burguesía eche mano a una carta - la
delegación de poderes legislativos a un “hombre
fuerte” del ejecutivo- que se emparenta con las “situaciones
de excepción” contempladas en todas las constituciones
de todas las repúblicas que, como denunciaba Lenin,
aun las más democráticas tienen “una
cláusula para asegurarse el dominio sobre sus esclavos
cuando estos amenazan con dejar de serlo”. ¿Cómo
se llegó a la crisis de marzo?
Los
de arriba no pueden
La
debilidad del gobierno De la Rúa tenía su
sello de origen en el propio surgimiento de la Alianza entre
la UCR y el Frepaso. Este acuerdo electoral engendrado en
el año 97, fue una operación política
que le sirvió al régimen como mecanismo de
desvío frente a la contraofensiva de masas abierta
en el ‘96 contra Menem y Cavallo. A pesar de haber
triunfado en lograr un recambio pacífico del odiado
gobierno de Menem, tenía una debilidad estratégica
porque tan solo fue un emparche del bipartidismo de la UCR
y el PJ renacido en el ‘83, a la caída de la
dictadura y que está en crisis terminal.
A la hora de hacerse cargo del gobierno, donde se concentran
en pocas manos las decisiones de los monopolios, la Alianza
hizo crisis con su base social. La decadente camarilla de
familiares, publicistas y servicios de inteligencia que
rodea al presidente De la Rúa, creyó, una
y otra vez - y una y otra vez se equivocó- que podía
conservar la fuerza inicial a pesar de implementar medidas
impopulares como el “impuestazo” a las clases
medias, la reforma laboral, la rebaja salarial a los empleados
públicos. En respuesta debió soportar tres
paros generales en el 2000 que fueron minando sus fuerzas
y ejercitando las del movimiento obrero. Y, al forzar la
votación de la reforma laboral en el senado mediante
sobornos, provocó la renuncia del vicepresidente
Alvarez y una deslegitimación mayor del régimen
político ante las masas. El Frepaso, componente esencial
de la Alianza y sin el cual la vieja y desgastada UCR no
hubiese llegado a la presidencia, se quebró y la
amplia base social de clase media, estudiantes y asalariados
estatales que le había aportado al gobierno, se separó
de éste y comenzó su pasaje a la oposición
a De la Rúa.
Estas recurrentes crisis en el régimen político,
reflejaban no sólo un desgaste de las instituciones
de la democracia burguesa argentina como contenedores del
movimiento de masas, sino, en última instancia, una
profunda división burguesa después de una
década de inusual unidad entre los sectores del capital
extranjero que afluyeron al país para quedarse con
las empresas públicas, y un selecto grupo de empresas
locales. Esta trenza, -“el establishment”-, comenzó
a resquebrajarse al calor del inicio de la recesión,
a finales del gobierno menemista. Surgió un nuevo
reagrupamiento empresario llamado “Grupo Productivo”,
que incluye desde grandes monopolios como Techint de la
siderurgia, la Cámara de la Construcción y
sectores de la burguesía agraria, hasta la Unión
Industrial Argentina representante en gran medida de la
burguesía “no-monopolista”. Estos sectores
patronales comenzaron con cada vez más planteos al
gobierno de la Alianza, reclamando subsidios, aranceles
preferenciales, baja en las tasas de interés del
crédito y, en sus sectores más extremos, la
devaluación del peso, la salida de la “convertibilidad”
(la paridad cambiaria entre el peso y el dólar que
se estableciera por ley en el año 91). Estos reclamos
iban, claro está, en detrimento de los bancos, en
su mayoría extranjeros, y de las grandes multinacionales
yanquis y europeas de las empresas privatizadas. Una profunda
diferencia entre la actual etapa de la lucha de clases abierta
en la Argentina y la que se produjera en los años
96 y 97 bajo el gobierno de Menem, es esta marcada brecha
abierta en las alturas de las clases dominantes.
Pero la combinación explosiva de la situación
argentina es que a estas contradicciones en las propias
filas de la burguesía, se agregó la emergencia
de la clase obrera que comenzó a ejercitar sus fuerzas.
La situación política nacional se ajustó
así a la clásica definición de Lenin
para caracterizar períodos excepcionales en los que
“los de arriba ya no pueden seguir gobernando como
antes, y lo de abajo ya no quieren seguir viviendo como
hasta entonces”.
2000:
el año de la emergencia obrera
Lo
que estuvo en el centro de la vida política nacional
durante todo el 2000 fue la emergencia de la clase obrera.
De conjunto esta persistente actividad de las masas trabajadoras
combinó un renovado protagonismo de los sindicatos
como ejes de la oposición al gobierno con sus paros
generales y huelgas por sector, con la tendencia de sectores
del movimiento obrero, en especial los desocupados, a sobrepasar
los límites de la legalidad burguesa, protagonizando
levantamientos, semi-insurrecciones locales, como las de
Tratagal y Mosconi en la provincia de Salta, fronteriza
con Bolivia. Las características de esta creciente
actividad de los trabajadores llegó a niveles superiores
de lo que se habían expresado entre el 96 y 97, bajo
el gobierno de Menem.
No vamos a detenernos en la riqueza de todo la actividad
desplegada por la clase trabajadora argentina, sino apenas
señalar algunas las características centrales
de su maduración1. En primer lugar su persistencia.
A lo largo del año 20002, se producirán tres
embates, antes que, como luego veremos, se precipite la
reciente crisis de marzo de este año en la que cayó
el ministro de economía López Murphy. A cada
uno de ellos le sobrevino una tregua otorgada al gobierno
por las centrales sindicales, con lo que el mérito
a la persistencia de lucha de los trabajadores argentinos
es mucho mayor.
