A siete meses de gobierno, la gestión de Lula ha sido marcada por la continuación de las recetas neoliberales, un profundo alineamiento con el imperialismo y el FMI, cuya última expresión fue el cierre del acuerdo del ALCA “de mínima” para el 2005 en su reciente encuentro con Bush. En este corto periodo una profunda crisis social golpea las puertas del gobierno y se extiende por todas las regiones del país, crisis que se expresa en el medio millón de desempleados generados por las propias medidas monetaristas del gobierno, una brutal caída del salario real que alcanza niveles del 14,7% en el mismo periodo, la carestía de vida sigue la misma dinámica creciente y los sectores más expuestos a la miseria continúan aglomerándose en las grandes ciudades.
Como telón de fondo, la crisis económica alcanza niveles recesivos en todas las ramas de la industria, lo que termina recayendo sobre los trabajadores ya que los capitalistas recurren inmediatamente a los despidos. Mientras todo esto acontece, la dependencia externa del país continúa tan profunda como durante el gobierno anterior, pero más agravada ya que al disminuir los flujos de capitales en los que se sustentó Fernando Enrique Cardoso, ésta se expresa en toda su magnitud. Esto ha sido acompañado por una contraofensiva del gobierno para avanzar en reformas como la del sistema de previsión social, tributaria y laboral, pactadas con el FMI.
La insatisfacción con el gobierno de Lula y con el PT se ha generalizado con tal grado de intensidad que la llamada “luna de miel” de los primeros meses parece proyectarse en un lejano pasado, representando un punto de inflexión en la percepción de una insatisfacción que se venía formando en olas. Esto va desde fuertes cuestionamientos de sectores importantes de la burguesía que lo apoyaron durante la campaña electoral y sectores de su base aliada, conflictos con el Poder Judicial, hasta el fuerte descontento de los trabajadores y sectores de masas populares del campo y la ciudad.
Así, después de los primeros meses del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, se ha abierto una situación política dinámica y en la cual los principales elementos del gobierno anterior, la baja o casi nula conflictividad en la lucha de clases, la cohesión de las fracciones burguesas internas y la relativa estabilidad económica, muestran razones estructurales para que se reviertan en su contrario. De esta manera, después del interregno relativamente estable que predominó durante los primeros meses del año, surgen mayores conflictos entre las clases y crisis en las alturas, como desarrollaremos en este artículo.

Lula la gran desilusión

Bajo el fin del Consenso de Washington y por la crisis estructural del capitalismo mundial, la economía brasileña se encuentra en una situación extremadamente delicada para la burguesía. Más allá de la mayor o menor distancia que la separa de una dinámica acelerada de la crisis catastrófica, la realidad es que la economía nacional se encuentra desprovista de cualquier base sólida. Para la burguesía brasileña se trata no sólo de impedir la debacle económica sino de buscar fundamentos para un nuevo ciclo de crecimiento. El avance mayor del imperialismo en la región durante la década pasada se opera con el aumento vertiginoso de la presencia imperialista en la composición orgánica de las empresas del país, con el proceso de desnacionalización de la industria, con sectores sustituidos por el aumento de las importaciones ya desde el corto gobierno de Fernando Collor, y a lo largo de todo el periodo que siguió, y con una intensificación de la dependencia extranjera expresada, entre otras, por la deuda externa.
Con la inversión de las condiciones externas para el financiamiento de la economía, condiciones que en su momento Fernando Enrique Cardoso caracterizaba como de “abundancia de capitales para inversiones”, Brasil se encontró en un atolladero. El imperialismo ahogó mucho más al país en el estancamiento. En la nueva situación, para mantener el flujo de capitales para el país, que ya no se daba espontáneamente, se hizo necesario tener mecanismos para evitar su evasión como la política de elevadísimas tasas de interés. La situación actual está entonces marcada por el incremento de la dependencia con relación al capital imperialista, que se expresa en un aumento vertiginoso de la relación deuda externa/PBI; una balanza de pagos con presiones deficitarias; una enorme presión sobre el cambio, la deuda y la inflación; una economía en gran parte desnacionalizada como subproducto de la privatización de los servicios públicos con tarifas vinculadas al dólar y de los subsidios e incentivos fiscales garantizados a las multinacionales, pero también por el elevado costo del crédito, subproducto de las altas tasas de interés. En este año, Brasil precisa US$ 32,6 mil millones para cubrir el rumbo de sus cuentas externas, de los cuales US$ 4,2 mil millones están referidas al déficit en cuentas corrientes y US$ 28,4 mil millones de las amortizaciones de deudas con plazo arriba de un año, de acuerdo con el Banco Central.1
Fue ese el escenario de fondo, acompañado de la incertidumbre con relación a un posible gobierno de Lula, que colocó a Brasil en un escenario económico al borde de la moratoria al final del año pasado. Ese fue el escenario económico que proporcionó la desagregación de la amplia alianza burguesa que sustentó a Cardoso; y ese es el escenario económico que, combinado con el giro a la izquierda del movimiento de masas en Brasil, se expresó de forma parlamentaria en el inmenso apoyo a la candidatura de Lula, que hizo que importantes sectores burgueses apoyaran a la alianza PT-PL. El nuevo gobierno retomó el programa de reformas estructurales, interrumpidas por Fernando Enrique Cardoso por falta de condiciones políticas. El PT asustando con el “escenario argentino” se amarró más al imperialismo continuando con la misma política económica, transformándose en un insólito defensor de la austeridad, credibilidad internacional y confianza de los mercados, cuando cada uno de esos términos significa políticamente un distanciamiento de aquello que el PT y el mismo Lula, históricamente, decían defender. Con tantas semejanzas entre uno y otro gobierno, no es sorprendente que el gobierno de Lula haya recibido tantos aplausos del empresariado local y extranjero y de agencias imperialistas, como el FMI y el Banco Mundial, además del Tesoro norteamericano.
¿Pero qué explica el hecho de que Lula y su gabinete presenten una orientación tan pro FMI, en vez de seguir con la línea que Lula decía defender durante la campaña electoral, cuando anunciaba medidas consistentes en el incentivo a las empresas y de generación de millones de empleos, una vez que conquista una relativa confianza del imperialismo en sus primeros meses de gobierno, consiguiendo el retorno del flujo de capitales para el país? En primer lugar, los pocos márgenes que el imperialismo le da para cualquier política más nacional como desarrollaremos a continuación, la enorme vulnerabilidad de la economía, la debilidad y la inestabilidad de los índices con relación al cambio y al llamado “riesgo país”, que dependen de la continuidad de una orientación política económica fiscalista y monetarista. Además de esto, el apoyo de prominentes sectores de la burguesía como Luis Fernando Furlan, Celso Amorín, Roberto Rodríguez y el presidente de la Compañía Siderúrgica Nacional, los cuales aún definen como correcta la actual orientación del gobierno y constituyen la base interna que junto con el imperialismo y los banqueros, permite al gobierno, aunque no sin mayores contradicciones, tomar distancia con los sectores “neodesarrollistas” que apostaron en Lula. De hecho, la división interburguesa con relación a las medidas del gobierno ocurre en el seno de los sectores más concentrados, con pesos pesados tanto entre los que apoyan las mismas como entre sus detractores.

