Estrategia Internacional N° 17
Otoño de 2001

La emergencia de la nueva Alianza en el gobierno, cuyo centro de gravedad ha recaído en manos de Domingo Cavallo, es quizás el último intento de salvar lo que queda del régimen de dominio instaurado en el ‘83, acorralado por la crisis capitalista y las luchas obreras y populares. Pero con este mismo acto de “salvación” se ha impuesto un verdadero “régimen infame”, de características pre-bonapartistas. Todas las instituciones políticas que la clase dominante supo utilizar para conservar su hegemonía y que sufrieron un agudo proceso de descomposición a lo largo de estos 18 años están hoy desacreditadas. Frente a la debilidad del gobierno, el parlamento fue incapaz de contener el descontento de masas y darle salida a la crisis económica, política y social que atraviesa el país. Esa incapacidad tuvo su expresión más elevada en la sesión parlamentaria de los poderes legislativos al ministro de economía.
Esta crisis política de los regímenes democrático burgueses, con sus particularidades, recorre una serie creciente de países latinoamericanos. Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, son los casos más resonantes.
Mientras tanto, durante la crisis y después de ella, todos los personajes del progresismo local han sabido recitar su mejor papel. La diputada radical Elisa Carrió, que denunció a los legisladores “que se suben al Titanic” y votaron los superpoderes y que llamó a “refundar la república”, retiró tan pronto como pudo su acusación de “infames traidores a la patria”. ¿Cómo podría la elocuente legisladora “refundar” vaya a saber qué enigmática nueva república, si no es capaz siquiera de mantener una modesta acusación judicial contra los personeros de la “vieja”?. Otras vertientes de la centro izquierda, que inundaron con inflamadas denuncias los medios gráficos, no ven otras medidas más eficaces para alcanzar “la soberanía, la democracia, la igualdad de oportunidades y la justicia social” que los petitorios para lograr un plebiscito o la conformación de nuevas agrupaciones políticas y nuevos frentes “de oposición” para probar suerte en el calendario electoral, mientras el dueño de este nuevo régimen infame seguirá avanzando con su política antes y después de octubre. Postrada ante la evidencia, cobarde frente al poder, impotente en el presente y temerosa del futuro, la nueva centro izquierda no constituye y no puede constituir ninguna fuerza orgánica capaz de sacar a la nación pobre y explotada del marasmo y la ruina. Como dirección política de la pequeño burguesía se arrastra frente a la grande y le rinde pleitesías al capital imperialista, ante el cual se inclina respetuosa y servilmente, hundiendo en ese mismo acto toda pretensión de representar los genuinos intereses de las capas medias arruinadas, cuyas necesidades sólo podrán encontrar una respuesta en la única clase y el único programa que puede conducir la sociedad hacia delante, la clase trabajadora.

Keynesianismo senil del subdesarrollo

Los representantes intelectuales, políticos y líderes sindicales que se auto enrolan en el progresismo o el autodenominado “nuevo pensamiento” han visto cómo se les escurría de las manos el segundo intento, luego del estrepitoso fracaso del alfonsinismo, de lograr una democracia “social”, “participativa” o con “igualdad de oportunidades”. Desde la crisis y retroceso del menemismo, cientos de artículos, revistas y libros han plasmado su creciente descontento con el rumbo económico y político de los gobiernos de turno. La democracia como mecanismo “procedimental” estaba asociado, con las políticas neoliberales y las restricciones democráticas.
“Democracia o ajuste” dice la Central de trabajadores Argentinos (CTA) liderada por Víctor De Gennaro. El sociólogo José Nun, un habitué en las editoriales del periodista Horacio Verbitsky, ha planteado en su libro “Democracia ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?” que se necesita algo así como una “democracia keynesiana”, basada en el “bienestar de la gente y la participación” y moderadora del conflicto social1, sin reparar en el hecho de que el “estado de bienestar” ha sido posible sólo en las sociedades más avanzadas de los estados imperialistas y en particular durante el boom de la posguerra, y que países semicoloniales y dependientes como la Argentina lo máximo que han alcanzado es una seudoindustrialización mediante la sustitución de importaciones, unida y subordinada al capital extranjero. Guillermo O’ Donnel ha llegado con años de atraso, a conclusiones semejantes, prescribiendo, contra “los poderes autoritarios del capital financiero”, una “alianza productiva fundada en valores de equidad social y de vigorización democrática que a su vez sustenten la decisión de reconstituir una nación”2, aunque vale insistir, la Argentina es una semi nación, carente de soberanía y atada por lazos económicos, políticos, militares y culturales al dominio imperialista.
Todas estas figuras habían entrado en la foto alfonsinista, en la que pretendieron encontrar el punto de equilibrio entre la democracia parlamentaria y la justicia social luego de “décadas de golpes militares y populismos”. A ellos se sumaron algunos desilusionados del menemismo. Luego enarbolaron las banderas de la “transparencia” y la “lucha contra la corrupción” para oponerle al “ajuste salvaje” del menemismo. Así se forjó el Frepaso, luego del Pacto de Olivos del ‘94, que integrado en la Alianza y por último en el “régimen infame” de los superpoderes, cumplió su ciclo histórico, primero salvando por un tiempo al régimen bipartidista y sus partidos del colapso y luego hundiéndose junto a ellos devorados por la crisis. La nueva centro izquierda que está naciendo de sus entrañas, basada en el espíritu de la colaboración de clases y la defensa del estado burgués, correrá la misma suerte que sus predecesoras, empujadas por la lucha de clases y la crisis capitalista.
La CTA, en su momento sostuvo que una nueva “democracia “antineoliberal” vendría de una nueva relación de fuerzas sociales, es decir de un estado y un gobierno que recoja los reclamos de las masas. La “sociedad civil” podría imponerle al estado de los capitalistas las formas y el contenido de sus reivindicaciones populares. Lo que De Gennaro y toda la centro izquierda no pueden explicar es por qué diablos la recomposición de las luchas populares, el ascenso de los trabajadores con los cuatro paros generales, la organización del movimiento de desocupados y la oposición y el hartazgo de las amplias masas populares frente a la ofensiva permanente del capital, no dieron como resultado ni un seguro de desempleo, ni una “democracia participativa” ni nada semejante; parieron una nueva criatura, el cavallismo. Es que para el progresismo el carácter clasista de la democracia le resulta, en el mejor de los casos, un jeroglífico incomprensible o un dogma marxista pasado de moda.