El primer embate de conjunto contra el gobierno de De la
Rúa comenzó entre los meses de marzo y abril,
con movilizaciones al Congreso contra la votación
de la reforma laboral, y llegó hasta la primer paro
nacional contra esa ley antiobrera el 5 de mayo. En ese
transcurso de tres meses se modificó el mapa del
movimiento obrero. Por un lado se fracturó la CGT,
surgiendo un ala disidente, o rebelde, basada fundamentalmente
en los gremios del transporte pero también en las
automotrices, una de las ramas de mayor concentración
obrera industrial en la Argentina. Este realineamiento en
las organizaciones gremiales tendrá grandes consecuencias
en las posteriores huelgas nacionales, ya que la paralización
del transporte se convertirá en una de las armas
centrales del nuevo movimiento obrero garantizando la masividad
y contundencia de las medidas. En segundo lugar, en ese
mismo período se produce, en el mes de mayo, el levantamiento
local de los desocupados salteños en Tartagal y Mosconi,
que preanunciaron lo que tendrá un fuerte desarrollo
desde entonces: los cortes de ruta y el movimiento militante
de los desocupados, los piqueteros.
El segundo embate incluye paros parciales de los trabajadores
estatales a quienes les son recortados en un 10% los sueldos,
y que desemboca en la segunda y contundente huelga nacional,
el 9 de junio. En este período, además, se
desarrollan una serie de huelgas por empresa o gremios regionales
que -a pesar de darse durante una segunda tregua sindical
- significan un salto en calidad de luchas en el transporte,
el azúcar, el pescado, los ceramistas, lo que da
lugar a métodos más radicalizados, surgimiento
de nuevos dirigentes y tendencias a superar a la burocracia
sindical en esos combates parciales.
Una nueva tregua de las centrales sindicales deja sin respuesta
a la clase obrera ante la grave crisis de gobierno desatada
por el escándalo de los sobornos en el Senado- lo
que fue una capitulación escandalosa ya que implicaba
en forma directa a los trabajadores porque se trataba nada
menos que de la votación de la reforma laboral- y
que llevó a la renuncia del vicepresidente Alvarez.
No obstante, resurge el movimiento de desocupados que inaugura
el tercer embate que llevará a la huelga general
de 36 horas, la más importante de todas, en las jornadas
del 23 y 24 de noviembre. Desde los primeros días
de noviembre en La Matanza, un distrito del Gran Buenos
Aires con más de dos millones de habitantes, miles
de desocupados cortan la ruta y exigen planes de empleo.
A ese movimiento le siguen cortes de rutas a lo largo del
todo el cordón sur: Florencio Varela, Quilmes, Berazategui.
Los cortes de ruta se acercan a las puertas de la Capital.
Al mismo tiempo, en Tartagal se da el segundo levantamiento
de desocupados junto a despedidos de una empresa de transporte
que, con un pliego unificado de reclamos, ocupan las rutas
en Salta. Uno de ellos, Aníbal Verón muere
baleado por la policía. El hecho se convierte, en
una pequeña comunidad del noroeste del país,
en la más radical movilización de masas en
lo que va de régimen de democracia burguesa en el
país: se hace retroceder a la gendarmería
y a la policía provincial, se ocupan las comisarías,
y se toman de rehenes a los policías a los que se
le requisan las armas. Un nuevo mártir obrero se
convierte en bandera del tercer paro general que las dos
CGTs y la CTA no pueden dejar de convocar.
Esta huelga de 36 horas por haber sido acompañada
con la generalización de piquetes de huelga, significó
un salto en comparación con las últimas décadas
de la lucha de clases en Argentina. Tanto fue así
que la misma burguesía, por primera vez en mucho
tiempo, mostró grave preocupación: “la
demostración callejera no fue cegetista, sino setentista”3
decían editoriales de la prensa patronal, que contabilizaban
entre 150 y 200 mil a los “piqueteros”, que habían
transformado la convocatoria de las centrales sindicales
en una verdadera huelga activa en la que fueron al paro
6.500.000 trabajadores de todas las ramas. En la edición
de La Verdad Obrera de esos días dijimos: “No
fue un paro más (...) los piquetes de huelga y los
cortes de ruta se extendieron a todo el país, a los
cortes de vías ferroviarias, a los accesos de las
principales ciudades, (...) una pequeña muestra de
lo que significa la combinación de los métodos
de lucha de los viejos sindicatos junto a lo que aportaron
de nuevo los heroicos levantamientos de los desocupados:
en suma, la huelga y el control territorial por parte de
la clase obrera y el pueblo. (...) Este paro ayuda a bosquejar
el mapa de ruta de la huelga general y el gran levantamiento
nacional que necesitamos para derrotar al gobierno de De
la Rúa y al plan del FMI apoyado por el PJ..”4
Después de ver esta maduración de las últimas
experiencias del nuevo movimiento obrero en la Argentina,
que aquí recorrimos someramente, resulta difícil
creer que, según lo cuenta la propia prensa argentina,
cuando el gobierno se aprestaba a lanzar el shock de ajuste
de marzo y ante las advertencias de miembros del propio
gabinete de la reacción que esto podía provocar,
el núcleo cercano a De la Rúa que alentaba
a López Murphy respondiera que “solo habrá
resistencias aisladas en algunas provincias que luego se
disiparán”5.
La
crisis de marzo
La
administración aliancista llegó al fondo de
su caída al dilapidar, en muy poco tiempo, el colosal
apoyo político imperialista que significó
la promesa de un “blindaje” de 40 mil millones
que, a modo de rescate, comprometió el FMI a finales
del año. Pasado el verano, el país volvió
a estar al borde de la cesación de pagos, lo que
derivó en la renuncia del ministro de economía
Machinea.
Los sectores de las altas finanzas y la camarilla delarruísta
promovieron en su reemplazo a Ricardo López Murphy,
que contaba, según ellos, con la doble ventaja de
ser un economista del “ortodoxo” grupo FIEL, fiel
a la banca acreedora y, al mismo tiempo, militante de la
oficialista UCR. Utilizando el peligro de la cesación
de pagos como chantaje hacia las masas, intentó imponer
un plan de ajuste fiscal que recortaba alrededor de 2200
millones en los gastos del estado, atacando, todo a la vez,
al presupuesto para la educación, al empleo público
mediante una brutal reforma estatal y a las economías
regionales. Un “plan de guerra”, como lo llamamos,
pero planeado por un pésimo general que abría
múltiples frentes al mismo tiempo. Como resultado
concitó el repudio de un amplio frente que iba de
la UIA hasta el proletariado, pasando por los estudiantes
y la mayoría de las capas medias. Una imagen de esos
días graficó, no solo lo inviable de esa intentona,
sino la debilidad de la clase dominante puesta de manifiesto
ante todas las clases explotadas. En un acto en la Bolsa
de Comercio, poco más de 300 representantes de lo
más concentrado del establishment burgués
ovacionaron y aplaudieron al ministro durante quince minutos.