La alta dependencia del imperialismo y el “callejón sin salida” de la nación semicolonial brasileña

Las contradicciones en el plano económico se amontonan porque la crisis capitalista mundial continúa sin mostrar ninguna salida al estilo del consenso obtenido al comienzo de los años ’90, y más, las tendencias son a una agudización de las tendencias estructurales recesivas, pudiendo abrir una nueva depresión de la economía capitalista mundial. La política norteamericana de redefinir su hegemonía en detrimento de sus competidores imperialistas y de las burguesías semicoloniales es el elemento más dinámico del actual panorama internacional.
Con relación al acuerdo del ALCA propiamente dicho, estas mismas contradicciones no dejan de mostrarse con todo. Por un lado, el gobierno consiguió con su actual orientación disipar el temor de sectores de la burguesía que alimentaban aprehensión en cuanto a la posibilidad de una política antiamericana del PT en el gobierno. Sin embargo, hay una elevada expectativa con relación a las negociaciones con los Estados Unidos, pues muchos sectores temen ser alcanzados por la implementación del tratado; con base en estos sectores, muchos críticos han apuntado debilidades del gobierno en las negociaciones. Después de su último viaje a Washington, Lula fue considerado muy servil con relación al imperialismo hasta por sectores de la burguesía nacional, y su elogio de “sinceridad” a Bush, en la misma semana en que amenazaba atacar Irán, causó estupefacción en quienes imaginaban una postura más dura de Lula para obtener mejores condiciones para la burguesía brasileña en el acuerdo. También fue resaltada por diversos analistas la ausencia de la palabra “Mercosur” en los textos vinculados a la prensa después de la reunión que, por determinación de la Casa Blanca, ocurrió no sólo entre los presidentes sino que también incluyó un gran equipo de ministros y asesores de ambas partes. Aunque no se puede descartar que en negociaciones privadas, sin acceso de los medios, haya sido reservado un lugar especial para la discusión del bloque sudamericano dentro del ALCA, el énfasis de todo el encuentro fue en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Brasil. De cualquier manera, los que apoyan al gobierno resaltaron la “insistencia” de Lula en el papel que el país debe asumir como “interlocutor privilegiado” del imperialismo en la región. Está por definirse, sin embargo, cual será de hecho ese papel, pues el conjunto de las burguesías del Cono Sur espera utilizar el capital político de Lula para fortalecer el bloque en las negociaciones del ALCA, mientras el imperialismo trata de aprovechar la imprevista docilidad del gobierno brasileño para acelerar el proceso de implementación del acuerdo del “libre comercio” en beneficio propio.
En este marco, son muy estrechas las bases para maniobrar que el imperialismo deja a los nuevos tipos de gobierno que surgen al estilo de Lula, como Kirchner en Argentina, Gutiérrez en Ecuador, etc., así como al conjunto de las burguesías de la región. La tentativa de agruparse en un bloque propio, el Mercosur, para a partir de ahí negociar con el imperialismo, enfrenta dificultades intrínsecas a su dependencia con respecto al imperialismo, siendo la burguesía brasileña, que tiene un papel determinante en la viabilidad de ese proyecto en el ámbito regional, la mayor encarnación de esas dificultades, dividida entre el deseo de grandeza y la cobardía genética y estructural. En estas condiciones, y con la distancia entre las expectativas en cuanto a la política externa del gobierno y la orientación que está teniendo de hecho, el nacionalismo burgués se expresa hoy con más fuerza en cuanto tendencia ideológica (aquí sí, se expresa con mucha fuerza, ejerciendo una presión de absorción a importantes sectores de izquierda, incluso potencialmente el centrismo) que como alternativa real para las actuales políticas económicas del gobierno. Sin embargo, el desdoblamiento ulterior del bloque “neodesarrollista”, como del propio gobierno de Lula, estará marcado de forma viva por las enormes contradicciones que la burguesía brasileña enfrentará para restablecer un nuevo patrón de acumulación capitalista en el país. Por un lado, la necesidad de garantizar el flujo de capitales extranjeros para el país y, por el otro, la necesidad de estimular el desarrollo de la economía nacional.
Del mismo modo, como hoy la presión imperialista lleva al gobierno Lula a someterse, es el aumento de esta enorme presión imperialista lo que empuja (o puede empujar), a pesar de su timidez y cobardía, a un renovado impulso de las burguesías nacionales de recobrar ciertos márgenes de maniobra con respecto al imperialismo. Así, las contradicciones en la región, marcadas por la crisis del Consenso de Washington, por la insatisfacción de las masas y la falta de márgenes para hacerle concesiones y la debilidad estratégica de las burguesías semicoloniales, pueden empujar a Lula a un giro más nacionalista (sin embargo sin ruptura con el imperialismo), aunque eso signifique cambios importantes y un recoveco en las tendencias hoy prevalecientes en el gobierno. Así, la actual orientación del gobierno no permite descartar que, por una serie de factores políticos nacionales e internacionales, Lula se vea obligado a apoyarse en sectores de la burguesía que hoy lo cuestionan para efectuar un cambio de orientación política. Por eso tenemos que considerar que, producto de la presión norteamericana, se está provocando también una polarización en las elites de las clases dominantes, tal como escribimos más arriba, que tiende a profundizar la inestabilidad política. Esto significa que entre los grandes sectores concentrados del capitalismo brasileño, se generan también divisiones, lo que lleva a que ni siquiera todos los sectores más concentrados estén del lado de Lula. Así por ejemplo, el gran empresario Antonio Ermírio de Moraes, ligado al imperialismo y con gran peso económico, también dice oponerse al gobierno. Este escenario, aunque no nos sea sugerido por las tendencias actualmente dominantes en la situación política, cobra gran importancia en el análisis debido a la magnitud de las contradicciones descriptas en este artículo.