Una democracia pos contrarrevolucionaria

En realidad el “ajuste” y la “democracia” no son incompatibles, al revés, constituyeron el marco de desenvolvimiento del régimen político durante 18 años. Para decirlo con los términos del progresismo, la democracia no vino para ser, digámoslo de algún modo, “keynesiana” sino “neoliberal”. Y en este caso, como en tantos otros, el aristócrata Schumpeter era más realista y más agudo que toda la centro izquierda junta: “la democracia es lo que es”.
La democracia burguesa del ’83 surgió de las luchas populares contra la dictadura, pero estuvo marcada desde el comienzo por la derrota de la clase obrera y su vanguardia más combativa bajo los golpes de la dictadura militar y por la derrota nacional de Malvinas frente al imperialismo Angloamericano. Surgió de esas derrotas históricas que le permitieron al imperialismo norteamericano, igual que en el resto de América Latina, impulsar regímenes democrático burgueses, tan funcionales a su dominio y mucho más seguras y estables que las viejas dictaduras desgastadas y desacreditadas. La democracia inaugurada en el ‘83 fue una democracia poscontrarrevolucionaria.
Bajo la cobertura de la democracia y la constitución el bloque dominante y el imperialismo descargaron una extraordinaria ofensiva política, económica e ideológica sobre las masas. Esta ofensiva capitalista llevada a cabo bajo las banderas de la democracia fue aplicada en distintos países y en distintas circunstancias3, como parte de la contraofensiva imperialista y como respuesta contrarrevolucionaria al ascenso mundial que tuvo lugar desde el ‘68 hasta por lo menos el ‘81. Esta política de contrarrevolución democrática no dejó nunca de combinarla con intervenciones militares punitivas como en Irak, apoyo de autogolpes como el de Fujimori.
El régimen democrático burgués, cuya institución tal vez más sólida fue la del sufragio universal, crea la ilusión de una soberanía y una autonomía en las decisiones de las grandes masas mediante el voto. La democracia representativa abstrae la polaridad clasista en las relaciones de producción y trata como libres e iguales ante la ley a los ciudadanos, independientemente de la pertenencia a determinada clase social. Esta democracia, panacea del progresismo, ha sido el instrumento político más eficaz de la ofensiva del capital y la penetración imperialista que no tiene parangón, salvo quizá la década infame de los ‘30, con ningún otro régimen político en la historia nacional.
Sin la capacidad de las clases subalternas de cuestionar seriamente la propiedad privada y la dominación imperialista, la estabilidad excepcional de la democracia argentina fue el fruto de un nuevo bloque de poder burgués que se iría constituyendo mediante recurrentes crisis durante los ‘80 y que encontrará su máxima expresión durante los ‘90. Podríamos resumir este proceso en tres etapas: 1) Bajo el régimen militar el endeudamiento y las tasas de interés diferenciales que permitieron la “bicicleta financiera” junto a la fuga de capitales, la apertura económica y la estatización de la deuda externa en el ’81-’82 fueron los instrumentos más destacados de una extraordinaria transferencia y redistribución de los recursos de los asalariados y las masas populares hacia el capital local y extranjero más concentrado que siguió adelante bajo el gobierno alfonsinista. En esta exorbitante transferencia de recursos el estado cumplió un papel de primer orden. El endeudamiento acelerado, que luego se combinó con una profunda recesión económica a lo largo de toda la década del ’80, favoreciendo una espectacular fuga de capitales. Se estima que mediante los mecanismos arriba descritos durante la década del ’80 “las transferencias totales del estado al capital concentrado alcanzaron a 105 mil millones de dólares”4. De ellas se cree que unos 35 mil millones consisten en los sobreprecios pagados por el estado en compras y contrataciones, en beneficio directo de agentes como Pérez Companc, Techint, Siemens, etc., es decir a la asociación de los “capitanes de la industria” con los conglomerados extranjeros. La crisis capitalista mundial, el fin del boom de la posguerra, el agotamiento de la etapa de sustitución de importaciones que dio paso a la apertura de los mercados en función de las necesidades productivas de los países centrales, concentrando nichos de producción en la agroindustria y materias primas, y un mercado interno reducido sobre todo a las clases medias altas, implicaron en consecuencia un cambio en la base social y las alianzas de clases nacionales. El nuevo bloque dominante no tiene ninguna intención de mantener la más mínima demagogia hacia las clases populares. Al revés, se basa en la desvalorización de la fuerza de trabajo y en una fuerte concentración en un puñado de grandes grupos económicos, estableciendo una alianza duradera con el capital extranjero de quien depende financiera y tecnológicamente. El gobierno de Alfonsín, luego del estruendoso fracaso de Grinspun y el “club de deudores”, cerró filas con los acreedores e impuso una economía de guerra contra los trabajadores, que mediante el mecanismo de la emisión monetaria y la desvalorización cambiaria favorecía de un lado la desvalorización salarial y del otro, mediante la promoción de las exportaciones obtenía los saldos para pagar la deuda. Aún así el proceso hiperinflacionario y el impasse del gobierno radical fueron utilizados para sacar provecho a favor de los apetitos más desenfrenados del capital concentrado. 2) El menemismo, luego de algunos titubeos vino a imponer este programa. La crisis hiperinflacionaria, en la medida en que la clase obrera estuvo inhibida por la dirección sindical de actuar en ella con una política independiente, fue aprovechada para avanzar en las tareas que el capital concentrado tenía pendientes. Los resultados ya son conocidos. La posterior derrota de la lucha contra las privatizaciones estabilizaron al gobierno menemista y le dieron la suficiente fortaleza para aplicar “sin anestesia” todo el programa político del establishment y que coincidió a nivel internacional con el relanzamiento de la ofensiva norteamericana expresada en la guerra de Irak.
Pero el menemismo modificó también las “reglas de juego”, concentrando un poder bonapartista que llevó a la crisis del viejo bipartidismo, cuya máxima expresión fue el Pacto de Olivos. Este pacto fue un salto cualitativo, la adecuación jurídico política a las necesidades del establishment y del nuevo polo de poder de concentrar un “poder fuerte” acorde a las necesidades capitalistas e imperialistas. La reforma constitucional que nace del Pacto de Olivos, es la que impone, entre otras cosas, el debatido artículo 76 que faculta al legislativo a entregar poderes especiales al ejecutivo.
El menemato llevó estas tendencias a un poder fuerte y centralizado, a las relaciones abiertas entre los intereses capitalistas y la administración del estado, como no lo había logrado el gobierno anterior. Mediante las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, el sistema político de partidos y el debate parlamentario fueron subordinados a la eficiencia tecnoburocrática del estado, que concentró en sus manos los resortes fundamentales de las reformas capitalistas. Con la crisis del “Tequila” en el ‘95 comienza su declive que se expresará más adelante en las luchas de resistencia del ‘96 y ‘97. 3) La crisis económica mundial desatada en el sudeste asiático en el ‘97, y la recesión que se percibe desde el ‘98, las luchas populares contra el menemismo y las fisuras en el seno de la burguesía, fueron los elementos esenciales de la crisis y el agotamiento del ciclo iniciado en los ‘90. La Alianza vino a desviar la lucha de masas contra el menemismo, relegitimar las carcomidas instituciones del régimen bipartidista y a recrear expectativas, ya que el gobierno de la Alianza subía bajo un tibio tinte “reformista”. Pero la Alianza fue devorada por la crisis, la presión de la banca acreedora, los reclamos patronales y las luchas populares cuya característica central fue la recomposición y el ascenso de la clase obrera con los cuatro paros generales y el desarrollo del movimiento de desocupados, que fueron la vanguardia de lucha. La emergencia del cavallismo es la culminación de este proceso y al mismo tiempo la consecuencia de la descomposición del régimen de dominio instaurado en el ‘83.