En contraposición, apenas anunciado el shock de ajuste,
se vivió en el país un estado de insubordinación
general.
El estudiantado comenzó con ocupaciones de las grandes
facultades donde lo más notable, más que su
masividad, fue que los centros de estudiantes dirigidos
por Franja Morada - la corriente estudiantil del partido
oficial- se vieron obligados a encabezar algunas acciones,
planteando en los hechos una dinámica de ruptura
con su gobierno. En los trabajadores estatales que habían
sufrido hace meses la derrota parcial de la rebaja salarial,
había un renovado ánimo y disposición
de lucha. Los docentes fueron a la huelga por 48 horas en
todo el país. Los movimientos de los desocupados
marcharon desde distintos puntos del Gran Buenos Aires al
centro de la Capital el 20 de marzo, y al día siguiente
se expresó la clase obrera de conjunto en un contundente
paro nacional, el cuarto desde la asunción de De
la Rúa, que la conducción de la CGT disidente
y la CTA tuvieron que improvisar.
Para entonces la crisis ya había volteado a López
Murphy no sólo por el embate del movimiento de masas
sino porque éste se dio en medio del agudizamiento
de las contradicciones en las propias clases dirigentes.
Al anuncio del plan López Murphy, le siguieron las
inmediatas renuncias del ministro de interior Storani de
la UCR y de los funcionarios del Frepaso que ocupaban cargos
en el gobierno nacional. Los gobernadores del PJ, que le
habían facilitado a De la Rúa la obtención
del “blindaje” mediante la firma del “Pacto
Fiscal” a fines del año pasado, se pronunciaron
esta vez contra el plan que apuntaba a recortar aún
más las partidas presupuestarias a los estados provinciales.
Mientras De la Rúa llamaba a “un gobierno de
unidad nacional”, sectores amplios de la patronal industrial
agrupados en la UIA se declaraban “contra el modelo”.
Alfonsín, el líder del partido radical, se
mantenía alejado del país y su partido, la
UCR, hacía malabarismos para no dejar completamente
solo a De la Rúa. La designación de Cavallo
se dio entre gallos y medianoche, incluso horas después
que el presidente había ratificado a López
Murphy como su ministro en la reunión anual del BID
en Chile, frente a cientos de banqueros y representantes
de los gobiernos latinoamericanos. Ese mismo día,
en las Bolsas del mundo se hablaba del “efecto Argentina”
y del riesgo de la cesación de pagos de la deuda
externa.
Lo
que sucedió en la Argentina fue una crisis en las
alturas del poder, ya que el gobierno había quedado
virtualmente en el aire, desconcertado - y hasta brotaban
versiones de la renuncia del propio presidente -, cuando
estaba convocado el paro general del 21de marzo. Días
más tarde, el periodista Mariano Grondona en uno
de los principales programas políticos de la TV argentina
le preguntaba al ex-presidente Menem: “¿Y ahora
ve más tranquila la situación?” ; y este
respondió aliviado: “Si, está todo más
tranquilo. Las huelgas, las ocupaciones de facultades habían
puesto las cosas muy difíciles”. En fin, lo
que precipitó la caída de López Murphy
y la derrota de su plan de ajuste, y la subida de Cavallo
como eje del nuevo gobierno, fue que el país atravesó
una crisis de poder burgués, objetivamente revolucionaria.
En
las últimas décadas sólo se vivieron
dos crisis comparables a esta. En el 82, cuando, luego de
la capitulación de la dictadura militar ante Inglaterra
en la guerra de Malvinas, caía la junta de comandantes
en medios de fuertes protestas, y el poder pasó al
gobierno transicional del general Bignone apoyado en la
Multipartidaria, proceso que llevaría a las elecciones
del 83. La segunda gran crisis la protagonizó en
el 89 el beneficiario de aquellas elecciones y actual jefe
de la UCR, Raúl Alfonsín que, jaqueado por
las revueltas populares contra la hiperinflación
y después de haber apelado al “estado de sitio”
y la represión, debió adelantar la entrega
del poder a Menem.
En ninguna de las dos anteriores, sin embargo, la clase
obrera estuvo, como esta vez, tan en el centro de la misma
con un paro general como el del 21de marzo que terminó
de enterrar el plan Murphy. Por ello, algunos analistas
se animaron a compararla con la crisis de poder anterior
al golpe militar del 76: las jornadas de junio y julio de
1975 que culminaron en la huelga general que tiró
al ministro de economía de Isabel Perón, Celestino
Rodrigo y su shock de aumento de precios, que quedó
en la historia como el Rodrigazo. Sin llegar de ninguna
manera hasta allí, donde el despliegue de fuerzas
del proletariado industrial argentino llegó a uno
de sus puntos más altos y se extendieron embriones
de organismos de doble poder como las Coordinadoras del
Gran Buenos Aires, el que algunos analistas se hayan permitido
tal comparación habla a las claras de que estamos
asistiendo, todavía sin la radicalidad de entonces,
a una clara recuperación del movimiento obrero luego
de las consecuencias históricas del golpe genocida
que instauró la dictadura de Videla6. Además,
el proceso de luchas en Argentina es, comparado con el resto
de Latinoamérica donde predomina la emergencia campesina,
mucho más proletario y urbano7.
Luego de la crisis de marzo, amplios sectores de la clase
obrera, los estudiantes y el pueblo pobre que enfrentaron
a López Murphy consideran un triunfo la caída
de su plan. Y en cierta medida lo fue, aunque producto de
la inexistencia de un contrapoder obrero y popular y de
tener al frente direcciones burocráticas y reformistas,
es decir por crisis de dirección revolucionaria,
no hayan podido dar su salida a la crisis de poder burgués
y, por lo tanto, el resultado de la crisis devino en reaccionario.