Del interregno de la “transición” de los primeros meses a un aceleramiento de la crisis y los factores políticos

Con el ascenso de Lula y su frente popular preventivo, como lo definimos en la revista Estrategia Internacional anterior, un nuevo periodo político se abrió en el país, marcado por la enorme ilusión del movimiento de masas, abriendo la necesidad de pactar un nuevo equilibrio de fuerzas entre el imperialismo, la burguesía nacional y el proletariado. Pero es preciso afirmar: Lula no fue electo por las masas para ser un gobierno “neoliberal” más. No es eso lo que esperan de él las masas, y no es tampoco lo que quieren los sectores de la burguesía que lo apoyaron, aunque desde otro ángulo. Sin tomar esto en cuenta, no se puede comprender el carácter de la actual crisis en el gobierno, ni el hecho de que la oposición a Lula hoy no venga aún ni del proletariado ni de las masas en su conjunto, que permanece sustentando las ilusiones y las aspiraciones de cambio, ni de la parte de los sectores más reaccionarios de la burguesía, exceptuando los latifundistas.
El cuadro actual se distingue de los primeros tres meses del gobierno, cuando se vivió un interregno político que podríamos llamar de “transición” o del “consenso”, donde todas las fuerzas políticas concordaban con las medidas del gobierno frente a la incertidumbre de la situación económica y la poca confianza de los mercados internacionales en Lula y con el intento de evitar una crisis en el régimen de dominio debido a la gravedad brutal de la crisis económica. Ya en el 2003, durante los primeros meses de gobierno este pacto de transición continuó su curso, como quedó demostrado por la postura discreta de los partidos burgueses que en ese entonces ya se colocaban en la oposición (PFL y PSFB), incluyendo a los gobernadores de todos los Estados, ya sea apoyando directamente las medidas del gobierno o por falta de una oposición firme a ellas. Este pacto tuvo como objetivo estimular el flujo de capitales externos para el país y de esta forma evitar una explosión del dólar, una crisis de pago, fiscal, inflacionaria y del sistema bancario, como ocurrió en Argentina en el 2001.
De conjunto podríamos decir que hubo un plan de salvataje del régimen de dominio brasileño para que no entrase en una crisis profunda. Este pacto, combinado con la enorme aprobación popular del gobierno Lula y las bajas tasas de interés en los países imperialistas (que proporcionaron una baja rentabilidad para el capital especulativo), posibilitaron una administración política de la crisis económica, conquistando un retorno relativo de flujo de capitales para el país y un alivio de la presión sobre el dólar, sobre la deuda y sobre la inflación, combinado con un aumento de las exportaciones como subproducto de la desvalorización del real. El pacto burgués de transición, influenciado por la amenaza de una catástrofe económica, y la “luna de miel” del movimiento de masas, combinado con una tregua del conjunto de la izquierda, determinaron en los primeros meses del año un interregno “estable” con relación a las fuertes contradicciones que marcaron la llegada del PT al gobierno del país.
En los meses siguientes, el gobierno de Lula da continuidad, en un plan más estratégico, a aquello que era definido por algunos sectores como “transitorio” (o “táctico”), para no romper contratos, como la política de las altas tasas de interés para evitar la fuga de capitales y las fuertes medidas monetaristas, fiscales y recesivas, con la finalidad de dar luego un “cambio” de rumbo a la producción. Pero el cambio no se opera. Lula y su equipo dan continuidad a la política anterior más allá de la “transición”. Es decir, el gobierno da continuidad a la orientación pro-FMI y de alineamiento con los EEUU, en un camino similar a los primeros años del gobierno de De la Rúa, como se demostró en su viaje a los EEUU, con la acentuación de su sumisión al FMI y al gobierno norteamericano. Sobre el plan “neodesarrollista” que querían implementar los sectores que se articulan alrededor de la candidatura de Lula aunque, como ya afirmamos es utópico pues no existen las condiciones externas ni internas en el sentido que se dio en la época de Juscelino Kubitschek y estaría condenado en un momento u otro al fracaso, Lula no hizo la más mínima tentativa, cediendo rápidamente a la presión imperialista y las fuerzas políticas internas concentradas, y dando continuidad a la vieja política económica de cuño neoliberal. Así, los resultados ya en los primeros cinco meses fueron de agravamiento social: “la política económica de los primeros cinco meses del gobierno de Lula produjo 580 mil nuevos desempleados en las seis regiones metropolitanas del país, según el IBGE. El desempleo alcanzó, en mayo, 12,8% de la población económicamente activa (PEA), la mayor tasa en 14 meses. En abril, había sido de 12,4% y, en mayo del año pasado, de 11,9%. El aumento del desempleo fue acompañado de un crecimiento de la informalidad. Y la informalidad incurrió en la reducción de la renta. Los trabajadores autónomos perdieron 22,1% de su ganancia mensual en mayo, con relación al mismo mes del año pasado.”2