Democracia degradada y tendencias bonapartistas

Que la democracia política como forma de gobierno, bajo los efectos de la crisis capitalista y de las luchas obreras y populares no tiende a ampliarse ni a hacerse cada vez más “social”, como pretende en vano el progresismo, lo demuestra no sólo la experiencia actual, sino toda la historia de la sociedad contemporánea. Cuando Guillermo O’ Donnel y otros exponentes de la sociología “progre” nativa buscan una salida política, no deberían buscarla en el Max Weber de la república de Weimar5, aquella que pretendía conservar y ampliar la democracia controlando la “jaula de hierro” y la “máquina inanimada” del aparato de estado, aún a costa de una mayoría parlamentaria socialdemócrata, sino en el Weber cesarista y plebiscitario, aquel que comprendió que detrás de aquellos líderes reformistas se hallaban los obreros alemanes, y que el poder desafiante de estos últimos no dejaba lugar al libre juego del parlamentarismo burgués, sobre todo bajo los efectos demoledores de la crisis de posguerra, agudizada por las imposiciones del tratado de Versailles. Aquél que creía que “los intereses de una nación se colocan por encima de la democracia y el parlamentarismo”6. Este teórico, el más lúcido de la burguesía en su tiempo, se fue inclinando cada vez más por variantes plebiscitarias, en la medida en que la legitimidad de la república de Weimar era cuestionada por la irrupción del proletariado. El Weber “demócrata republicano” de la sociología “progre”, es en realidad el teórico de un juego de equilibrios entre el parlamento, la burocracia de estado y el líder plebiscitado.
El núcleo de la política republicana residía no en la representación de intereses y en la “democracia participativa” sino en la eficacia del poder. “En los estados de masas el elemento cesarista es inevitable”7, sostuvo, ya que la política está determinada por el “principio del pequeño número” y de su capacidad de maniobra. De allí que una democracia estable, basada en la institución parlamentaria en la que las fracciones burguesas diriman en ella y logren consenso sobre los destinos de la nación requiere, de un lado, una bonanza económica sin precedentes y del otro, pero íntimamente unido, la capacidad de otorgar enormes concesiones a las masas. En Weber la preocupación por la “muerte lenta” de la democracia bajo el peso de la racionalidad formal convive con la convicción de que es necesaria en determinados casos la ley marcial “para no sufrir los riesgos de lo que está ocurriendo en Rusia”. Es el teórico, como vimos, no solo del parlamentarismo, sino también de la delegación cesarista de poderes especiales.