La dirección oficial del movimiento obrero y estudiantil,
las burocracias de la CGT disidente de Hugo Moyano, de la
CTA de Víctor de Gennaro y la FUA controlada por
la UCR, permitieron que se desmontara la situación.
Sus programas estaban limitados al retiro del plan de ajuste
de López Murphy, lo que facilitó que fuera
reemplazado por Cavallo con la promesa de “otro”
plan. Los que impulsaron a López Murphy y su shock
de ajuste, los sectores financieros en estado puro, se vieron
obligados a retroceder porque la crisis podía haber
terminado en la caída de De la Rúa - al estilo
de Bucaram en el Ecuador - producto de una huelga general
y un estado pre-insurreccional de amplios sectores de las
masas en medio de una profunda crisis y abierta división
de los de arriba.
Cavallo-De
la Rúa: un gobierno pre-bonapartista
El
carácter “de emergencia” de la conformación
del nuevo gobierno que surge de la crisis de marzo y que
relativamente prescindirá del parlamento por un año,
configura algo nuevo en los 17 años del régimen
de dominio argentino donde ha primado la democracia burguesa,
aún durante la presidencia de Menem que utilizaba
permanentemente el mecanismo del “decreto de necesidad
y urgencia”. ¿Qué significa un gobierno
de este tipo? Una de las definiciones que podemos encontrar
en Trotsky señala que se establecen las condiciones
para un gobierno de este tipo: “Cuando la lucha entre
dos campos sociales - los poseedores y los proletarios,
los explotadores y los explotados - alcanza la más
alta tensión (...) El gobierno se hace “independiente”
de la sociedad. Recordemos una vez más lo siguiente:
si se colocan simétricamente dos tenedores en un
corcho, este podrá mantenerse incluso sobre una cabeza
de alfiler. Este es precisamente el esquema del bonapartismo”.8
Dentro de este esquema general los gobiernos semicoloniales
son de un tipo especial de bonapartismo - “sui generis”
los llamó Trotsky - porque la burguesía nacional
es relativamente débil con respecto a las dos fuerzas
centrales que tienden a polarizar la situación en
las semicolonias: el capital extranjero imperialista y el
proletariado. Estos son los “dos tenedores en un corcho”,
entre los que se mantiene el gobierno de Cavallo-De la Rúa.
No porque sea independiente del capital imperialista - todo
lo contrario - sino porque se ve obligado a intentar mantener
un equilibrio altamente inestable entre esas dos fuerzas.
Para poder cumplir esta función, debe ubicarse como
árbitro entre las fracciones de la propia burguesía,
haciendo concesiones a la burguesía “no-monopolista”
bajo la forma de medidas “reactivadoras”, y buscar
el apoyo de los sectores más amplios posibles de
las clases medias. Pero que las fuerzas fundamentales que
polarizan la situación son el imperialismo y el proletariado,
se expresa en que el programa de Cavallo es presentado para
“satisfacer a los mercados” y, a su vez, “reactivar”,
“crear empleo” y “responder al problema de
la pobreza”.
Algunas corrientes de la izquierda en la Argentina, como
el maoísta PCR, definen la asunción de Cavallo
como un “golpe fujimorista”. Aunque es claro que
asume ciertos rasgos de ese tipo, este gobierno es completamente
distinto por su génesis. A pesar de cierto parecido
formal con el golpe de mano de Fujimori en Perú en
el ‘92 que asumió los poderes del parlamento
burgués, aquel fue un producto del desgaste de las
fuerzas de la clase obrera, de una polarización a
derecha de las clases medias contra la guerrilla de Sendero
Luminoso, de una represión que produjo miles de muertos
y encarcelados, y de las condiciones internacionales de
la ofensiva neoliberal en apogeo, que disciplinaba a las
burguesías nacionales con el “Consenso de Washington”.
Es decir, era, como el de Menem aunque bajo distintas formas,
el producto de una derrota de las masas y de una excepcional
unidad burguesa que duró casi una década.
Sostenemos con Trotsky que “El régimen bonapartista
no puede adquirir un carácter relativamente estable
y durable más que en el caso en que se cierre una
época revolucionaria: cuando las relaciones han sido
ya experimentadas en la lucha; cuando las clases revolucionarias
se han desgastado ya, pero las clases poseedoras no han
perdido todavía el miedo de que el mañana
no traiga consigo nuevas sacudidas. Sin esta condición
fundamental, es decir sin el agotamiento preliminar de la
energía de las masas en la lucha, el régimen
bonapartista no puede desarrollarse” 9.
Fujimori además, no es poca cosa, se apoyó
institucionalmente en las FF.AA que aportaron su otro hombre
fuerte al régimen, Montesinos, y clausuró
el parlamento durante un primer período. Por el contrario,
en Argentina, donde las fuerzas armadas no salen de su crisis
histórica abierta desde la caída de la dictadura
por el repudio de masas al genocidio y la derrota militar
frente al imperialismo inglés en Islas Malvinas,
los postulantes a Bonaparte deben buscar cierta legitimidad
en las formas de la democracia burguesa. Tan es así
que, desde comienzos del año pasado, el ahora renombrado
ministro Cavallo ya se venía postulando para una
crisis utilizando las propias armas de la democracia parlamentaria,
presentándose en las elecciones a jefe de gobierno
de la Capital Federal en mayo del 2000, y obteniendo un
alto porcentaje de votos en las clases medias acomodadas,
lo que preanunció el surgimiento de una “derecha
dura” dispuesta a socorrer al régimen. Aún
hoy, los “poderes especiales” de Cavallo están
restringidos, por ahora, a la política económica,
ya que fueron limitados por el propio Congreso, y estos
superpoderes no fueron el resultado de un golpe con apoyo
en las fuerzas armadas, sino que han salido de las entrañas
del propio régimen del Pacto de Olivos y su constitución
reformada en 1994, tal como defendió en los debates
parlamentarios el senador del PJ, Eduardo Menem, al famoso
“artículo 76”. Es decir, el gobierno de
tipo bonapartista surgido se sigue apoyando en las viejas
instituciones en crisis de la democracia burguesa y es,
no su negación parcial como ocurre con los regímenes
provenientes de golpes militares, sino una consecuencia
de la degradación del propio régimen de dominio
que existe en la Argentina desde hace más de 17 años.