En los últimos meses el gobierno continúa con su política de ahogamiento de la economía. Las medidas adoptadas son tomadas al costo del desgaste del gobierno con relación a sectores de la burguesía brasileña que fueron importantes sustentos de la campaña electoral de Lula. Como expresan las duras críticas de Eugenio Staub, dueño de la Gradiente, del vicepresidente José de Alencar y de la FIESP, la ruptura del PDT de Leonel Brizola con la base de gobierno, los cuestionamientos del PPS, partido de Roberto Freire y del ministro Ciro Gomes al igual que los diversos conflictos en el Congreso en función de los conflictos con su base aliada. Eso demuestra que ha primado en la orientación del gobierno la visión de los sectores más financistas, conservadores y pro imperialistas de la burguesía del país, como Olavo Setúbal, presidente del Itaú, de que es necesario sobretodo garantizar el flujo de capitales extranjeros para el país, aunque para esto tengan que ser sacrificados determinados sectores internos evitando el riesgo de volver a una situación semejante a la del final del año pasado. Sin embargo, hay que ubicar esa opción estratégica en el marco de una determinada correlación de fuerzas internas que garantice la continuidad de la “gobernabilidad”. El prolongamiento del apriete monetario, cada vez más profundo y que parece obedecer a una visión específica del funcionamiento del régimen de metas inflacionarias, vuelve precarias las perspectivas de una vuelta al crecimiento aún en el 2003 y transforma el próximo año en una incógnita, según los analistas económicos.
Con todo, el gobierno de Lula no se limitó a atacar las condiciones de vida de las masas a través de su política monetarista. Lado a lado con los cortes presupuestarios y la ortodoxia económica, el gobierno se apresuró en definir como una de sus principales metas la implementación de las llamadas “reformas de segunda fase” del Consenso neoliberal, dando seguimiento a aquello que Fernando Enrique Cardoso, por no tener dadas las condiciones, no las pudo realizar. El anuncio de las reformas tributaria, laboral y de la previsión social y la puesta en marcha de la última en base a un discurso de demonización de los empleados públicos, fueron la piedra de toque del perfil antipopular del gobierno. Y Lula acaba de obtener un triunfo político dando un golpe a los trabajadores con la votación de la reforma de la previsión social durante la primera quincena de agosto en la Cámara de Diputados, reforma que incluye la privatización del sistema de jubilaciones para la implementación de los fondos de pensión, beneficiando así al imperialismo y los grandes bancos y garantizar el dinero para el pago de las deudas internas y externas. Como muy bien declaró el más importante jefe del banco HSBC, directamente desde los Estados Unidos, “lo importante para el mercado es que las reformas coloquen a Brasil en una posición de garantizar el pago, en el futuro, de sus deudas interna y externa.”3
Pero para este triunfo, el gobierno tuvo que pagar un gran costo político. Costo este, no sólo con respecto a los trabajadores estatales, sino que incluso con sectores de su base aliada, y también con el propio PT, acelerando la crisis interna del mismo con la tensión de sus alas de izquierda. El desgaste sufrido con la votación en el Congreso es una expresión de lo que decimos, cuestión que hasta los propios medios nacionales, que festejan los golpes de Lula, lo reconocen: “una constatación después del primer test en el Congreso asusta a la cúpula del gobierno: la base [aliada] está fragmentada. Sin la ayuda de la oposición, el gobierno no hubiera conseguido aprobar (...) el texto básico de la reforma de la Previsión social.”4 Pero también el rápido retroceso frente a la presión del Poder Judicial, dando grandes concesiones, fue visto por importantes sectores de la burguesía nacional, que registraron la debilidad de Lula, como si éste no fuera el primero de una serie de cambios que pueden limitar el alcance de la reforma. Ahora las divergencias alrededor de la nueva reforma tributaria mostrarán un nuevo flanco de conflictos entre los grupos económicos dominantes: entre los estados y los municipios. En la nueva pulseada que se avecina la situación será más problemática de lo que se ha observado con la reforma de la previsión social, ya que allí es donde la mayoría del Congreso tiende a apoyar a los gobernadores de los diversos estados, cuestión que desarrollaremos más adelante.
Aunque por el momento no son las amplias masas en su conjunto que ven estas reformas como ataques directos, sectores importantes como los empleados públicos sí lo sienten y comienzan a cuestionarlo más directamente. Las consecuencias que tales medidas pueden tener para la popularidad de Lula, que aún es alta, pueden ser aún más negativas debido al vacío del otro foco principal de su campaña electoral: los demagógicos planes asistencialistas. Así, la estrategia del gobierno de mantener la popularidad combinando el ataque a determinados sectores con concesiones a los más “expuestos a la miseria” queda con una de sus piernas quebradas. El resultado de eso puede ser observado en las encuestas de opinión con respecto al principal problema social del país: mientras después de las elecciones el ítem más recordado era el hambre, seis meses después casi la mitad de la población apuntó al desempleo como el principal problema del país.