Estado y burguesía nacional

Pero las tendencias cesaristas o bonapartistas en países semicoloniales como la Argentina, en períodos de agudizamiento de la crisis, son reforzadas por una triple presión: la del capital extranjero y el imperialismo, que somete a la nación a sus dictados, examina los resultados, ordena sus políticas, ejerciendo una presión devastadora que somete a un saqueo descomunal todos los recursos del estado y la sociedad; del la gran burguesía local, que asociada al capital extranjero busca su propio beneficio descargando sobre las masas sus malos negocios en períodos de recesión; y la clase obrera y los sectores populares que al oponer resistencia a la ofensiva capitalista, impiden que la dominación burguesa pueda realizarse mediante los mecanismos normales, y obligan al gobierno a adoptar medidas extraordinarias, en una dialéctica de medidas autoritarias y engaños electorales.
La penetración y dominación imperialista, la ofensiva del gran capital sobre el trabajo y los apetitos desenfrenados del establishment, no dejan margen para las añoradas políticas redistributivas del progresismo, ni para las políticas de presión sobre el estado burgués, de las que son tributarias y las cuales ya no rinden los frutos que durante décadas utilizó la burocracia sindical peronista a cambio de conservar a la clase obrera bajo la tutela de la burguesía. Esta incapacidad de dar concesiones importantes es la verdadera muralla a la que se enfrentan todos los progresistas, aunque hayan creído que el estado no es un instrumento de dominio del capital (odian las definiciones marxistas por sobre todas las cosas), sino un saco vacío, neutro, al que se lo puede llenar con políticas redistributivas, por fuera de las verdaderas condiciones de desenvolvimiento del capitalismo en el período actual. El peronismo, como movimiento nacionalista burgués, tendió a ser superado por la radicalización obrera en los ‘70, y en las últimas décadas se ha transformado definitivamente en instrumento político del capital más concentrado. A la centro izquierda pequeño burguesa le está haciendo falta una burguesía capaz de recrear aunque más no sea una sombra de lo que fue. La “teoría” de la “sociedad civil” como sujeto social para “transformar al estado”, demuestra que en el terreno concreto de las clases sociales no encuentran ninguna burguesía que pueda y quiera hoy encarnar un “proyecto de país” burgués distinto. La nueva centro izquierda no posee otro programa que el que pueda ofrecerle algún sector de la clase dominante, ni otra estrategia que la colaboración de clases y el reformismo burgués.

Tendencias bonapartistas en países semicoloniales

Para poder avanzar en una guerra declarada contra el nivel de vida de las masas la gran burguesía extranjera y local necesitan concentrar en las manos de sus representantes políticos todas las palancas del poder, sustrayendo sus decisiones de la más mínima deliberación pública para poder imponer sin restricciones sus propias decisiones. La “democracia por cien años” se transformó en decretos de necesidad y urgencia, “per saltum” de una Corte Suprema adicta a los poderes de turno, impunidad para los militares, negociados millonarios, compraventa de votos en el senado, y una extensa red de favores que transformaron a los legisladores en clientes cautivos de las grandes corporaciones. Aún así todas estas medidas de excepción, la corruptela generalizada y violación sistemática de la propia Constitución reaccionaria, no fueron suficientes para desactivar el descontento popular, salvar los negocios capitalistas y relanzar un ciclo económico agotado. Una figura vapuleada por todas las luminarias del “librepensamiento”, un nombre impresentable frente a la población sometida por sus propios dictados, odiado y rechazado por las grandes mayorías pero fiel y responsable ante los organismos financieros y el gran capital local, fue llamado para imponerse por sobre la impotencia y la parálisis de todas las instituciones republicanas que se vieron obligadas a subirlo en sus propios hombros. Y como en el cuento de Simbad el marino, este mismo personaje es el que con sus rodillas aprieta el cuello de los legisladores que, vencidos, le votan los superpoderes. El estado, controlado por los monopolios y atado al capital financiero internacional, entra en constante contradicción con las necesidades más elementales de la población, se deslegitima frente a capas crecientes de las masas, sus instituciones se desacreditan y vacían y la deliberación pública de las fracciones de la burguesía se sustraen del parlamento para resolverse en las alturas del ejecutivo. Esta tendencia a la degradación de la democracia, a la concentración del poder en las manos de un puñado de técnicos y “salvadores” no es una malformación, es la confirmación más palmaria del análisis marxista sobre el carácter clasista de la democracia, su degradación y derrumbe frente a la crisis capitalista y el ascenso de masas, y el mentís definitivo de las teorías del “nuevo pensamiento” sobre la “neutralidad” del estado, mal que les pese a los Lozano8 y toda la hilera de keynesianos “aggiornados” que le siguen en la fila.