Estas distinciones sirven para señalar dispares relaciones
de fuerzas entre las clases. Con el mismo criterio metodológico,
en la Alemania de los ‘30, Trotsky se preocupó
en distinguir minuciosamente dentro de la sucesión
de gobiernos bonapartistas que antecedieron al ascenso de
Hitler, los distintos rasgos de cada uno de ellos en contraposición
a las simplificaciones antimarxistas del stalinismo, que
sostenía que eran todos “golpes de estado fascistas”
por igual. Así, al gobierno de Bruning que “gracias
a la socialdemocracia disponía del apoyo del Parlamento
para gobernar por medio de decretos-leyes” lo caracterizó
distinto al surgido tras el golpe de estado de Papen que
lo derrocó, el 20 de julio de 1932. Si bien el primer
gobierno “tenía un carácter clerical-burocrático-policial”,
Trotsky precisaba que los militares de “La Reichwehr
quedaban todavía en reserva”, mientras que con
el golpe de Papen “los generales pasaban a primera
fila”. A este último gobierno lo llamó
bonapartista y al anterior lo caracterizó como “pre-bonapartista”.
Salvando las distancias con aquella situación donde
las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución
chocaban violentamente, lo que no es todavía el caso
argentino, utilizamos el mismo criterio metodológico
para definir al gobierno Cavallo-De la Rúa como pre-bonapartista,
inestable o no asentado.
Final
abierto
Como
resultado de la crisis de marzo se vive una coyuntura que
parece ser la contracara de la anterior. La extrema debilidad
gubernamental fue sorteada, en gran medida, con la incorporación
de Cavallo al gabinete y la delegación de poderes
especiales cedida por el parlamento. Pero no sólo
eso: si Cavallo intentara aplicar, en lo inmediato, el mismo
plan anterior, duraría menos que López Murphy.
La pérfida combinación política que
le está dando renovada base social al régimen
es que, al mismo tiempo que con Cavallo el ejecutivo asume
facultades extraordinarias para concentrar mayores ataques,
adormece a las masas con un discurso demagógico -
y algunas tibias medidas10- “productivistas”,
distinto del fiscalismo a ultranza que impulsaron hasta
ayer los banqueros y el FMI. Las divisiones burguesas que
se venían expresando cada vez más abiertamente,
fueron conjuradas por el régimen poniendo a un “hombre
fuerte”, un árbitro por encima de ellas11. La
clase dominante ha encontrado, al menos momentáneamente,
un conductor. Políticos burgueses de todas las facciones
antes enfrentadas hablan ahora de “unidad nacional”
y el noventa por ciento del periodismo le hace de servil
comparsa.
Se abrieron expectativas en sectores de las masas, no sólo
en las altas clases medias que ya eran simpatizantes de
Cavallo, sino en capas medias y aún en trabajadores
que semanas anteriores habían repudiado y rechazado
activamente el plan López Murphy. En esto contribuyó
enormemente la dirección oficial del movimiento obrero.
Días antes de su realización, la CGT disidente
de Hugo Moyano retrocedió del paro de 36 horas que
había sido convocado ante la reunión de ministros
del ALCA que se realizó en Buenos Aires, abriéndolo
una nueva tregua y llamando a depositar “una cuota
de esperanza” en Cavallo.
De
todas maneras, más allá de los discursos,
la burguesía no encuentra salida clara de una recesión
económica muy profunda. El diario Ambito Financiero
señala que: “Frente a este panorama gris se
encuentran «las medidas de Cavallo» (ya nadie
habla de un «plan» del actual ministro de Economía
porque se acepta que no es tal sino un conjunto de disposiciones
bien pensadas, pero sólo para superar la emergencia
financiera que soportaba el país). Las «medidas»
se muestran acordes con alejar al país del abismo
financiero, pero dejándolo adormecido todavía
a 3 metros del borde. Además, salvar los huecos del
Estado sacrificando más al sector privado no puede
ser por sí reactivante nunca”.12
La actual situación no puede ser más que transitoria,
indefinida, ya que la asunción de Cavallo sólo
puede ser preparatoria de próximas embestidas contra
las conquistas del movimiento obrero y de masas. “Mejorar
un 20% la rentabilidad” , como les promete el superministro
a los empresarios, sólo puede lograrse arrancando
una nueva tajada de plusvalía a los trabajadores:
ya sea por vía directa con una suma de derrotas que
permitan bajar más los salarios (imponiendo, por
ejemplo, convenios más esclavistas13) y disciplinar
al movimiento de desocupados; o por vía indirecta,
mediante una devaluación. Es decir, las únicas
dos alternativas “estratégicas” a las que
puede echar mano la burguesía ante el agotamiento
de régimen de la convertibilidad.
En lo inmediato, apuestan a una relativa estabilización
política hasta las elecciones legislativas de octubre,
para relegitimarse mediante el voto. Intentarán,
luego de ganar fuerzas, encarar los planes más duros
contra las masas. Pero este plan puede fracasar como consecuencia
de la situación crítica de la economía
internacional, que se viene expresando en la caída
de las bolsas del mundo producto de los indicadores recesivos
en EEUU y las mayores tensiones en política mundial
como lo mostró, en particular, el incidente entre
el gobierno norteamericano y China. Si estos elementos empeoran,
los bancos y capitales especulativos pueden huir en masa
de Argentina, pues más allá de la confianza
que tienen en Cavallo, la situación nacional inspira
desconfianza entre los “inversionistas” por el
altísimo endeudamiento nacional que pende como una
espada de Damócles sobre el país. Esto podría
acelerar una devaluación, no concertada sino impuesta
por una fuga de capitales, perspectiva que sigue planteada
en el horizonte. Por supuesto esto abriría una crisis
descomunal, no sólo para la burguesía sino
también extremadamente peligrosa para las masas.
Los llamados “golpes de mercado” de este tipo
pueden significar un shock que paralice a la clase obrera,
aunque, como vimos, el movimiento obrero argentino tiene
la ventaja de venir haciendo un duro y tenaz entrenamiento
de lucha con alta desocupación y recesión.