Descontento con el gobierno y tensión política

Desde el punto de vista de las amplias masas, el cuadro general de giro a la izquierda con la enorme votación a Lula y las altas expectativas en su gobierno aún se mantienen, a pesar del brutal giro a la derecha del gobierno y de la falencia de las medidas demagógicas como Hambre Cero. Pero el descontento de sectores de las mismas comienza a manifestarse frente a la situación generada por la orientación de derecha del gobierno y el incumplimiento de los cambios esperados por el pueblo. Esto es lo que expresa la importante lucha que traban los trabajadores del sector público federal contra la reforma de la previsión social y su primera huelga general por tiempo indeterminado, enfrentándose directamente con Lula, o los conflictos que surgen entre la patronal y los trabajadores del sector privado, como es el ejemplo de las huelgas metalúrgicas que ocurrieron entre abril y mayo, y las tensiones en el mes de julio producto de los nuevos ataques patronales intentando descargar sobre los trabajadores la crisis de recesión con una oleada de despidos. Así también deben ser entendidas las ocupaciones de tierras y bloqueos de rutas que han aumentado en el último periodo, generando una situación en el campo que tiende a agravarse, con una polarización política y desarrollo de elementos de guerra civil larvada entre los campesinos sin tierras y los bandos armados de los terratenientes. Se debe dar también la debida importancia a la ola de ocupaciones de edificios desocupados y terrenos baldíos usados para la especulación financiera por los rentistas, de sectores importantes urbanos. Y, sobre todo, los más expuestos a la miseria que luchan por una vivienda digna, como el reciente caso de los 15 mil trabajadores sin techo que ocuparon un terreno de la Volkswagen en San Bernardo do Campo, y como ocurre centralmente en las grandes ciudades como San Pablo, Río de Janeiro y otras.
Todo esto es lo que está por detrás de los conflictos actuales entre el gobierno de Lula y las corrientes de izquierda del PT, centralmente con diputados que han tenido mayor visibilidad pública como Heloísa Helena5, Luciana Genro6 y João Batista Araújo más conocido como Babá7 y João Fontes (los tres últimos ya amenazados de expulsión por haber votado contra la aprobación de la enmienda de la reforma de previsión social en el primer turno en la Cámara de Diputados), así como entre el gobierno y los intelectuales históricamente ligados al partido. El elemento diferencial de las luchas que comienzan a librar los trabajadores, como la importante huelga nacional de los estatales, con relación a las luchas protagonizadas durante el gobierno de FHC es que, en muchos casos está ocurriendo en oposición a sus direcciones que hoy están completamente atadas al gobierno.
Aunque no se observen por el momento tendencias más claras de radicalización política general, los trabajadores que salen a luchar en la tentativa de dar una respuesta a las condiciones de miseria y hambre o para enfrentar los ataques directos que el gobierno de Lula ya orquestó, caso de los estatales, constituyen elementos de ruptura con el gobierno; aunque no se manifiestan, por el momento, la tendencia de grandes acciones del proletariado. Es que la correlación de fuerzas entre las clases está aún marcada por la importante debilidad política del proletariado, por la desmovilización de sus fuerzas y la postura de pasividad a la visión de sí como sujeto. Al mismo tiempo, esta correlación de fuerzas también es complicada para la burguesía, que en sus sectores más lúcidos sabe del potencial liberador de energías que una decepción con Lula puede generar y que en sus sectores más truculentos acelera aún más la polarización social, como se ve hoy en el campo. En este marco, el gobierno puede reprimir sectores que salen primero a luchar y tener una política para aislar a la vanguardia de las masas, cuestión que estaría enormemente favorecida por la situación de pasividad de las más amplias masas del proletariado, así como por su propia condición de miseria y desmovilización producto de las derrotas del periodo anterior.
Atribuimos importancia a estos primeros pasos a pesar de no ser abiertamente contra Lula, pero sí contra las medidas actualmente en curso, porque se dan en oposición a las principales direcciones y contrarían la estrategia del gobierno de cooptación del movimiento sindical y popular. En ese sentido, la manifestación ocurrida en el día 11 de junio en Brasilia, como las otras que se han venido desarrollando de allí en más contra la reforma de la Previsión social, con cerca de 30 mil manifestantes, está repleta de significados ya que aconteció pocos días después de la elección del nuevo presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), indicado por el propio Lula, demostrando que no tiene el control absoluto de los sectores organizados. Del mismo modo, la movilización de los trabajadores estatales que realizan una huelga nacional desde el 8 de julio contra la reforma en oposición a la dirección mayoritaria de la CUT, es una importante demostración de los límites de lo que puede hacer la CUT como mediación gubernamental en el movimiento sindical.
Como habíamos observado en los meses de abril y mayo, en julio una nueva amenaza de huelgas del proletariado más concentrado fue un fantasma que recorrió los principales polos industriales. Los trabajadores metalúrgicos, como respuesta a la ola de despidos, hicieron sonar los tambores de guerra, que desgraciadamente fueron silenciados por la “pipa de la paz” de las direcciones burocráticas sindicales y la patronal. Aquí, ya sea por la mayor fuerza y control de la burocracia sindical o por la impotencia política de corrientes de izquierda y centristas, la dinámica de un resurgir de grandes luchas puede ser más lenta. Pero no está escrito en ningún lugar que frente a la grave crisis social este sector no pueda salir a la lucha, haciendo honor de su tradición de finales de los años setenta e inicios de los ochenta.
Las camadas que salen hoy a luchar, constituidas principalmente por trabajadores de los sectores de los empleados públicos y de otras ramas de los sectores privados, por trabajadores que gravitan alrededor de las corrientes de la izquierda del PT, y de otras organizaciones menores, pueden anunciar rupturas con el gobierno. Son nuevos sectores de trabajadores que tienen como enormes barreras sus propias direcciones políticas, además de las inmensas ilusiones que la población aún deposita en Lula. De este modo, la elección de Lula, principal líder histórico del PT, no sólo coloca en jaque el prestigio del partido frente a amplios sectores de masas y de la vanguardia sino también cuestiona lo que fue un pilar central del petismo como fenómeno ideológico: la fe en las elecciones y en la administración “honesta” y “para bien del pueblo” de los negocios capitalistas, como medio de mejorar efectivamente las condiciones de vida de las masas. En términos generales podemos decir que comienza a expresarse la insatisfacción del movimiento de masas, siendo que los actuales movimientos de vanguardia pueden ser sus expresiones más claras. Todo esto significa que comienza a gestarse una nueva camada de trabajadores y de sectores populares en el país que están en la primera línea contra las medidas del gobierno y de la patronal y que puede comenzar a dar pasos importantes en dirección a la independencia frente al gobierno.

La irresolución de la cuestión agraria por el gobierno de Lula intensifica las luchas en el campo entre los campesinos sin tierras y los terratenientes