Excepcionalidad histórica

Que el período democrático de los últimos 18 años constituye un fenómeno excepcional lo demuestra la propia historia nacional. El constitucionalismo liberal, por lo menos de 1870-80 a 1920-30 fue, si exceptuamos quizás el período yrigoyenista (sometido a la presión conjunta de las apetencias inglesas de un lado y de la irrupción del proletariado en la “semana trágica”, del otro), fue relativamente estable, basado en la excepcional renta agraria de la oligarquía criolla unida al imperialismo inglés en expansión y a la inmadurez relativa del desarrollo del proletariado, en el que las masas populares estaban marginadas del sistema electoral. Pero con la irrupción de las clases medias en la palestra nacional y sobre todo de la clase trabajadora como un actor fundamental de la vida política nacional, la historia de los sucesivos regímenes políticos, desde 1930 en adelante y hasta 1983, fue la de los sucesivos regímenes de tipo bonapartistas, ya sea reaccionarios, como las dictaduras militares abiertamente proimperialistas, o populistas como el peronismo, que se apoyaron relativamente en el movimiento obrero para regatear con el imperialismo norteamericano -al cual finalmente capituló- la apropiación de las cuotas correspondientes de la plusvalía nacional y la soberanía económica sobre los recursos del país y el mercado local9.
Las condiciones especiales de poder estatal están determinadas por el lugar que ocupan las burguesías en los países atrasados, como explotadores de su propio proletariado de donde obtienen su beneficio capitalista y como clase semi oprimida, en la medida que debe compartir la explotación de su propio mercado con el capital extranjero, con el cual surgen permanentemente roces y disputas. Una burguesía débil en comparación a las fuerzas sociales del proletariado por un lado y de la burguesía imperialista del otro, es impotente para ejercer su propio dominio en forma independiente. Ese fenómeno es el que ha marcado en los países atrasados un período de alta inestabilidad política durante todo el siglo XX.
Los sucesivos regímenes políticos desde la década infame, pasando por el peronismo, la libertadora con la proscripción del peronismo y de los sindicatos, la apertura y el nuevo gobierno peronista en el ‘73, hasta el golpe videlista, fueron una serie continua de bonapartismos sui generis, que incluyeron bonapartismos de tipo populista como el peronismo, dictaduras militares y democracias proscriptivas.
La excepcionalidad democrática que ya lleva 18 años, se debió, como vimos, a las derrotas anteriores, que permitieron una relativa estabilidad para la explotación capitalista bajo la institucionalización de una democracia poscontrarrevolucionaria. Pero una democracia con enormes elementos cesaristas, una democracia que se va degradando a medida que la presión del capital externo y las clases subalternas la dejan en crisis y la descomponen, dando paso progresivamente a un enfrentamiento mayor entre revolución y contrarrevolución.

El pacto infame del siglo XXI

El comienzo del ciclo de golpes militares e inestabilidad institucional en el país se abre con el golpe de Uriburu en el ‘30. El régimen militar que reimpone el fraude electoral lleva al poder a la Concordancia, coalición de conservadores, radicales antipersonalistas y “socialistas independientes” que colocan a Justo en la presidencia. Este régimen infame tuvo el propósito de salvar las superganancias de la oligarquía en crisis. Fue un régimen de entrega nacional, cuya máxima expresión fue el pacto Roca-Runciman que estableció un verdadero “estatuto legal del coloniaje”. Así se le conoció a este pacto infame, gracias al mote con que lo bautizó FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), a la que nuestros progresistas de hoy no le llegan a los talones, a pesar de los límites de clase y de perspectivas que poseían y que los llevó años más tarde a abrazar el peronismo.
Mediante este pacto la oligarquía terrateniente, a cambio de conservar una cuota de 350 mil toneladas de carne en el mercado británico, entregó a éste las llaves fundamentales de la economía argentina, el control de las divisas, del transporte, de la producción petrolera y el trust de los frigoríficos ingleses y norteamericanos, entre otras delicias. Hoy, como en la década del ‘30, este nuevo “régimen infame” pretende un nuevo “estatuto legal del coloniaje” con el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas), por medio del cual el imperialismo norteamericano busca obtener un mercado cautivo para sus productos, el control de las materias primas, el suelo y todos los recursos del continente. Un proyecto ambicioso en su puja interimperialista con Europa y Japón para el que utiliza al continente como un coto de caza cerrado. ¿Y todavía se puede hablar de un “proyecto de nación” y una “democracia participativa” sin romper los grillos con que el imperialismo somete a la nación y el continente?

Régimen político, imperialismo y clase obrera

El periodista Horacio Verbitsky ha brindado en una editorial un análisis aparentemente profundo pero superficial. Explicando la emergencia de la figura de Cavallo, lo describe como un árbitro entre “transnacionales dolarizadoras y grupos devaluacionistas”. Las crisis que llevaron a Cavallo en el ‘82 al Banco Central y en los ‘90 al Ministerio de Economía es pintado, de la misma manera, como una ecuación entre las fracciones del capital. La relación existente entre la clase obrera y las sucesivas salidas burguesas de las crisis se le revela como un misterio, en cuya descripción la clase trabajadora es siempre un sujeto de explotación, engaño y sometido al terror del estado, la hiperinflación o la desocupación. Pero la determinación de los tipos de regímenes políticos que se han sucedido han estado directamente relacionados con la lucha de clases. El ascenso de Cavallo a la cumbre ha sido no sólo la revelación de que el gobierno de la Alianza ha fracasado en soldar el frente burgués que se rompió en el período de la crisis mundial desatada en el ‘97 y la recesión argentina, sino al mismo tiempo de la incapacidad del ejecutivo de seguir aplicando políticas fiscalistas que amenazaron con una verdadera rebelión de masas que fue sólo desactivada mediante el retiro de las medidas de Lopez Murphy y la demagogia “reactivadora”. Por eso la situación actual del gobierno es aún endeble, porque no se asienta en la derrota de las masas. Y si la gran burguesía ha podido resolver la crisis en forma reaccionaria es porque las direcciones oficiales del movimiento de masas, incluidos muy particularmente los que se llenan la boca con el “antineoliberalismo” han sido incapaces para dar una salida propia, es decir, han bloqueado la perspectiva de la caída revolucionaria del gobierno.
El análisis de Verbitsky adolece, aún, de una falla mayor. Porque el imperialismo no existe en sus análisis más que como “capital transnacional”, al que se puede incluir a grupos nacionales. El régimen democrático instaurado en el ‘83 ha sido profundamente reaccionario justamente porque ha sido el vehículo de la penetración y la dominación imperialistas sobre la nación, sometimiento de tal envergadura que incluso dictaduras como las de Onganía no pudieron imponer. Pero para el progresismo la palabra imperialismo no figura en el diccionario. Tan poca relevancia tiene en la determinación reaccionaria de esta democracia que son capaces de prescribir un “modelo” de “democracia participativa”, de “inclusión” y de “bienestar popular”, un país independiente y soberano, una “nueva república”, sin tocar seriamente uno sólo de los intereses imperialistas, de la banca y del gran capital y sin romper con los organismos de crédito internacionales.