Sin duda, además, la situación de la lucha
de clases internacional, en particular latinoamericana,
influirá en este desarrollo, sobre todo si comienza
un nuevo período de ascenso, como parece estar anunciando
las acciones de fabriles y campesinos en Bolivia, en Paraguay,
o las luchas de petroleros y docentes en Venezuela.
El pronóstico es alternativo, la situación
transitoria tenderá a definirse: o hacia una situación
pre-revolucionaria abierta o directamente revolucionaria,
o hacia una derrota o una suma de derrotas parciales que
lleven a un gobierno claramente bonapartista. La perspectiva
es, de todos modos, de choques más violentos entre
la revolución y la contrarrevolución, que
todavía no han sucedido.
Los
sindicatos, los movimientos de desocupados y una nueva centroizquierda
El polo bonapartista alrededor de Cavallo y el giro derechista
del gobierno tendrá, como contrapartida, dos efectos:
de un lado agravará la crisis de la base obrera y
popular con el peronismo, mientras que, además, empujará
a la izquierda a sectores de las clases medias.
Cambios importantes se están operando en las clases
medias, el movimiento estudiantil y los trabajadores estatales,
es decir, en general en sectores de masas que eran base
social de la UCR y el Frepaso14. Algunas encuestas mostraron
que, actualmente, las dos figuras políticas nacionales
con mayor ascendente en las masas son Cavallo y la diputada
radical disidente Elisa Carrió que, durante fuertes
debates parlamentarios, llegó a amenazar con iniciar
acciones penales por “infames traidores a la patria”
a los diputados que votaron los superpoderes. Esto es un
índice de mayor polarización de las capas
medias, que son las que más se expresan en las encuestas,
y como no puede ser de otra manera cuando entran en cortocircuito
los mecanismos del régimen democrático burgués
donde las clases medias imponen normalmente la fuerza de
su número. Aunque esta “democracia delegativa”
se apoya cada vez más en estratos más elitizados,
en una clase media alta formada en la década de penetración
de capital imperialista (en gran parte ese es el núcleo
duro de la base cavallista), amplios sectores de masas odian
a Cavallo y rompieron definitivamente con la Alianza, tanto
en la clase media “ilustrada” y “progresista”
que incluye capas del estudiantado, como sectores medios
arruinados por la crisis en el comercio y en los pequeños
productores del campo. Estos sectores junto a los trabajadores
estatales y la vanguardia obrera y del movimiento de desocupados
constituyen la base de la oposición al nuevo gobierno.
De allí que se esté armando, en el otro polo
del régimen, un amplio frente de una nueva centroizquierda15,
a costa de la crisis del PJ, del Frepaso y la UCR, para
intentar contener dentro de una política reformista
a los sectores de masas y de vanguardia de los trabajadores
y el movimiento estudiantil que se inclinen hacia la izquierda
y a una política de independencia de clase.
Esta nueva centroizquierda necesita del concurso de los
sindicatos y - como ya se indica desde medios de prensa
opositores – de “alianzas con los líderes
de la protesta social” 16, que vienen siendo los grandes
protagonistas, junto a los movimientos de desocupados, de
la oposición al gobierno. De lo contrario no serán
creíble en las masas y sectores de vanguardia que
tenderán una y otra vez a la acción directa,
y no podrán ser contenciones reales para sectores
que vayan a la izquierda, por fuera del régimen.
Sin la ayuda de las burocracias sindicales serán
mediaciones menores, circunscriptas al terreno electoral
y parlamentario, el cual estará en lo inmediato muy
acotado por la inutilidad cada vez más manifiesta
del Congreso que delegó buena parte de sus atribuciones.
Toda tendencia al bonapartismo en el régimen limita
a los parlamentaristas en sus ámbitos naturales y
los obliga, por necesidad, a buscar la colaboración
la burocracia de los sindicatos17. Asimismo, aunque por
ahora el gobierno llame al “diálogo social”
a Moyano y De Gennaro, la burocracia sindical desconfía
de Cavallo porque prevén que, tarde o temprano, la
atacará.
Esta necesidad mutua entre burócratas sindicales
y diputados disidentes de los grandes partidos tradicionales,
proviene del miedo común a la perspectiva de radicalización
obrera y popular, de un lado, y de ataques bonapartistas,
del otro, y son la base material de lo que llamamos “frente
popular”, es decir, los acuerdos políticos y
alianzas de conciliación de clases entre organizaciones
obreras y partidos que actúen, al decir de Trotsky,
como “la sombra de la burguesía”. La colaboración
de clases directa en nuevas alianzas de este tipo, se acelerará
en tanto más se desarrolle la situación hacia
la izquierda18.
La política marxista revolucionaria en Argentina
La
etapa abierta en la Argentina, significa que la política
marxista deber tener como norte la caída revolucionaria
del gobierno y el régimen, y la lucha por el poder
obrero, el gobierno de los trabajadores y el pueblo. La
llegada de un gobierno pre-bonapartista significa que hay
que redoblar la propaganda amplia por la preparación
de la huelga general que lo derribe.
El PTS viene agitando y propagandizando esta perspectiva
estratégica. Siendo una liga de propaganda marxista
revolucionaria, publicó desde comienzos del 2000
La Verdad Obrera, un periódico de distribución
masiva en las principales empresas y lugares de trabajo,
en una tirada de 20 mil ejemplares, en el que participan
decenas de corresponsales de todo el país, y en cuyas
páginas se expresaron cientos de voceros y protagonistas
de las más importantes luchas y procesos de organización
de los trabajadores. Con esa herramienta de difusión
masiva de publicidad obrera y revolucionaria, intervinimos
en los paros generales, los movimientos de los desocupados
y los procesos que se operaron en la clase trabajadora,
y batallamos en el movimiento estudiantil para que las tendencias
más progresivas se unan a los paros generales y los
levantamientos de desocupados19.
En la reciente crisis de marzo planteamos la consigna de
“Echarlos con la huelga general y los piquetes”,
ligada a la de “imponer un plan obrero de emergencia
obrero y popular”. Al igual que durante todo el período
pre-revolucionario, planteamos la necesidad de organismos
de frente único de masas que den centralidad nacional
a la fuerza social que viene expresando la clase obrera.