La tensión social crece en el campo. Desde el inicio del gobierno las ocupaciones de campesinos sin tierras se han intensificado en diversos puntos del país, desde la región sur, en Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, en el sudeste como en San Pablo y Minas Gerais y hasta en el nordeste como en Bahía, Pernambuco y Maranhão, fruto de la propia miseria en el campo. Las aspiraciones que millones tienen en Lula los hacen redoblar el aliento de las luchas. Este resurgir de luchas muestra la grave crisis en el campo. Más de 70 mil familias aguardan por asentamientos en diversos campamentos, y otros millones continúan luchando por tierra para trabajar, números que se han intensificado en los últimos meses. Sólo en los primeros meses del gobierno de Lula las ocupaciones de tierras aumentaron un 150% con respecto al periodo anterior.
El mayor problema para el gobierno es que la cuestión agraria en Brasil es una de las tareas que la burguesía nunca pudo resolver. La estructura agraria brasileña es una de las más atrasadas del mundo con los mayores latifundios, con una elevadísima concentración de tierras agravada por la fusión entre el latifundio y las grandes empresas y los bancos. En este punto, Lula enfrenta una de las mayores contradicciones centrales de su gobierno, pues no hay prácticamente ningún margen para concesiones, pues la burguesía teme que cualquier gesto de Lula pueda liberar una ola de radicalización de la lucha en el campo. Así, la cuestión agraria es una especie de bomba de tiempo para el gobierno y para el régimen, pues las masas de trabajadores rurales esperan mucho más de Lula de lo que obtuvieron de FHC, mientras que la burguesía no le tolera ni siquiera los tímidos cambios que su antecesor realizó.
Pero la dirección más importante de los campesinos sin tierras tiene una política colaboracionista con el gobierno. Fue la dirección del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST) quien sugirió a Lula el actual Ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rosseto, y fueron ellos también quienes propusieron una buena parte de los directores de los institutos de reforma agraria del gobierno federal. Además la dirección del MST tiene representación en el Consejo de Desarrollo Económico y Social, sin siquiera haber sido invitados, participando así de su pacto de conciliación de clases al lado de los grandes terratenientes en el gobierno de Lula. Pero la propia dirección del MST se encuentra en una situación complicada: en la medida en que mantiene su política colaboracionista con el gobierno y al mismo tiempo es presionada por la intensificación y radicalización de los campesinos sin tierra. Es por eso que las ocupaciones y bloqueos de carreteras realizados por los “sin tierras” tienen mayor relevancia, pues una buena parte de las acciones se da en oposición a las principales direcciones del MST y han originado importantes fisuras en la cúpula del movimiento, con sectores, incluyendo líderes nacionales, que dan un giro a izquierda presionados por la situación.
Sin embargo, en la medida en que las luchas campesinas son dirigidas contra los terratenientes, éstas constituyen un poderoso factor político independientemente de sus direcciones reformistas y conciliadoras que intentan contenerlos o llevarlos a una conciliación con el gobierno. La lucha por la tierra, como se viene mostrando, los enfrenta de una manera directa contra el propio estado capitalista, en la medida que atacan directamente la propiedad privada. Esto es lo que explica los enfrentamientos directos con la policía militar que actúa en forma salvaje, reprimiendo y asesinando “sin tierras”, amparada en los mandatos y fallos de la Justicia, o con los bandos paramilitares de asesinos armados por los latifundistas. La tendencia principal es que todo esto se agrave en el próximo periodo, con polarización política y el desarrollo de elementos de guerra civil abierta en el campo. El gobierno de Lula es incapaz de dar una solución al problema agrario, en un momento en que la lucha por una reforma agraria radical es una aspiración de millones de campesinos.
Pero la fuerza de los “sin tierras” sólo puede adquirir una verdadera dimensión nacional aliándose con los trabajadores de las ciudades. La principal barrera para esto deviene de la propia dirección del movimiento que se niega no sólo a unir la lucha de los campesinos con los trabajadores urbanos sino también con los obreros agrícolas. En la actual situación, con la tensión social aumentando, cuestión que hasta el propio gobierno de Lula reconoce cuando afirma que “los movimientos sociales están creciendo mucho y, por causa de eso, los líderes están perdiendo el control” 8, lo que se comienza a desarrollar es una verdadera lucha de clases en el campo.

La clase obrera y sus direcciones

Los fenómenos de lucha de los trabajadores, tanto los actuales como los que pueden surgir en el próximo periodo con el aumento del desempleo y de la carestía, deben ser vistos, sobre todo, desde la perspectiva de las relaciones de las masas en general, y de la clase obrera en particular, con sus direcciones históricas. La situación actual del proletariado brasileño es, a pesar del giro a izquierda en el marco electoral (y realimentado por el mismo) de una situación defensiva. Pero Lula, presidente, no se relaciona con el movimiento obrero sino como dirección burocrática. El hecho de no ser simplemente el PT sino fundamentalmente la figura de Lula hoy la responsable por la aplicación de los planes capitalistas (su política de desempleo y baja salarial, su inclinación a reprimir los sectores que salgan a luchar, etc) coloca la perspectiva de un nuevo capítulo en la historia del movimiento obrero brasileño, un nuevo giro histórico.
Con relación al movimiento obrero en particular, es preciso remarcar el cambio que se da a partir de la llegada de Lula al gobierno. Las instituciones del movimiento obrero, es decir, el conjunto de los sindicatos y fundamentalmente la Central Unica de los Trabajadores, dan un salto en su integración al régimen de dominio. Ahora el PT es el partido del gobierno y la CUT cumple un papel abiertamente gubernamental en el seno del movimiento de masas, llegando al punto de apoyar las reformas de Lula como “necesarias” para la vuelta del “crecimiento económico”, limitándose como mucho, a pedir alteraciones marginales en los textos de los proyectos presentados por el gobierno.
En el caso de la CUT es preciso decir que ésta constituye aún para amplios sectores de la clase obrera la mayor referencia nacional de luchas, a pesar de la pasividad ocurrida a lo largo de la década pasada. Por más reaccionaria que haya sido el pasaje de la CUT al estatus de “izquierda pro-positiva”, es decir, que se propuso abiertamente conciliar y proponer soluciones negociadas con la patronal por fuera de las luchas, la integración de esta central al conjunto de instituciones y órganos con los cuales el gobierno patronal de Lula pretende avanzar sobre las condiciones de vida del proletariado y de las capas medias de la población brasileña constituye, sin sombra de dudas, un salto cualitativo que, si bien en el futuro puede liberar la energía de los trabajadores, por el momento representa una barrera más, aunque ciertamente no absoluta, para la organización de la clase obrera brasileña. Más aún, si se toma en cuenta la pasividad y capitulación de la izquierda y la completa ausencia de luchas más duras contra esta integración, aunque fuera de sectores minoritarios. Y esto puede incluso permitir una reubicación de Fuerza Sindical, central históricamente ligada a la patronal, así como rupturas con la CUT por derecha, surgimiento de nuevas corrientes o tendencias con apoyo de la patronal para presionar al gobierno por una política más nacional y sacando provecho de las transformaciones que pueden ocurrir en la estructura sindical con la reforma laboral.
Desde el punto de vista del proletariado, mientras tanto, la situación defensiva del periodo anterior se mantiene, aunque la victoria de Lula y del PT coloque estratégicamente una nueva fase de las relaciones del proletariado con sus direcciones, generando posibilidades para un nuevo giro histórico del movimiento obrero. El sindicalismo democrático (“nuevo sindicalismo”), que se levantó primeramente como alternativa “combativa” a la tradicional burocracia pro patronal y pelega (carnera, charra) que predominó hasta mediados de los años ochenta, se fue desfigurando a lo largo de la década del noventa fruto de la contradicción interna irresoluble de la política que levantaba. Es decir, de la tentativa de agrupar al mismo tiempo el perfil “combativo” con la defensa irreconciliable de la democracia burguesa y de la conciliación de clases como medio supuesto para obtener las “conquistas” que la clase obrera y el conjunto del proletariado reivindicaban, pero que en definitiva llevó a la pérdida de conquistas históricas. En este cuadro es que debe ser comprendida la incapacidad de la CUT, repetimos, para evitar acciones como la huelga de los empleados estatales, a pesar de la política clara de oposición que Luiz Marinho, presidente de la entidad, tuvo en ese sentido. Esto significa que pueden abrirse crisis con rupturas a la izquierda en la CUT debido al aumento de las contradicciones que la Central vive al constituirse en brazo sindical del gobierno, en el marco del curso antipopular que éste último ha tenido hasta ahora.