Imperialismo y Hegemonía nacional

En la paleta progresista se pueden encontrar teorías de todos los colores. Ciertos intelectuales “sofisticados” hablan de un “bloque popular” o un “bloque contrahegemónico”, -algunos de ellos hoy están al lado del cura Farinello- siguiendo el lenguaje gramsciano, tomando del dirigente italiano, una faceta equivocada del concepto de hegemonía, aquél que aísla la hegemonía de clases nacional, de la influencia y determinación que ejerce la economía y el sistema mundial de estados en la etapa imperialista. “Las exigencias de carácter nacional se anudan en el concepto de hegemonía” , había sostenido, aunque estas exigencias y su “combinación de fuerzas nacionales” son modificadas por las condiciones internacionales, y en forma aguda por momentos de crisis, guerras y revoluciones10. Los “gramscianos” del “nuevo bloque” y “el nuevo pensamiento” llevan ese resbalón a grados superlativos, sobre todo cuando lo aplican a los países semicoloniales. ¿En qué medida es capaz la burguesía en los países atrasados de constituir un “bloque histórico”, una hegemonía duradera en el seno de estas sociedades? El uso del término hegemonía debe ser por lo menos condicional. Esta limitante teórica es aguda en los países atrasados, dependientes del capital externo, donde el estado carece de soberanía, en el que no alcanza la “majestad soberana del Bismarckismo” y en la que sus instituciones de dominio están inextricablemente unidas y subordinadas a las relaciones que la burguesía nacional establece con las clases extranjeras. Es por ese motivo que su interés particular no puede nunca transformarse en interés general de la nación. Los marxistas le damos una gran importancia y prestamos atención a las originalidades del desenvolvimiento nacional, pero explicamos sus particularidades analizando la relación y las modificaciones a que es sometida su estructura social y política en su relación viva con las clases y las potencias exteriores que la determinan.
Deformando los recursos teóricos que, equivocados o no, brinda el autor de los “cuadernos de la cárcel”, pretendiendo explicar el carácter del estado nacional y del régimen político abstrayéndolo de la influencia determinante que ejerce el imperialismo sobre el mismo, se pretende contrabandear la idea pueril y profundamente reaccionaria de que es posible crear un “nuevo bloque de poder” y un “proyecto de país” independiente, democrático y hasta ¡socialista! ahorrándose las dificultades de la lucha revolucionaria contra el imperialismo.

Progresismo colonizado

Uno no tiene más que rascar un poco a estos paladines de la “democracia keynesiana” (que pretenden eliminar la desocupación, la pobreza y todas las calamidades que azotan a la nación explotada mediante un petitorio y una buena legislación), para encontrar a los sirvientes democráticos del gran capital y el imperialismo, a los teóricos de la colaboración de clases, al humanista imbuido del espíritu burgués que saca buenos réditos y reputación de sus editoriales y al burócrata que vive de los favores del estado.
No es casualidad que el progresismo tenga en nuestro país una adoración sublime por la “democracia norteamericana”, como lo reveló Elisa Carrió, a la que dio como ejemplo de transparencia y anticorrupción; y sobre todo de la democracia europea, en particular de la francesa, la misma que bombardeó Irak y Serbia, o alienta el genocidio en el Africa. Bernard Cassen, director de Le Monde Diplomatique sostuvo en los medios televisivos locales a raíz de su visita como integrante de ATTAC, que a diferencia de EEUU, Francia, si se exceptúa la industria cultural, no tiene ningún tipo de protección arancelaria o para-arancelaria. Ni los directivos locales de El “Dipló”, ni sus socios del CTA le han hecho recordar su política agrícola, como mínimo, para no hablar del lobby francés en defensa de las posiciones monopólicas de sus empresas de servicios en el país o la de los ilícitos millonarios de la firma Renault. ¿Será la teoría de “no dividir” el frente antinorteamericano o la teoría maoísta de las contradicciones principales y secundarias? Cuando la centro izquierda habla de corrupción y coimas, deberían detenerse en el caso de la venta de armas, donde se puso a todo un sector del estado, Fabricaciones Militares, unidades del ejército, etc. a producir y a truchar armas para enviarlas a Croacia, cuyo ingreso en área de guerra controlada por la OTAN no podía serle indiferente a los estados mayores del imperialismo. Fue la complicidad y la impunidad que le daba al gobierno las “relaciones carnales” con EEUU la que lo movió a semejante maniobra. El caso de IBM-Banco Nación, o Moneta-Citibank, demuestran que la corrupción está inscripta en las mismas características parasitarias del capitalismo mundial en descomposición y que los monopolios y gobiernos imperialistas lo utilizan como un instrumento adecuado para la dominación y la rapiña.
Los que ayer hacían un culto del nacionalismo burgués que iba a liberar la “patria grande” (como la mayoría de la directiva del CTA) hoy pretenden una “democracia social” bajo la tutela imperialista. Y todo esto bajo el lenguaje “globalizador” del “nuevo pensamiento” y del “bloque antineoliberal”. Es evidente que la burguesía ha sabido impregnar en los círculos de la pequeña burguesía y las capas obreras dirigentes el discurso de la derrota y la sumisión.