Así, en distintos momentos, mocionamos el llamado
a un Congreso de delegados de base de todo el movimiento
obrero, y luego de la emergencia del fenómeno de
vanguardia de los piquetes, una Coordinadora Nacional de
piqueteros y delegados de organizaciones obreras en lucha,
tomando como referencia la tradición nacional de
las coordinadoras del 75.
Esta estrategia encuentra dos grandes obstáculos,
íntimamente relacionados, que a su vez señalan
los dos ejes políticos transicionales para la construcción
de un gran partido de trabajadores revolucionario que se
necesita en la Argentina. En primer lugar, la lucha por
la independencia de clase de movimiento obrero argentino,
que ha mostrado en el surgimiento del movimiento militante
de los desocupados y en el renacer de los sindicatos que
encabezaron los paros nacionales, su enorme fuerza vital,
pero sigue entrampado bajo las direcciones políticas
de la burguesía. En segundo lugar, la lucha por la
superación del régimen político democrático
burgués que, aún degradado y deslegitimado
con un gobierno de poderes especiales, mantiene en amplias
masas la ilusión del sufragio universal como herramienta
de cambio. Ambas cuestiones están en estrecha conexión
con el combate a las direcciones burguesas y reformistas
del movimiento obrero y popular que impiden una estrategia
obrera independiente y son los sostenedores, en última
instancia, de este régimen.
La
enorme fuerza de la clase obrera que se expresó en
los paros generales, la de los 6 millones y medio de asalariados
que paralizaron el país en la huelga de 36 horas
del año pasado, la fuerza de los ejemplares movimientos
militantes de los desocupados que destacaron los mejores
elementos de heroísmo, la clase que con sus familias
es la mayor fuerza social del país, es permanentemente
desviada, frenada, postrada, puesta una y otra vez de rodillas
ante los engaños de una burguesía parásita
y un régimen decadente. Esto es lo que impide que
esa fabulosa fuerza social puesta en movimiento incline
la balanza política nacional y se dirija a cambiar
al país de sus cimientos. Por el contrario, las clases
dominantes devuelven los golpes con salidas cada vez más
reaccionarias. El colmo de esto es la reincorporación
de Cavallo al gobierno, quien fuera echado por un paro general
en el año 96 cuando, como ministro de economía
de Menem, quiso imponer la liquidación de las asignaciones
familiares, un recorte de salarios, y ahora es impuesto
por la Alianza en la que la mayoría popular había
depositado sus expectativas mediante el voto, y por el PJ
a quien las masas habían hecho sentir su repudio
después de una década de gobierno. La CGT
disidente - para no hablar del ala de la burocracia completamente
ligada a los gobiernos de turno- mantiene, aunque con juego
propio, su atadura al PJ, y la dirección de la CTA
que viene de llamar en las últimas elecciones a votar
por De la Rúa, ahora se inclina a la colaboración
de clases con nuevos frentes de centroizquierda burguesa.
La exigencia de ruptura de los grandes sindicatos y movimientos
de desocupados con los partidos y la política de
las distintas fracciones de patronal, y el llamado a que
levanten un programa y una política obrera independiente,
es una de las grandes tareas transicionales de la política
revolucionaria en Argentina.
La burocracia sindical, atada por mil lazos a la política
comiteril de la burguesía, a las amistades con los
funcionarios de los ministerios, a las prebendas que provienen
del Estado burgués, se opondrá firmemente
a esta salida, sosteniendo, cínicamente, que “los
sindicatos no deben hacer política”. Ante ello,
algunos sindicatos y movimientos de desocupados que ya han
conquistado desprenderse de la tutela de esta burocracia,
las comisiones internas y cuerpos de delegados de empresas
que surgen ligadas a la base obrera y como recambio a las
viejas direcciones anquilosadas, todos los luchadores que
buscan abrirse paso en un camino independiente, pueden y
deben agruparse por una verdadera política clasista
y encarar la enorme tarea que significa que los trabajadores
construyan su propio partido, un movimiento político
que luche por su programa ante la crisis y por su propio
gobierno. Cada sindicato regional y cada organización
de desocupados que llame a luchar por esta perspectiva política
de clase, impactará sobre el conjunto del movimiento
obrero y será recibida con simpatía en la
base de las centrales sindicales de masas. Esto permitiría
crear alas en todos los grandes sindicatos de la industria
y el transporte, y que los mejores activistas de los mismos
mientras impulsan nuevas organizaciones y se promueven a
puestos dirigentes desplazando a la vieja burocracia, a
la vez, construyan agrupaciones que luchen para que las
centrales y sindicatos levanten esta política independiente.
El PTS de Argentina, discutirá en su próximo
Congreso, lanzar una campaña nacional por esta política
en todo el movimiento obrero. Los partidos que se reclaman
de la izquierda obrera, revolucionaria y socialista son,
en el país, pequeños grupos comparado a las
fuerzas que se han puesto en movimiento, con las nuevas
organizaciones de los miles de desocupados que expresan
tendencias militantes, con el extendido activismo obrero
de base que busca independizarse de la burocracia de los
sindicatos y requiere una salida política. En este
sentido, el PTS viene insistiendo en su llamado al Partido
Obrero y a otros grupos, para la conformación de
un Bloque de la Izquierda Obrera y socialista, que unifique
las fuerzas de los que nos reclamamos revolucionarios para
intervenir en la actual situación, con un programa
y una política que apunte a que los trabajadores
pongan en pie su propio movimiento político o partido,
y luchen por su propio gobierno.