Las aceleraciones de las tensiones expresadas en los primeros meses del gobierno pueden abrir mayores contradicciones para el régimen de dominio y una acentuación de la actual crisis

Decíamos en el número anterior de Estrategia Internacional que la elección de Lula representaba un fenómeno agudamente contradictorio para el régimen democrático burgués brasileño. Por un lado, la posibilidad de asimilación completa sin rupturas (considerando la llegada a la presidencia como fiel de la balanza de esta asimilación) mostraba una fortaleza relativa del régimen, sin embargo, al mismo tiempo, significaba una degradación de la democracia burguesa y un mayor debilitamiento, por los cambios subterráneos que implica y por la dinámica de crisis y rupturas que proyecta para el futuro.
Aunque aún no haya un cuestionamiento del régimen de conjunto por el proletariado y el movimiento de masas, hay una serie de debilidades estructurales del régimen de dominio que amenazan minar sus bases de sustento de manera subterránea a punto de debilitar la dominación burguesa frente a un posible ascenso de masas en el país en un futuro no muy lejano.
Los conflictos entre las instituciones del régimen se expresan en la contradicción entre la profundización del ajuste fiscal necesario a la credibilidad de los inversionistas internacionales y las funciones del Estado en sus diversas esferas, no sólo en lo que dice respecto a la “armonía de poderes”, sino también en lo que dice respecto a la mínima manutención de los servicios públicos y la intervención en la economía para garantizar la acumulación capitalista. Es eso lo que observamos en el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el cual la necesidad de sanear las finanzas de la Unión se choca con los intereses de la alta magistratura y los jueces. Es eso lo que observamos también en el conflicto con los Estados en lo dice respecto a la reforma tributaria, en la cual el mismo problema se choca con lobbies empresariales regionales. Al mismo tiempo es lo que observamos en los conflictos entre la Unión y los municipios, los cuales dependen de los fondos de la Unión para garantizar el funcionamiento más elemental de los servicios públicos. En ese sentido, hoy se expresan peleas entre el gobierno federal, gobernadores e intendentes, para ver quién cargará con los costos del ajuste fiscal. De la misma forma, con relación a la reforma tributaria se esboza un conflicto entre los estados más desarrollados como San Pablo y Minas Gerais y aquellos más atrasados como los del Norte y Noreste del país. Estas contradicciones no permiten descartar que sectores burgueses, presionados por la escasez de recursos públicos y por la disputa entre estados y municipios por el reparto de los impuestos, tomen medidas unilaterales como la moratoria de Itamar Franco en el `98, cuando era gobernador de Minas Gerais.
Lo que observamos en los conflictos en la Cámara de Diputados alrededor de las negociaciones para aprobar la reforma de la previsión social son menores frente a las que se desarrollarán con las otras reformas como la tributaria ya que abarcan disputas entre la base gubernamental y la oposición expresándose los más diversos intereses corporativos del país. El desarrollo de estos elementos puede venir a establecer una relación conflictiva entre el gobierno y el Congreso más de lo que se observó en el primer semestre de este año.
En lo que respecta a la elevación de lucha de clases al nivel de cuestionamiento de las instituciones de algunos sectores, esto se da como subproducto de la contradicción entre las enormes aspiraciones depositadas en el gobierno de Lula y el reducido margen de maniobra que éste posee para hacer mínimas concesiones, siendo Lula mismo el actor que deberá reprimir radicalizaciones por fuera de la legalidad. El gobierno viene declarando abiertamente su predisposición a la represión de trabajadores sin tierras que se ubiquen por fuera de la “ley”. Sin embargo, el hecho de que aún no haya reprimido violentamente la ola de ocupaciones de tierras y bloqueos de carreteras que vienen siendo realizadas en los últimos meses, ni la aplicación de la ley que prohíbe la desapropiación de tierras recién ocupada, muestra cierta “aprehensión” con relación a las consecuencias que esto puede traer consigo. Aprehensión de perder el control relativo que aún posee sobre las direcciones de este movimiento; aprehensión de las reacciones dentro del PT, que pueden fortalecer las alas más de izquierda del partido, y en importantes sectores de su base urbana, principalmente aquellos más ilustrados como intelectuales, profesores y estudiantes. Estos fenómenos muestran la contradicción entre las “energías liberadas” por la elección de Lula y la condición del PT de “garantizador” de la ley en última instancia.
En este marco lo que resulta especialmente destacable son las debilidades de los mecanismos de contención del gobierno, que se suponían serían más fuertes. Por mucho que estos aún no hayan sido probados en grandes embates del proletariado y por mucho que mantengan cierto prestigio preservado en amplio sectores del movimiento de masas, la CUT por ejemplo ya muestra una gran debilidad. De la misma manera como se expresa en cierta forma también con la dirección del MST, que mientras se reunía con el gobierno demostró que no tenía el absoluto control del movimiento pues en muchas regiones los campesinos desoyeron el pedido de que en ese momento no se ocuparan tierras.
Con relación a la disputa entre las fracciones burguesas, cabe preguntarse si estas divisiones pueden llevar incluso a alteraciones en el cuadro actual del régimen, con divisiones y reagrupaciones de sectores burgueses en un sistema de partidos que contemple de forma más directa las divisiones estratégicas de la burguesía nacional. Esto porque, en una perspectiva más estratégica, podemos decir que, al mismo tiempo que los sectores más concentrados de la burguesía brasileña procuran adaptarse a las tendencias más generales del capitalismo mundial, de concentración e internacionalización del capital, buscando ubicarse como socia menor del imperialismo y buscando un determinado espacio en la división internacional del trabajo, otros sectores importantes de la burguesía nacional procuran resistir, ser la parte de las fuerzas productivas que necesariamente tendrán que ser destruidas para garantizar la continuidad de la valorización del capital en una escala cada vez más monopólica. Desde el punto de vista de las transformaciones más estructurales del régimen de dominio aceleradas con la victoria de Lula, la tendencia a la constitución de un “partido del orden” puede transformarse en una posibilidad. Cuestión que se expresa en el discurso que comienza a ser dominante sobre el “caos social” en el país. Según esas voces, se hace “necesario poner un orden” frente a lo cual Lula “se muestra incapaz”. Esto se ha mostrado con los frecuentes comentarios de analistas políticos que afirman que sería “bueno para el régimen” que el PFL buscara ampliar sus bases para formar un “fuerte partido conservador” en el país, y lamentan que esto no haya ocurrido.