La solución a todos los problemas está en las manos del... estado burgués

La CTA y Verbitsky vienen sosteniendo el proyecto de “seguro de empleo y formación”. Este proyecto ha sido presentado no como un subsidio pasajero que fortalezca las posiciones de la clase obrera para imponer el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sino como una panacea universal e incluso como ¡reactivador de la economía capitalista! Descansa en el presupuesto keynesiano del “efecto multiplicador”. Es todo un programa para ayudar al gobierno a salir de la recesión. Se parte de considerar que “colocar 11.473 millones en consumo tiene un efecto de recuperación de la demanda que multiplica por dos veces y media la cifra mencionada”. El ingreso de las empresas se trasladaría a nuevos salarios y más demanda, creando un nuevo consumo de 28 mil millones que alimentarían el círculo de producción y consumo. De esta manera se daría un “shock productivo” que reactivaría la industria y el crecimiento. Horacio Verbitsky lo explicaba días atrás. Rechazando la propuesta oficial sostenía que “esto elimina el componente de redistribución del ingreso, la expansión de la demanda interna y el relanzamiento de una estrategia productiva y reindustrializadora y de equilibrio regional que sí tendría el Seguro de Empleo y Formación, al actuar como un piso salarial para el conjunto de la economía y generar un shock de consumo”11.
El presupuesto del multiplicador es falaz. No existe ninguna seguridad de que los ingresos extra de las empresas sean reinvertidos en nuevos salarios y en nuevos bienes de producción. Eso depende de la tasa de ganancia de los capitalistas, de la productividad del trabajo, de la tasa de interés disponible internacional y nacionalmente que hace más o menos provechosa la inversión productiva. Cuando en la década del ‘90 el país crecía al 6 o 7% anual, los capitalistas “nacionales” vendían sus empresas y fugaron su capital, no lo reinvirtieron. Las multinacionales depositaron más del 70% de sus ganancias en el exterior, no las reinvirtieron en el país, agravando de paso el déficit de la balanza de pagos. Pero esto no es lo más importante, después de todo nadie puede quejarse que quienes pretenden un capitalismo “humanizado” traten de contribuir a que el capitalismo ande lo mejor posible y los capitalistas hagan sus buenos negocios.
Verbitsky, entusiasmado piensa que se pueden sacar fondos para el seguro de la CTA de los siguientes ítems:
1- “Se sustraen los 2.670 millones que hoy se destinan a las asignaciones familiares y otros programas asistenciales”. Con esta medida nuestro periodista hace lo mismo que el gobierno, saca de un lado para ponerlo en el otro, creando, de paso una mayor división en las filas de la clase obrera.
2- “Este incremento de la demanda, cercano al 7 por ciento haría crecer la recaudación impositiva en unos 800 millones por cada punto. Sólo con esta reactivación por medio del consumo, el patrón tributario actual se volvería más productivo. La recaudación adicional esperable llegaría a los 5.600 millones”.
Sin embargo, cuando la demanda creció junto al PBI en los ‘90, la recaudación adicional nunca se elevó en esa proporción. De cualquier manera son fondos que presumiblemente (dudosamente) se obtendrían luego de un ciclo expansivo. Mientras tanto Verbitsky puede pedir un crédito a las AFJP o negociarlo con el banco Mundial para financiar la aventura.
3- “Otros 1.500 millones podrían obtenerse si se restituyeran los aportes patronales a los grandes contribuyentes del sector cuyos servicios no son exportables y en consecuencia no padecen la competencia internacional, como las empresas privatizadas, los bancos y los hipermercados”. Pero con esta medida sólo se vuelve atrás en los decretos de Cavallo y Roque Fernández. Cuando las empresas de servicios y los bancos todavía no recibían dicho beneficio, obtenían, sin embargo, superbeneficios extraordinarios de las tarifas más altas del mundo, remisión de utilidades y mercados cautivos, engrosando sus ganancias mediante el desfalco de los ahorros del pueblo. Los bancos hoy siguen exentos de impuestos a la compraventa de títulos y acciones y a los créditos externos. En resumidas cuentas se pretende sacarles la guinda y dejarles el postre, y de paso se legaliza el proceso mismo de las privatizaciones, sin mencionar su expropiación bajo control obrero, y se inhibe de plantear un impuesto progresivo a las grandes fortunas.
4- “La tantas veces anunciada eliminación de las exenciones al impuesto a las ganancias, para la que ahora el Congreso ha delegado su autoridad en el Poder Ejecutivo, incrementaría su recaudación en no menos de 10.000 millones”. Aunque nada garantiza que éste realmente sea el monto que se recaude, lo más probable es que las empresas encuentren las vías de recargar la pérdida de este privilegio sobre los consumidores.
5- “Por último, la reasignación de los actuales planes sociales del Sector Público Nacional implicaría otros 3.700 millones”. Es decir cambiar de lugar la plata, de una oficina a otra, aunque en el viaje pueden perder beneficios aquellos destinatarios específicos como los lisiados.
El mérito de Verbitsky, que considera el planteo del no pago de la deuda externa como expresión de “la derecha populista, la paleoizquierda y la iglesia católica apostólica romana”, es la de rebuscársela para demostrar que es posible eliminar la desocupación, abrir un proceso de industrialización y redistribuir la riqueza sin tocar en lo más mínimo los intereses imperialistas y sin recortar el derecho de propiedad de los grandes capitalistas. Cómo sacar de la ruina y la hipoteca a los chacareros y comerciantes arruinados, cómo otorgarles créditos baratos, cómo disminuir el costo de los servicios públicos para el consumo y la producción, cómo evitar la fuga de capitales y las maniobras aduaneras, cómo impedir que un grupo de parásitos pueda atentar contra la moneda en una sola transacción y dejar en la miseria a millones, cómo impulsar un plan de obras públicas para eliminar la desocupación, cómo impedir la dictadura de un puñado de cien corporaciones que manejan la mitad de la economía nacional, se le revela a nuestros progresistas como un misterio insuperable.