En
segundo lugar, es innegable la importancia de las demandas
democráticas frente a la bonapartización del
gobierno. Claro está que cobran importancia, ante
el carácter estructural de la crisis del capitalismo
semicolonial argentino, las que tienen que ver con el sometimiento
de la nación al capital extranjero, como el no pago
de la deuda externa al FMI, la ruptura de los pactos con
el imperialismo, la nacionalización de la banca para
evitar fugas de capitales y otorgar créditos baratos
para pequeños chacareros y comerciantes, todas ellas
indispensables. Pero además, hace falta denunciar
sistemáticamente el carácter ilegítimo
del gobierno Cavallo-De la Rúa, luchar contra los
superpoderes cedidos por todos los partidos que significan
un avasallamiento más hasta del mínimo derecho
democrático formal del sufragio universal, denunciar
los aprestos represivos, los pactos y negociaciones a espaldas
del pueblo. Todas estas cuestiones son para la clase obrera
y sus luchadores más conscientes, en primer lugar,
un problema de autodefensa; y, en una estrategia revolucionaria,
la forma de tender lazos a la unidad con los estudiantes
y las capas medias, imprescindible para enfrentar los duros
ataques que se preparan a los convenios colectivos de trabajo,
o la “reforma del estado” que implicará
pérdidas de conquistas y empleos.
Sin duda este régimen deslegitimado ante millones,
empujará a cada vez más amplias capas a la
acción directa que superen los marcos de la legalidad
burguesa, como vino sucediendo el último año
en la Argentina. Tanto mejor si se desarrollan organismos
de democracia directa de las masas en lucha, como se vio
tendencialmente con los piquetes, y que los revolucionarios
alentaremos a cada paso. Pero los revolucionarios no podemos
decretar la superación de la democracia burguesa:
se necesita acelerar la experiencia de las amplias masas
con ella para acercarlas a la lucha revolucionaria por su
propio gobierno de los trabajadores.
De allí la importancia de la demanda de una Asamblea
Constituyente Libre y Soberana, para que la vanguardia obrera
demuestre que es la única que puede darle a las amplias
masas explotadas y oprimidas de la nación la posibilidad
de discutir y resolver en una democracia generosa sus grandes
y más acuciantes problemas: el desempleo, los créditos
usurarios de los bancos, las tarifas públicas que
esquilman a millones en beneficios de unos pocos monopolios
extranjeros, la fabulosa succión de recursos que
significa la deuda externa. Ningún trabajador o estudiante
puede creer que los partidos del régimen y del gobierno
ilegítimo de Cavallo y De la Rúa, que nadie
votó y responde a la dictadura de los banqueros y
grandes empresarios, pueda dar semejante salida democrática.
Ningún trabajador o estudiante puede pensar que el
Congreso y los partidos del pacto de Olivos que otorgaron
los superpoderes a un solo hombre y viene aplicando, una
tras otra, leyes antipopulares y fraudulentas puede fallar
a favor de una democracia amplia para la mayoría.
La clase obrera, que ha comenzado a mostrar su fuerza, es
quien debe tomar la iniciativa y encabezar la alianza con
los sectores medios empobrecidos en la lucha por la caída
de Cavallo-De la Rúa. Ya lo dijimos en la crisis
de marzo y volvemos a decirlo: es necesario preparar la
huelga general para tirar abajo al gobierno, es necesario
desarrollar los piquetes como verdaderos organismos de autodefensa
obrera y popular que derrote las fuerzas de represión,
es necesario poner en pie coordinadoras y un congreso nacional
de delegados, basado en la democracia directa de todas las
capas explotadas en lucha. Ese fue y sigue siendo el eje
alrededor del cual se articula nuestro programa de acción
y el llamado al frente único de masas.
Pero entonces, nos preguntaron, durante la crisis de marzo
muchos trabajadores: si cae De la Rúa, ¿por
quién proponen ustedes reemplazar al gobierno? La
clase obrera aún no está en condiciones de
sustituirlo por el poder obrero, no se han desarrollado
coordinadoras ni se han centralizado nacionalmente en un
Congreso de delegados de todo el movimiento obrero, como
es nuestra perspectiva. La gran masa de la clase obrera
no tiene aún el objetivo de su propio poder independiente,
ni siquiera quienes están influenciados por cierta
izquierda, como la Corriente Clasista y Combativa20 que
grita “argentinazo y abajo De la Rúa” pero
se limita a pedir un “gobierno de unidad popular”,
es decir con una supuesta burguesía nacional y sectores
de los partidos patronales como el PJ. Entonces ¿qué
podría sustituir a Cavallo-De la Rúa? El programa
de acción revolucionario puede dar una alternativa:
Una Asamblea Constituyente puede concentrar el poder legislativo
y el ejecutivo, terminando con la actual división
burguesa de poderes. Sus miembros serían electos
mediante el sufragio universal para los mayores de 16 años,
sin distinción de sexo o de nacionalidad. Sus mandatos
deberán ser revocables para terminar con los engaños
de los falsos “representantes del pueblo” que
estafan a sus votantes. Los candidatos a diputados constituyentes
podrían, además, ser promovidos desde asambleas
locales, cercanas a las necesidades del pueblo y ante su
vigilancia. Durante el ejercicio del mandato recibirían
un salario igual al de un obrero o un maestro, para terminar
con las prebendas de una casta de políticos patronales
en un país con 14 millones por debajo del índice
de pobreza y para hacer efectiva la idea popular de un gobierno
barato. Al derrumbar al gobierno pre-bonapartista de Cavallo-De
la Rúa y sustituirlo por una Asamblea Constituyente
Libre y Soberana, se podría instaurar una democracia
mucho más amplia, en que las masas trabajadoras harían
mucho más rápidamente su experiencia, y se
prepararían más fácilmente para el
poder obrero.
Y ¿quién podría convocar esa Constituyente?
No puede haber un tránsito constitucional y pacífico
de uno a otro estado de cosas, tal como lo imaginan algunos
partidos de la izquierda como el Partido Obrero, que propone
“la renuncia de De la Rúa y que asuma el poder
la Constituyente”.21 Sólo un gran levantamiento
nacional y la huelga general indefinida, sólo la
fuerza social que ha demostrado ser en los piquetes y los
paros generales la verdadera oposición, pueden ser
los parteros de tales cambios, que revolucionarían
la vida política, incorporando a ella la participación
de las grandes masas. Si cae el actual gobierno, quedará
demostrado que los únicos que podrán iniciar
ese camino son las organizaciones obreras y populares que
se den las masas en el combate contra el gobierno de Cavallo-De
la Rúa, las que lo encabecen y tengan la autoridad
revolucionaria que les habrá dado ser la vanguardia
de la huelga general política que derrumbe a este
régimen infame, un gobierno provisional obrero y
popular. |