Perspectivas

Con los últimos meses trayendo a la luz una serie de hechos que expresan todos los límites de la estabilidad relativa del inicio del gobierno, el país vive una coyuntura transitoria que marca una nueva situación política, en la cual comienzan a desarrollarse elementos prerrevolucionarios. Los elementos que marcan esta coyuntura son el surgimiento de divisiones entre las fracciones de la burguesía con relación a la política económica seguida por el gobierno; el giro a la izquierda de sectores de la vanguardia, con elementos de ruptura con el gobierno en relación a las medidas antipopulares y pro imperialistas del mismo; y un recrudecimiento de la lucha en el campo por la nueva ola de ocupaciones sin tierras y frente a la cual la burguesía agraria responde violentamente, además de otros sectores sociales que salen a luchar.
Con relación a la crisis económica, las medidas de equilibrio del gobierno entre las demandas económicas externas y domésticas son cada vez más precarias y cada vez satisfacen menos a todas las partes. Al mismo tiempo, la política de despidos de la patronal, suscitada por la recesión industrial y la estagnación general de la economía, contribuye a empeorar el cuadro de la crisis social en los próximos meses. Todo esto está acumulándose en el gabinete y en las divisiones entre los ministros: un curso económico pro activo del Estado y la resistencia del ala más monetarista para mantener el número combinado de superávit fiscal, lo que liquida toda posibilidad de un intervensionismo estatal importante en la economía en el sentido de un curso volcado a la producción como reclaman los sectores desarrollistas. Aunque Lula intente aumentar el gasto estatal en el segundo semestre utilizando lo que consiguió acumular en el primero, más allá del margen de superávit primario acordado con el FMI, no le permitirá hacer concesiones capaces de enfrentar el agravamiento de las condiciones de vida de las masas sin chocar con la línea que hoy viene representando.
Después del fuerte apoyo inicial de sectores importantes de la burguesía imperialistas y de sus gobiernos al nuevo curso ortodoxo adoptado, las huelgas, la pulseada con el Poder Judicial y la votación final sobre las reformas en el Congreso van a determinar cuál es la verdadera fuerza política para sostener el curso derechista emprendido. Al mismo tiempo, la manera de cómo el gobierno vaya a conseguir o no controlar el conflicto en el campo, con la capacidad de disciplinar no sólo a sus direcciones, sino fundamentalmente a los millones de “sin tierras” que están saliendo a luchar, se está transformando en una gran prueba para la fortaleza de Lula como contenedor de las masas. Cuestión esta que también veremos en la manera de cómo enfrente la gran cantidad de conflictos urbanos, sea de los diversos sectores sociales, como la dinámica de un resurgir de huelgas, no sólo ya entre los empleados públicos, sino que también en los polos industriales del país. Para la burguesía de conjunto, es fundamental que el gobierno muestre firmeza y sea duro con los movimientos “sin tierras” y el conjunto de las luchas sociales. Del otro lado, la esperanza de las masas en el gobierno y su confianza en Lula amenazan ser gravemente heridas en caso de que el gobierno se vea obligado a reprimir para calmar a la burguesía e intentar disciplinar al movimiento de masas.
En el caso de que esos fenómenos se continúen desarrollando, la perspectiva a la que se apunta es la de una crisis y fuerte debilidad del gobierno que puede ser el preludio de un salto en la crisis económica y social. Todo este escenario podría ser alterado tal vez si Lula diera algún giro en dirección a su base original neodesarrollista, actuando como elemento paralizante de las tendencias actuales, pero nada, por lo menos hasta ahora, indica un giro de este tipo.
Si el gobierno mantiene su política, los próximos meses señalan un aumento de la inestabilidad política y social en todas las esferas, acelerando la experiencia de los trabajadores con el gobierno del PT. Frente al desenmascaramiento y crisis que la política de Lula ha generado en sectores de vanguardia y en la base del PT, los trabajadores brasileños precisan de un nuevo partido de la clase obrera. Desde los partidos de izquierda como el PSTU o de los legisladores de la izquierda petista se viene insistiendo en la necesidad de la formación de un “nuevo partido”. En ese sentido proponemos a toda la vanguardia obrera y popular y a las agrupaciones de izquierda hacer un balance de la experiencia del PT y de cómo el esfuerzo de millones de trabajadores fue usado por una camarilla de arribistas pequeñoburgueses y burócratas como base de maniobras para gobernar al servicio de los intereses de la burguesía. En esa ineludible discusión los revolucionarios propondremos que los trabajadores con sus organismos sean los sujetos de la discusión y elaboración de la política de ese nuevo partido y que no sea ésta una prerrogativa de los políticos profesionales, proponiendo a su vez un programa revolucionario para dar una salida progresiva a la crisis que corroe al país.
Los próximos meses, tendrán enormes consecuencias para determinar a dónde se encamina la situación general del gobierno y del país. De cualquier modo, las enormes contradicciones que han salido a la luz indican que la situación brasileña se está encaminando a un punto de ebullición que tendrá grandes repercusiones no sólo para Brasil sino también para toda América del Sur.

NOTAS

1 Periódico Estado de São Paulo, 29/06/03.
2 Revista on line Primeira Leitura, 29/06/03.
3 Folha de São Paulo, 8/08/03.
4 O Globo, 7/08/03.
5 Perteneciente a Democracia Socialista, corriente vinculada al mandelismo.
6 Miembro del Movimiento de Izquierda Socialista.
7 Dirigente de la Corriente Socialista de Trabajadores.
8 Periódico Folha de São Paulo, 29/07/03.