Un proceso de genuina industrialización requiere, en primer lugar controlar las palancas fundamentales de la economía, las materias primas, el petróleo la energía, el transporte, la siderurgia y las telecomunicaciones como mínimo. Sólo bajo esta condición puede realizarse un plan racional de producción y obras publicas al servicio de las mayorías explotadas, que al mismo tiempo permitirían dar empleo a cientos de miles de desocupados. Pero hoy esas empresas están en manos de un puñado de grandes capitalistas que amasan beneficios extraordinarios, fugan capitales y generan un déficit crónico en la balanza de pagos, bloqueando toda posibilidad de una auténtica industrialización. Pero la centro izquierda, que considera una mala palabra la expropiación, no tiene otro remedio que “regularla” y reimponerle los aportes patronales. ¡Y así pretenden “industrializar” el país! Otro tanto ocurre con la fuga de capitales y el peligro de que el gran capital atente contra la moneda local, arruinando de un plumazo a millones de trabajadores, consumidores y ahorristas. La corrupción, el lavado de dinero y la coima, han sido los métodos normales de la gran banca y la gran burguesía local para apropiarse con puño de hierro de todos los recursos nacionales. El Citibank ha sido descubierto en la triangulación de dinero sucio por la friolera de cuatro mil quinientos millones de dólares. El desfalco a la DGI posiblemente se eleve a los 14 mil millones anuales. Los créditos privados internacionales han sido un buen instrumento para reingresar capital fugado sin declaración de impuestos y una oportunidad de pingües ganancias jugando con la tasa de interés diferencial. Las AFJP, controladas por unos pocos bancos extorsionan a la nación con tasas usurarias con los propios fondos de retiro de la población. En definitiva la gran banca ha tomado por el cuello a la nación, y nuestros progresistas, severos, exigen... que se los controle, aunque la nacionalización de la banca bajo control obrero permitiría eliminar todas esas lacras de un plumazo y de paso servir de vehículo para apoyar mediante créditos baratos a los pequeños productores arruinados y a un plan nacional de producción. Horacio Verbitsky se ha metido en un berenjenal para explicar de dónde va a sacar plata para su plan, aunque se olvidó de constatar, entre otras bagatelas que el estado consume más de 11 mil millones de su presupuesto anual en el pago de los intereses de la deuda externa, que prefiere llamar “pública”, aunque se negocie todos los días en las oficinas más paquetas de Manhattan.
En definitiva, el espíritu inteligente de los intelectuales progresistas se detiene allí donde hay que traspasar la línea de tiza de la propiedad privada y la dominación imperialista.
Creativos sólo en su conservadurismo, vienen insistiendo en juntar firmas para que el parlamento de los superpoderes y las coimas se atenga a votar el seguro. La escuela de los regulacionistas, de la cual abreva el progresismo vernáculo -tomando y deformando categorías marxistas- creía que como las leyes del capital son inexorables y no pueden ser superadas por la simple voluntad de lucha, le asignaba a la lucha de clases un papel importante, no en cuanto a la modificación del régimen capitalista, claro está, sino a la contención de sus aristas más agresivas, a refrenar sus tendencias más brutales y de paso a evitar las crisis y las desproporcionalidades entre la oferta y la demanda. La CTA y Verbitsky ni siquiera pueden ponerse a su altura, porque la lucha de clases les es completamente ajena. Ellos prefieren el trámite más expeditivo y menos costoso de juntar firmas y convencer a los legisladores. Dicho sea de paso y a propósito de la lucha de clases, ¿cómo podría la CTA y De Gennaro barrer con el “neoliberalismo” y construir “otra argentina” si ni siquiera fueron capaces de defender a sus propios afiliados de la rebaja salarial implementada por un gobierno debilitado como el de De La Rua?

En conclusión, sólo medidas que recorten los derechos de propiedad del capital, (la expropiación de los grandes grupos económicos, la nacionalización de la banca bajo control obrero, etc.) y que eliminen la sujeción imperialista, pueden abrir paso a un plan de acuerdo a las necesidades de las mayorías populares, de los productores y los consumidores, terminando con la anarquía de la producción basada en el lucro capitalista. Y este programa en beneficio de las masas explotadas será posible alcanzarlo mediante la revolución obrera y socialista, y la instauración de un gobierno obrero y popular. Un gobierno de estas características, basado en la democracia directa y el autogobierno de las masas significará la incorporación a las labores efectivas de gobierno a cientos de miles y millones de ciudadanos a los que el mecanismo “representativo” de cualquier democracia burguesa (ni hablemos de la “democracia” de nuestros países latinoamericanos), a la que el progresismo le rinde un religioso respeto, excluye sistemáticamente de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Así la república obrera se demostrará mil veces más democrática que la más perfecta de las democracias burguesas.